La Unión Sindical Obrera (USO) ha expresado su postura ante el propósito del cogobierno, anunciado por el primer teniente de alcalde Miguel Villa, de denunciar el Acuerdo Marco que rige en el Ayuntamiento de Lucena, y que es la siguiente:
"El pasado martes día 18 de octubre en el diario Córdoba se anunciaba por parte de Miguel Villa, la intención del cogobierno de denunciar el vigente Acuerdo Marco.
Sobre las verdaderas pretensiones de la denuncia adelantaba: "cuando se abre un melón son muchas las cuestiones que se ponen sobre la mesa". Traducidas estas palabras al lenguaje sindical sabemos que se refiere a: limitar la actividad sindical (reduciendo el número y horas de los delegados sindicales), así como a reducir o suprimir todas las cuestiones sociales recogidas en el mismo.
En una coyuntura económica desfavorable, somos conscientes y solidarios con la realidad actual, aunque sin olvidar que los empleados públicos nunca nos hemos beneficiado un ápice de las etapas de bonanza económica.
Siempre hemos ido perdiendo poder adquisitivo, incluso cuando la cosa iba bien para el resto. A nosotros se nos subía muy por debajo del IPC o se nos congelaba el sueldo. Ahora que va mal se nos reduce, y las condiciones sociolaborales caen por debajo de las que teníamos el siglo pasado (fecha de la que data nuestro Acuerdo Marco).
A pesar de todo lo dicho, estaríamos dispuestos a asumir nuevos sacrificios siempre que los mismos sean compartidos por la clase política. Desde el pasado mes de junio (fecha en la que se constituyó la nueva Corporación) el cogobierno municipal ha hecho todo lo contrario de lo que debiera, dando un claro ejemplo de la línea roja que pretenden seguir para reducir el déficit: “Lo tuyo mío, y lo mío mío”
La negociación debe incluir el sacrificio de TODAS LAS PARTES y en él deben de revisarse los siguientes acuerdos:
1º. Revisión del acuerdo plenario de 20 de junio de 2011 por el que se fijaron las retribuciones del Alcalde, Primer, Segundo y Tercer Teniente de Alcalde por encima del TOPE MÁXIMO establecido por la FAMP en su acuerdo de 18 de junio de 2010.
2º. Revisión del acuerdo plenario de 20 junio de 2011 mediante el cual se incrementaron las indemnizaciones por asistencia a las sesiones de la Comisión Informativa de Obras y Servicios, y Bienestar Social en un 252%, situándola en 353 euros por sesión y concejal.
3º. Supresión de la dotación económica que en cuantía de 33.037,20€ reciben de las arcas municipales los Partidos Políticos con representación municipal, máxime cuando las instalaciones, material y gastos de mantenimiento donde éstos desarrollan su actividad son íntegramente sufragados por el Ayuntamiento. El artículo por el que justifican dicha apropiación es el 73.3 de la Ley 7/1985 que liberalmente dice: “El Pleno de la corporación, con cargo a los Presupuestos anuales de la misma, podrá asignar a los grupos políticos una dotación económica que deberá contar con un componente fijo, idéntico para todos los grupos y otro variable, en función del número de miembros de cada uno de ellos,” En consecuencia, la ética, el sentido común y la actual coyuntura económica debieran ser suficientes para justificar la improcedencia en estos momentos de dicha asignación.
4º. Supresión de los asesores designados por los grupos políticos que en su cómputo global (sin tener en cuenta la seguridad social a cargo de la empresa) cuestan a las arcas municipales 103.749,80€ cada año. Máxime contando nuestro Ayuntamiento en plantilla con asesores de primera (palabras de Miguel Villa).
5º. Reducción del número de liberados y asignación de la retribución en función de lo que venían percibiendo en su anterior trabajo.
6º. Eliminación de gastos suntuarios. No es de recibo en estas circunstancias la compra de doce bolígrafos de plata por importe de 1.200€ (por mucha alergia al plástico que se tenga).
Empezamos con un símil, terminamos con otro: “los concejales son como un melón, hasta que no gobiernan no sabes si te han salido pepino”.
USO Lucena
