El Ilustre Colegio de Abogados de Lucena ha recibido hoy en su sede colegial al ex secretario y ex presidente nacional del Cuerpo de Secretarios Judiciales, Antonio Dorado Picón, actual vocal del máximo órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El decano de la institución colegial lucentina, Juan González Palma, destacó que es la primera vez que un miembro del CGPJ visita la sede del colegio. González Palma comentó que en estos momentos el Consejo General del Poder Judicial tiene pendiente la resolución de un tema muy importante para todos los andaluces, como es la renovación de la cúpula judicial de la comunidad, con el nombramiento del nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
En nombre de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Lucena, Juan González ha deseado a Antonio Dorado y a todo el CGPJ el mayor de los aciertos en la elección del magistrado que presidirá durante los próximos años el TSJA. El decano ha expresado su deseo de que quien sea designado presidente del Alto Tribunal andaluz sea una persona incómoda para los poderes, incluyendo al propio CGPJ, porque así su labor será más eficaz para los andaluces. El decano explicó en ese sentido que el nuevo presidente del TSJA actuará de forma más eficaz para Andalucía cuanto más molesto sea para los poderes. Si, dijo, resulta más cómodo para esos poderes y el CGPJ, resultará menos útil para los andaluces.
Además, Juan González Palma aprovechó la presencia del vocal del Consejo General del Poder Judicial para recordar que, con independencia de regímenes y colores políticos, hace cuatro décadas el partido judicial de Lucena contaba con cuatro juzgados, que luego quedaron reducidos a dos. En estos años, prosiguió Juan González, Lucena ha progresado en todos los aspectos menos en materia judicial donde, en 2001 y “no con poco esfuerzo” se consiguió recuperar el tercer juzgado. Para el decano, “sorprende que Lucena no haya avanzado en órganos judiciales” y que, al menos, no hubiera conservado los cuatro juzgados que llegó a tener en el pasado.
Al respecto, continúo Juan González, la respuesta de la Administración de Justicia ante la merma de juzgados en Lucena es que un juez no se hace en 6 meses, pero tampoco se puede tardar “cuarenta años”, comentó el decano, según el cual la Justicia debe acercarse a Lucena y dotarla de un juzgado de lo penal para evitar que los procesos de este tipo se tengan que juzgar fuera de nuestra ciudad.
Juan González elevó cordialmente otra queja al representante del CGPJ, y es que los jueces que prestan servicio en Lucena no tienen categoría de magistrados, por lo que están en nuestra ciudad “de paso” pues son jueces sustitutos, ajenos a la carrera judicial, y por tanto no son jueces constitucionales según el decano, y siempre están pendientes de lograr destinos mejores cuyos titulares sí gozan de la magistratura mientras que Lucena no deja de ser en sus trayectorias profesionales un “apeadero”
Por su parte, Antonio Dorado Picón felicitó al Colegio de Abogados de Lucena por su labor, y enfatizó que la abogacía es un elemento nuclear porque el ordenamiento constitucional le atribuye la defensa de los ciudadanos.
Dorado Picón indicó que la tasa de entrada de asuntos en los juzgados de lo civil de Lucena es del 200%, el doble de lo establecido, mientras que los asuntos de corte penal suponen una tasa del 100% sobre los parámetros oficiales, si bien la pendencia de los asuntos en su conjunto, es decir, el volumen de asuntos pendientes de resolución en las tres sedes judiciales lucentinas es inferior a la media andaluza y española y similar a la media de la provincia de Córdoba, fruto esto tanto del buen trabajo que realiza el personal de Justicia en Lucena como de la buena relación existente entre todos los sectores relacionados con la impartición de Justicia en Lucena, tales como jueces, funcionarios y abogados.
Respondiendo al decano, Antonio Dorado Picón no descartó que Lucena necesite más juzgados, al menos uno más, el cuarto que perdió y tuvo antaño, si bien el vocal señaló que el CGPJ trabaja en una nueva organización territorial de la Administración de Justicia que se adapte a los tiempos presentes y supere tanto la distribución en partidos judiciales todavía vigente y que data de la España rural del siglo XIX como a la Ley de Demarcación y Planta de 1988 que en su opinión también ha quedado desfasada.
Esto significaría que, para que los lucentinos contasen con más juzgados y jueces a su servicio, no haría falta que esos juzgados y jueces estuviesen ubicados físicamente en Lucena. Además, el Consejo baraja la posibilidad de anular el traslado forzoso a otro destino que se aplica a quienes logran un ascenso, dándoles opción a los jueces ascendidos a quedarse en el juzgado donde se encuentran sin obligarlos a trasladarse a otra ciudad.
Por otra parte, Antonio Dorado espera que el CGPJ acierte en el nombramiento de la persona más adecuada para presidir el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, del que depende 850 jueces, y con la sala de gobierno con más asuntos e integrantes de toda España. Dorado tranquilizó al decano asegurando que los jueces sustitutos que actúan en Lucena son plenamente constitucionales, y añadió que el CGPJ baraja la posibilidad de crear jueces de adscripción territorial para cubrir suplencias en los juzgados. El decano, a su vez, preguntó al vocal si no es “altamente arriesgado” la creación de esos jueces de adscripción territorial encargados de las sustituciones, puesto que, aunque sí pertenezcan a la carrera judicial y no sean ajenos a ella como los actuales jueces sustitutos, suponen un “riesgo de digitalización” porque serían nombrados a dedo por el presidente del TSJA, siendo sus nombramientos de libre designación, a lo que el vocal Antonio Dorado respondió que el destino de los jueces de adscripción territorial será el Tribunal Superior de cada comunidad aunque no tendrán asignado un juzgado concreto puesto que su misión consistirá en cubrir las bajas y plazas vacantes que se produzcan en los juzgados de su comunidad autónoma.
Finalmente, Antonio Dorado, quien también firmó en el Libro de Oro de Visitas del colegio lucentino, aseguró que en el ordenamiento constitucional de 1978 no ha lugar a la creación de consejos autonómicos del poder judicial, como contemplan algunos estatutos de autonomía reformados o en proceso de reforma en los últimos años.
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