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La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que ordena la disolución de la empresa mixta Aguas de Lucena por la ilegalidad de su procedimiento de constitución, o mejor dicho, el incumplimiento de la misma por parte del gobierno municipal, fue objeto de polémica en la sesión plenaria de julio.

Abrió el fuego el portavoz municipal de IU, Juan Guerrero, recordando que la sentencia daba un plazo de dos meses para disolver la empresa mixta constituida sin convocatoria abierta a las compañías interesadas sino mediante un procedimiento cerrado -declarado ilegal por el Alto Tribunal andaluz- entre el Ayuntamiento de Lucena y la firma Aquagest, plazo que expiró el pasado 14 de julio.

Hizo también referencia Guerrero al “contundente” informe del secretario de la Corporación municipal que indicaba igualmente que la empresa debía disolverse sin perjuicio de la prestación del servicio en la fecha del 14 de julio.

Juan Guerrero recordó que en una reunión el 23 de junio del consejo de administración de Aguas de Lucena se acordó, antes de tomar cualquier decisión, pedir un informe jurídico, que ya se elaboró por parte del secretario, y otro económico que no se ha entregado todavía.

Por su parte, el primer edil José Luis Bergillos respondió que hay que disolver y que un estudio determinará los costes económicos que supondrá que se disuelva ahora la empresa mixta o en 2013, que es hasta cuando estaba fijada su continuidad cuando se fundó. Bergillos anunció que podría contratarse a un experto en liquidaciones de sociedades.

Guerrero replicó que lo que se acordó el 23 de junio fue pedir dos informes, el jurídico y el económico, no esperar a 2013 para decidir si se disuelve o no la empresa mixta. Bergillos comentó seguidamente que se había expresado mal si Guerrero entendió que el alcalde pretendía esperar tres años para disolver la sociedad con Aquagest, y que si se disuelve ahora, la gestión quedará en manos privadas, las de Aquagest, hasta 2013.

Por su parte, el portavoz del PP Manuel Gutiérrez acusó a Bergillos de haber encargado otro informe jurídico externo al Ayuntamiento con la intención de interpretar de otra manera la sentencia del TSJA y no disolver Aguas de Lucena.
Según Gutiérrez, dicho informe encargado a un jurista no perteneciente al Ayuntamiento está a su vez condicionado por un informe económico sobre el coste de la disolución. Gutiérrez criticó duramente la maniobra de Bergillos, pues teniendo un informe “contundente” del secretario de la Corporación que instaba a la disolución de Aguas de Lucena en la fecha tope del pasado 14 de julio, Bergillos resta importancia a ese informe encargando otro externo.

El alcalde Bergillos contestó que fue el técnico jurídico externo el que ha pedido un informe económico para elaborar su texto, y que sin Aguas de Lucena el Ayuntamiento no puede acometer determinadas inversiones por carecer de capacidad de endeudamiento.

Bergillos admitió que “yo me estoy arriesgando” al dilatar el cumplimiento de la sentencia, y lo dilata “en el sentido que beneficie a Lucena”. Si se disuelve la empresa mixta habrá que resarcir económicamente a Aquagest, el socio privado de la misma, concluyó el alcalde.

 

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