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Una de las prioridades del cogobierno en el inicio de la actual Corporación municipal era la de prescindir de servicios jurídicos o técnicos externos de cualquier índole, procurando que los mismos fuesen atendidos por personal municipal.

En ese sentido, a finales de 2011 el concejal de Urbanismo, Miguel Villa, anunció que la Gerencia de Urbanismo rescindiría, con fecha 25 de diciembre de 2011, el contrato que venía manteniendo con un servicio jurídico externo encargado de representar a este organismo municipal en litigios judiciales.

Pero ahora, la Gerencia se ha visto obligada a negociar con este servicio jurídico externo llegando al acuerdo de prorrogar su contrato hasta el 31 de diciembre de 2012.

Esto se debe a que, según una cláusula del contrato, una vez finalizada su vigencia el servicio jurídico externo seguiría ocupándose de los procesos judiciales de la Gerencia que siguiesen abiertos y hasta su finalización, aunque cobrando no según el precio estipulado en el contrato sino según las tarifas del Colegio de Abogados. Pero pagar según esas dichas tarifas supondría, según Villa, que la Gerencia “tendría casi que vender la Plaza Nueva” para hacer frente a esos pagos, por lo que se optó por negociar y llegar al citado acuerdo.

 

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