El caso de las presuntas irregularidades en el proceso selectivo para la adjudicación de una plaza de técnico municipal de Turismo del Ayuntamiento de Lucena ha cobrado una nueva dimensión al considerar la jueza encargada de las diligencias previas que existen “indicios suficientes” de que las dos imputadas en el mismo (la directora general de Formación para el Empleo de la Junta y exconcejal de Turismo de Lucena, María José Lara, y la opositora Emilia Gálvez quien, según denuncias de otros candidatos al concurso oposición, recibió vía telefónica supuestamente de parte de Lara las respuestas a un examen obteniendo finalmente la plaza) pudieron incurrir en delito.
Según publica hoy martes el diario El Mundo en su edición andaluza, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Lucena ha ordenado el traslado a la Fiscalía de las diligencias previas por el caso de presunto enchufismo en el que está imputada la directora general de Formación para el Empleo de la Junta de Andalucía, María José Lara González, que anteriormente, hasta mayo de 2008, fue concejala de Turismo del Ayuntamiento de Lucena.
El Mundo informa de que la juez, tras escuchar a todas las partes personadas y a los testigos, y una vez practicadas el resto de diligencias, ha remitido el asunto al Ministerio Fiscal al concluir que existen “indicios suficientes” para entender que tanto María José Lara como la trabajadora a la que presuntamente enchufó dándole por teléfono las respuestas del examen –Emilia Gálvez- “pudieron incurrir en sendos delitos”.
Según publicó El Mundo ayer lunes, cuando se hizo eco de este procedimiento judicial por primera vez, en el caso de Lara podría tratarse de un delito contemplado en el artículo 417 del Código Penal, que establece que “la autoridad……que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados, incurrirá en la pena de multa de doce a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años” y que “si de la revelación resultara grave daño para la causa pública o para tercero, la pena sería de prisión de uno a tres años, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a cinco años”.
Los hechos objeto de las diligencias ocurrieron presuntamente el martes 2 de octubre de 2007, fecha en la que tuvo lugar el examen del concurso oposición para una plaza de técnico municipal de Turismo del Ayuntamiento de Lucena. Entonces, cuatro de los opositores denunciaron que otra opositora, Emilia Gálvez Muñoz, escondida en los servicios del Ayuntamiento, estaba recibiendo mediante su teléfono móvil las respuestas al cuestionario test del examen que estaba a punto de comenzar. Esto habría ocurrido una vez que el tribunal calificador presidido por la entonces concejala delegada de Personal Araceli Cubero - del que entre cuyos integrantes estaba Lara como concejala de Turismo- tras llevar varias horas reunido, ya había preparado las preguntas y se había avisado a los opositores para comenzar la prueba. Esta supuesta comunicación telefónica de la opositora denunciada por sus compañeros se produjo pocos minutos después de las doce del mediodía, según dichos denunciantes.
El alcalde José Luis Bergillos decidió días despúes trasladar estas denuncias al juzgado, iniciándose un proceso de diligencias previas en el que el grupo municipal del PP se personó como parte interesada, lo que motivó que el pasado 20 de noviembre de 2008, cuando María José Lara prestó declaración, atribuyese todo lo ocurrido a una maniobra de los populares (Más información pulsando aquí).
Precisamente, hoy martes el PSOE lucentino ha dado su opinión sobre este asunto, en una rueda de prensa convocada el lunes y en la que estaba prevista la participación del regidor y secretario local de la agrupación socialista, José Luis Bergillos; del vicesecretario de comunicación y delegado provincial de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta, Juan Torres; y de la propia María José Lara, que es secretaria de Organización de los socialistas de Lucena. Sin embargo, Lara no ha acudido a la cita con los medios de comunicación.
El motivo de la convocatoria era dar a conocer el teléfono y el correo electrónico con el que el Partido Socialista quiere estar más en contacto con las demandas y necesidades de los ciudadanos de Lucena (957 503715 y
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).
Preguntado sobre el caso Turismo, un comedido alcalde Bergillos contestó que “yo fui el que puso en conocimiento del juzgado” los hechos denunciados por cuatro opositores, y que “estamos esperando a ver lo que dictamina la Justicia”, con la que hay que ser “totalmente respetuosos”, dado que “hay que respetarla en todos los ámbitos y órdenes, ver la llamada de teléfono, ver quiénes se comunicaron y qué es lo que dijeron”. El primer edil señaló también que “en todo lo que se ha dicho no hay nada nuevo que no conozcamos”. José Luis Bergillos rechaza el uso que, a su juicio, está realizando el Partido Popular de este caso, y agregó que “hay que tener ética y moral en todos los casos y todas las personas”.
Por su parte, Juan Torres optó por cargar contra el mensajero y descalificó al diario El Mundo, a sus informaciones y a esta noticia en particular empleando para ello un chiste sobre Juan Pablo II y Felipe González. Para Torres, con la información sobre las presuntas irregularidades en el concurso oposición para la plaza de técnico municipal de Turismo en el Ayuntamiento de Lucena “queda demostrada su intencionalidad” –de El Mundo- ya que “vierte expresiones y calificativos fuera de la realidad”.
Torres indicó además que los abogados defensores de Lara y Gálvez han presentado sendos recursos contra el auto de imputación elaborado por la jueza, que aún están pendientes de resolución y a los que, según detalló Bergillos, el Ayuntamiento de Lucena se ha adherido a través de su representante legal
