Agentes de la Policía Nacional han desmantelado una red internacional de defraudación de televisión digital que ofrecía acceso a todas las plataformas de Europa. Mediante “cardsharing” redistribuían la señal, obtenida de una única tarjeta de acceso de abonado legítima, a locales comerciales, comunidades de vecinos o particulares.
Contaban con 57 servidores interconectados entres sí en diversos países de la UE, de los que 25 se ubicaban en España, en Córdoba, Jaén, Sevilla, Cádiz, Almería, Barcelona, Alicante, Murcia, Gran Canaria, Guipúzcoa, Mallorca, Madrid y Orense. Cada uno de estos servidores podía enviar las imágenes a más de 150 usuarios por 15 euros al mes. En nuestro país han sido detenidas 27 personas e imputadas otras 77, aunque la investigación en el extranjero continúa a través de Europol. Se trata de una investigación pionera de la Policía Nacional contra la última y más moderna modalidad de “pirateo” de la TV de pago a través de Internet.
En relación a la provincia de Córdoba se han imputado a dos personas en Priego de Córdoba, una en Santa Cruz y otra en Lucena.
Las pesquisas se iniciaron en el mes de julio de 2009 sobre un servidor de señal ilícita de televisión. Detrás del mismo se encontraba una red con estructura internacional cuya gestión se efectuaba mediante instrucciones impartidas a través de conversaciones de chat. A su vez, la comunicación con los usuarios se realizaba a través de foros (páginas web en las que se escriben mensajes) privados a los cuales se accedía con clave y contraseña y en los que anunciaba la parrilla de programación que sería emitida o se facilitaban manuales para solventar los problemas técnicos de los usuarios.
¿Qué es el cardsharing?
Esta expresión inglesa alude a la distribución a través de Internet de señales de televisión de pago sin la autorización de su titular, a cambio de cuotas económicas mensuales que cobran a cada uno de los usuarios suscritos. En concreto, los integrantes de esta red disponían de 57 servidores, tanto nacionales como extranjeros, interconectados entre sí. De esta manera, cada servidor aportaba a la red la señal de televisión digital de la plataforma a la que estuviera abonado (tanto nacional como extranjera) con el objeto de hacer una explotación global e incrementar sus beneficios económicos. Posteriormente, desde cada servidor se distribuía su señal y la del resto de los otros 56 a una red de usuarios que era gestionada de forma individual.
Así, por un lado se encontraban los servers, personas que accedían de forma lícita a la señal, como abonados de las diferentes plataformas, que después redistribuían de manera ilegal y sin ningún tipo de autorización de los titulares. A cambio de este servicio cobraban 15 euros mensuales a cada usuario. Por otro lado, dichos usuarios accedían a la red ilícita de forma privada y restringida, gracias a referencias de abonados anteriores u otras personas que formaran parte de la red. Para visualizar el contenido de las televisiones de pago los usuarios no necesitaban estar suscritos a ninguna señal legal, ni siquiera disponer del descodificador proporcionado por estas compañías, únicamente requerían el uso de una antena parabólica, una conexión a Internet y el descodificador “pirata”.
A través de estas conexiones los servers transferían los archivos que permitían descodificar el contenido de pago codificado que se capta a través de la parabólica, supliendo así las tarjetas de abonado legales. El descodificador era configurado de forma remota por los servers, que controlaban de esta forma el número de clientes y la programación a la que accedían.
Los agentes lograron identificar al administrador de uno de estos servidores, la ubicación de su infraestructura y los beneficios económicos que percibía. Además, analizaron los descodificadores utilizados para acceder a la red de cardsharing y diversos datos técnicos que permitieron identificar el nombre de otros servidores, sus lugares de instalación y las líneas de conexión a Internet desde las cuales se redistribuía la señal de descodificación.
Macrooperativo final
La BIT, Brigada de Investigación Tecnológica, desarrolló la investigación y coordinó el operativo final para detener a los responsables de los delitos contra la propiedad intelectual y de defraudación de las telecomunicaciones. En el macrooperativo desplegado, agentes de 32 plantillas policiales arrestaron a un total de 27 personas, aunque otras 77 están imputadas, e intervinieron 62 descodificadores, 10 ordenadores, 15 discos duros, 4 pendrives, 3 routers, 34 tarjetas y 5 lectores.
En relación a Córdoba se han imputado a dos personas en Priego de Córdoba, una en Santa Cruz y otra en Lucena.
