Lucena Digital.

La situación de los Poleares y los problemas de encauzamiento del arroyo de Doña Elvira a su paso por esta zona, habitualmente castigada por los desbordamientos de su cauce cuando se producen tormentas, salieron a relucir en el pleno municipal celebrado el 29 junio, cuando el Partido Popular preguntó por el estado de la cuestión al equipo de gobierno y pidió soluciones antes de que en el próximo tiempo de tormentas pudiera producirse alguna desgracia y de la que además alguien pudiera derivar responsabilidades al Ayuntamiento de Lucena.

También intervino, una vez finalizada la sesión plenaria, una representante vecinal de Los Poleares, Sonia Cruz, quien reivindicó medidas para evitar los daños que las avenidas de agua provocan en el lugar. En ese pleno, el alcalde Bergillos calificó de absoluta gravedad las manifestaciones del portavoz popular Manuel Gutiérrez respecto a Los Poleares y a la posible responsabilidad que pudiera atribuirse al Consistorio de ocurrir alguna desgracia.

A raíz de estas intervenciones, según ha informado hoy el Partido Popular, el concejal de Urbanismo, Francisco Algar, promulgó el 1 de julio un decreto de la Gerencia de Urbanismo, en cuyo texto, según el PP, el gobierno municipal socialista hace dejación de sus responsabilidades y se hace hincapié en que se ordenan unas actuaciones en base a las peticiones del PP en el pleno y de, según se cita en el decreto, de Sonia Cruz “que se autopresenta” como presidenta de la Asociación de Vecinos de Los Poleares, según consta en el decreto.

¿Y qué medidas establece ese decreto de 1 julio, solicitadas exclusivamente por los populares y la representante vecinal según dicho decreto de la Gerencia? Según ha informado el PP, se ordena una inspección de la zona y se pone en conocimiento de la Agencia Andaluza del Agua el estado del arroyo pidiéndole que lo limpie. El citado decreto de la Gerencia deriva también a su vez en otros dos decretos, firmados por el alcalde Bergillos, que el viernes 2 de julio se intentaron repartir a los vecinos de Los Poleares y que éstos se negaron a recepcionar. Los decretos de Bergillos se limitan a reiterar una orden del 7 de abril de 2009, mediante la cual se ordenaba clausurar varias viviendas de Los Poleares mandando a la Policía Local y a Serviman que balizaran las pasarelas de acceso a dichos inmuebles, un total de 14, alegando que esas pasarelas eran inseguras y suponían un riesgo inminente y prohibiendo la entrada de vehículos y personas a las parcelas.

Pero se da la circunstancia, según denuncia el PP, de que esas pasarelas inseguras según la orden de 2009 hasta el punto de decretar la clausura de las viviendas en abril del año pasado no sólo se han mantenido hasta la fecha, sino que fue el propio Ayuntamiento de Lucena quien las colocó tras la tormenta de mayo de 2007, sustituyendo a los puentes que permitían entrar a las parcelas por decisión municipal. Manuel Gutiérrez indicó esta mañana que “nadie sabe” por qué se ordenó sustituir los puentes por las pasarelas y cómo resulta que, al menos desde 2009, la propia Gerencia sabe por un informe que son inseguras y no se ha hecho nada al respecto hasta que el equipo de gobierno se ve obligado a “ponerse las pilas” tras el último pleno y además procede a pedir “ahora” a la Agencia Andaluza de Aguas que limpie el cauce, señaló el portavoz popular.

Gutiérrez considera que los socialistas pretenden enfrentar a los vecinos de Los Poleares con el PP cuando en los mencionados decretos se dice que las medidas decretadas como la clausura de viviendas se adoptan a petición de los populares y de la presidenta del colectivo vecinal, y que con esta clausura, lo que Bergillos y el PSOE intentan es amedrentar a los vecinos por haber hablado con el PP sobre la situación de Los Poleares, como advertencia para que no vuelvan a acudir al Partido Popular en busca de apoyo para solventar su problema. Manuel Gutiérrez considera que ya en el pleno de junio, cuando el alcalde calificó de “absoluta gravedad” las manifestaciones del PP sobre Los Poleares como antes se ha reseñado, el alcalde quiso amedrentar a los populares por ejercer su función opositora, aunque pese a ello  “no nos va a amedrentar ni el alcalde ni nadie”, ni aunque se amenace con llevar al PP al juzgado, aseveró Gutiérrez.

Los populares han desvelado además otro dato llamativo, la existencia de otro informe técnico, del 22 de junio de 2010, sobre las pasarelas de Los Poleares, donde se detalla que las pasarelas que suponen un riesgo son 4 ó 5, pero no las 14 que, diez días después, Bergillos ordena balizar para impedir el acceso a otras tantas viviendas. Esto prueba la negligencia e irresponsabilidad del gobierno local socialista, “así no se gobierna”, señaló Manuel Gutiérrez, quien anunció que su grupo está estudiando jurídicamente los mencionados decretos para, en su caso, trasladar la actuación de la Gerencia a la Justicia por dejación de funciones y presunta prevaricación.

El PP ha mostrado su solidaridad con los vecinos y su respeto a la ley y considera que Los Poleares es un núcleo ya consolidado al que se pueden aplicar las fórmulas y mecanismo legales establecidos para legalizarlo, no que sufre una dejación de servicios por parte del Ayuntamiento aunque paga religiosamente sus tributos. Sólo hace falta, según el presidente local del PP, voluntad política para abordar la legalización de la zona según marque la legislación. Pero hasta el momento, según el PP, el equipo de gobierno sólo ha dejado patente su desinterés por este conjunto de vecinos lucentinos haciendo evidente una vez más que los socialistas no quieren a Lucena y que Bergillos es “como dijo un compañero de Corporación, el peor alcalde que ha tenido Lucena”, comentó Manuel Gutiérrez.

Por su parte, el edil popular José María Morillo-Velarde, apuntó que el gobierno municipal del PSOE pretende, con los decretos de balizamiento de las pasarelas, “marear la perdiz”, y no enfrentarse al problema de fondo, el encauzamiento del arroyo. En este sentido, el concejal del PP hizo referencia a otro informe técnico más, en esta ocasión de 2008, donde se pedía una intervención urgente para solucionar los problemas de encauzamiento del arroyo Doña Elvira y su progresiva erosión, para el que ya existe por otro lado un proyecto de encauzamiento guardado en los cajones.

Con independencia de que las competencias sobre el arroyo sean de la Agencia Andaluza del Agua, Morillo-Velarde ha defendido esta mañana la opción de que el Ayuntamiento pueda intervenir en el cauce, citando cinco ejemplos, ya ejecutados o en curso, de intervención municipal en las cuencas de Lucena, con cargo a los fondos estatales FEIL y FEESL.

Así, prosiguió Morillo-Velarde, se ha actuado en la cuenca del Maquedano en las obras de la Ronda Sur, en la zona de Los Santos en las obras del FEESL, en el encauzamiento de una escollera en el arroyo Agua Nevada y, según está previsto que apruebe el consejo de la Gerencia de Urbanismo mañana jueves, se intervendrá igualmente en el arroyo Yesares y en el arroyo Gil Sánchez, en la zona de Cristo Marroquí. Por tanto, para Morillo-Velarde, todo es una cuestión de prioridades y voluntad política, y con cargo a estos fondos estatales, también podría haberse abordado el encauzamiento del arroyo Doña Elvira, presupuestado en el proyecto antes aludido en torno a un millón de euros.

Morillo-Velarde descarta la demolición de viviendas, muchas de ellas de primera residencia, en Los Poleares, pues a su juicio, con todas las complicaciones que pueda haber, esta zona puede ser legalizada mediante un plan parcial y tramitarse como cualquier otro expediente urbanístico. El concejal popular opina que el PSOE ha tomado represalias contra los vecinos decretando el balizamiento de sus pasarelas, más de las que técnicamente están catalogadas como peligrosas, por haber reivindicado soluciones y por haberse dirigido al PP. Morillo-Velarde estima que el mensaje que quiere lanzar a los vecinos el PSOE es que el PP tiene la culpa de la clausura de las viviendas y que “no os acerquéis, no habléis con el PP porque estas son las consecuencias”.

Según José María Morillo-Velarde, el decreto de julio de este año ordenando el balizamiento que ya se decretó en abril de 2009 arroja muchas dudas. Así, si se ordenó la clausura el año pasado, ¿por qué no se llevó a cabo?, se pregunta el edil. Quizá, señaló Morillo-Velarde, porque “el alcalde no se cree” el decreto y trata de “meter miedo en el cuerpo de los vecinos”. Y si, en cambio, el alcalde Bergillos sí se cree el decreto, ha mostrado una actitud temeraria no cumpliendo lo que él mismo ordenó en abril de 2009.

Morillo-Velarde repasó algunos aspectos del informe del 22 de junio de 2010, donde se habla de 4 ó 5 pasarelas peligrosas, y no de 14. En ese informe se dice que las obras FEIL de la nueva carretera de Los Poleares han construido un sistema de drenaje de aguas pluviales que desemboca en el arroyo Doña Elvira, pero que para ello se ha instalado un tubo de hormigón sin la debida protección para las márgenes del arroyo, que por tanto sufrirán erosión, según el informe.

Morillo-Velarde añadió que en el decreto de Gerencia del 1 de julio firmado por Algar se desconoce el informe del 22 de junio porque se ordena inspeccionar las pasarelas ya inspeccionadas en ese informe fechado nueve días antes.

Y hablando de peligros o de situaciones de riesgo, Morillo-Velarde recordó que su partido lleva mucho tiempo reclamando la retirada del poste de Endesa en los terrenos del futuro campo de fútbol, porque además de un obstáculo urbanístico según los informes técnicos, supone un peligro para los trabajadores de las obras del estadio, y asimismo, recordó también la petición de su grupo para que se elabore un plan integral contra las inundaciones en Lucena y se reclame a la Junta que asuma la parte que le corresponde en la resolución del problema.

Finalmente, Manuel Gutiérrez anunció que exigirá al alcalde Bergillos que explique todas las gestiones documentales “no por teléfono” que ha hecho con la Junta para solucionar el problema de las inundaciones en Lucena, y aseguró que la ayuda y la asistencia jurídica que precisen los vecinos de Los Poleares deben prestársela los servicios jurídicos municipales y que, de no hacerse así, los vecinos contarán con el apoyo del PP.

 

 

 

 

 

 

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