La polémica orden dada por el gobierno municipal a la Policía Local de identificar a las personas que soliciten un taxi en horario nocturno fue objeto de debate en la sesión plenaria celebrada el martes por la Corporación municipal lucentina.
La edil popular María del Carmen Cabezas preguntó a la concejala de Seguridad Ciudadana, María del Mar Morales, si había consultado con los servicios jurídicos del Consistorio la legalidad de la orden, que podría vulnerar según el PP la Ley de Protección Ciudadana y la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, lo que a juicio del PP sería una “barbaridad”.
Cabezas preguntó además si está dentro de la ley que la Policía Local tenga un archivo de personas que han demandado un servicio de taxi y que actúe como centralita de una actividad privada, porque si puede hacerlo también podría ejercer como tal de otros negocios como una pizzería, según ejemplificó la concejal del PP.
Para Morales, “la barbaridad” es una “colaboración” de la Policía Local que viene desarrollándose desde hace años, pues es el cuerpo policial el que elabora el cuadrante de guardias nocturnas del taxi y las llamadas nocturnas se canalizan por medio de la Policía, sólo que a estas prácticas ya habituales se trata de darle ahora forma.
La edil de Seguridad Ciudadana justificó la intervención de la Policía Local identificando a los clientes nocturnos porque los taxistas “se han visto en situaciones inquietantes” en algunos momentos, y que las llamadas al taxi de noche apenas son unas 10 ó 15 al año.
Respecto a la empresa que denunció no poder continuar su actividad de transporte de clientes en los propios coches de estos al exigirle el Consistorio un local para concederle licencia de actividad, Morales indicó que esa exigencia viene marcada por la Gerencia de Urbanismo tras una denuncia que el gremio taxista presentó ante la Policía Local contra dicha empresa.
