El concejal de Izquierda Unida, Miguel Villa, ha informado a los medios de comunicación de los últimos acuerdos y circunstancias del consejo de la EPEL celebrado el pasado día 15 de junio, al considerar que el gobierno municipal socialista ha incumplido el compromiso alcanzado por todos los grupos políticos de hacer público ante la ciudadanía los contenidos de ese consejo.
¿Y qué asuntos se trataron en el consejo de administración de la EPEL silenciado por el PSOE a juicio de IU? En primer lugar, las vueltas que da la vida, que la empresa Dragados reclama a la EPEL una indemnización de más de 25.000 euros por el retraso en el pago de las facturas que la EPEL tenía que abonar a Dragados por la construcción de los aparcamientos de la Plaza Nueva. Y esto cuando, pese a que ante los reiterados retrasos que a su vez tuvo Dragados en la entrega de las obras, el Ayuntamiento de Lucena, por decisión del Partido Socialista, no quiso multar a Dragados, perdonándole unos 90.000 euros según IU, aunque los informes de los técnicos municipales señalaron que la culpa de la tardanza en la culminación y entrega de las obras era de Dragados, y no de nadie o de nada más.
En aquel entonces, recuerda el edil Miguel Villa, Izquierda Unida propuso sancionar a Dragados por dichos retrasos, y el Partido Socialista se opuso alegando que esto podría provocar una paralización de las obras. Un año después de la entrega y puesta en funcionamiento del parking, es Dragados la que reclama, por un lado, más de 11.000 euros, correspondientes al pago de la certificación de obras de la primera fase de los aparcamientos, y por otro lado, exige otros más de 15.000 como intereses de demora en el pago por parte de la EPEL de la certificación de obras de la tercera fase del parking.
¿Por qué la EPEL se retrasó en esos pagos que debía abonar a Dragados y por los cuales la empresa le reclama la mencionada indemnización que sobrepasa los 25.000 euros? Según IU, un informe de tesorería de la EPEL explica el motivo del retraso, que es el enorme déficit de tesorería que arrastra esta entidad perteneciente al Ayuntamiento de Lucena. Dicho informe, a su vez, determina que son tres los factores causantes del abultado déficit de la EPEL:
1) Fracaso en la concesión demanial de 200 plazas de parking, a razón de 20.000 euros la plaza, y de las que sólo se logró concesionar unas 6.
2) El propio retraso en la terminación y entrega de las obras culpa de Dragados según los técnicos municipales, y por el que ahora paradójicamente Dragados pide cuentas en forma de indemnización.
3) El incremento imprevisto de los costes de construcción del parking.
El consejo del 15 de junio aprobó que la EPEL solicite un préstamo de tesorería al Ayuntamiento de Lucena por importe de 300.000 euros, porque lo necesita para pagar, antes del 30 de junio, una deuda de 280.000 euros.
Por otra parte, hace poco más de un mes, en mayo, la EPEL anunciaba una nueva modalidad de bono semanal para intentar vender más bonos ante la poca aceptación de las modalidades que hasta ese momento ofrecía, logrando así más ingresos económicos para paliar el agujero presupuestario que arrastra (ampliar información aquí). Pues bien, un mes después, y ante la muy limitada acogida que los nuevos bonos ha suscitado entre los posibles conductores usuarios, la EPEL se ha visto obligada a rebajar todos sus bonos, rebajas que entrarán en vigor el 1 de julio, la próxima semana, y sobre la que IU considera “inexplicable” que el PSOE como equipo de gobierno todavía no haya informado a la ciudadanía lucentina tras su aprobación el día 15 de junio.
Así, el bono mensual, de 24 horas todos los días del mes, baja de 80 euros a 60. El bono de mañana disminuye 5 euros, pasando de 45 a 40, el de tarde, de 40 a 35, y el nocturno, de 35 a 30. El bono especial para residentes afectados por obras en sus calles se mantiene en 50 euros.
Por último, Izquierda Unida cree que finalmente la EPEL optará por poner en venta los aparcamientos de la planta -4 para hacer frente al citado déficit que sufre, toda vez que parece que tanto PSOE como PP se inclinan por esta opción, que es rechazada tajantemente por Izquierda Unida, desde donde piensan que hay otras fórmulas para enjugar el déficit de la EPEL que no supongan la venta de bienes públicos.
Las plazas de parking de la Plaza Nueva son bienes demaniales, afectados a un bien público por lo que no se pueden vender, a no ser que sean desafectados y pasen a convertirse en bienes patrimoniales.
