El pleno de la Corporación municipal aprobó el martes modificar los estatutos de la empresa mixta Aguas de Lucena, cuyo accionista mayoritario es el Ayuntamiento (51%) en sociedad con la firma Aquagest (49%).
La primera modificación fija el 2 de noviembre de 2013 como fecha para la disolución de la empresa mixta, para dar así cumplimiento a la sentencia de 2010 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que ordenó la disolución de Aguas de Lucena al estimar el Alto tribunal andaluz que fue constituida ilegalmente vulnerando los principios de publicidad y libre concurrencia.
Dicha sentencia fue dictada en recurso de apelación interpuesto por la empresa Agua y Gestión de Servicios (competidora de Aquagest), que recurrió ante la Justicia la creación de la sociedad mixta al igual que el grupo municipal de Izquierda Unida, que también acudió a los tribunales al considerar ilegal la forma en que se constituyó Aguas de Lucena.
En principio, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Córdoba desestimó el recurso presentado por IU y Agua y Gestión de Servicios contra dos acuerdos plenarios de 2006 (del 31 de enero y del 31 de diciembre) que aprobaron la creación de Aguas de Lucena, pero Aguas y Gestión de Servicios ganó la apelación ante el TSJA cuya sentencia dictamina que la empresa mixta Aguas de Lucena debe disolverse.
La segunda modificación estatutaria determina que si los beneficios que Aguas de Lucena tenga en el momento de su disolución no fuesen suficientes para dotar al fondo de reversión previsto para indemnizar al socio privado Aquagest, deberá ser el Ayuntamiento el que aporte la cantidad necesaria para completar dicha indemnización.
La decisión de disolver Aguas de Lucena en 2013 la tomó el Partido Socialista en el pleno del 25 de enero de 2011, en el que PP e IU criticaron al entonces alcalde Bergillos por haber creado la empresa mixta de forma ilegal.