El grupo municipal del Partido Popular ha salido al paso esta mañana de unas declaraciones realizadas en calidad de imputada por la exconcejala socialista María José Lara González, en la causa abierta por presuntas irregularidades en el proceso selectivo para la adjudicación de una plaza de técnico municipal delTurismo del Ayuntamiento de Lucena, en las que Lara manifestó ante la autoridad judicial que esas presuntas irregularidades eran “una manipulación y una maniobra del Partido Popular.”
El presidente del PP de Lucena, Manuel Gutiérrez, y los concejales de su grupo municipal han rechazado tajantemente las acusaciones de Lara dando lectura a una declaración institucional. Gutiérrez indicó que Lara “imputa al PP una responsabilidad” en la que los populares no tienen nada que ver, y ha recordado los hechos ahora objeto de procedimiento judicial.
Así, el martes 2 de octubre de 2007, cuando tuvo lugar el examen del concurso-oposición para una plaza de técnico municipal de Turismo del Ayuntamiento de Lucena, cuatro de los opositores denunciaron que otra opositora, Emilia Gálvez Muñoz, escondida en los servicios del Ayuntamiento, estaba recibiendo mediante su teléfono móvil las respuestas al cuestionario test del examen que estaba a punto de comenzar. Esto habría ocurrido una vez que el tribunal calificador presidido por la entonces concejala delegada de Personal Araceli Cubero - del que entre cuyos integrantes estaba Lara como concejala de Turismo- tras llevar varias horas reunido, ya había preparado las preguntas y se había avisado a los opositores para comenzar la prueba. Esta supuesta comunicación telefónica de la opositora denunciada por sus compañeros se produjo pocos minutos después de las doce del mediodía, según dichos denunciantes. Gutiérrez recordó que la semana anterior, en el pleno correspondiente a septiembre de 2007, se dirigió al alcalde Bergillos para rogarle que tuviera “especial atención y especial cuidado” sobre la plaza de Turismo que iba a salir a oposición “porque en la calle se comentaba que la plaza podía ya estar dada”.
“Para nuestra sorpresa”, prosiguió Manuel Gutiérrez, “el 2 de octubre cuatro opositores denuncian en el acta presuntas irregularidades sobre la posibilidad de que se estuviese informando” de las respuestas a otra compañera.
El PP solicitó en ese momento la creación de una comisión que depurase las posibles responsabilidades políticas si las hubiere y solicitó las facturas de las llamadas telefónicas. Pero, según Gutiérrez, “ni se creó la comisión ni se dieron las facturas”. Además, el PP echó en falta dos cosas, apuntó esta mañana su presidente: 1) que el proceso selectivo se suspendiera, cosa que estuvo a punto de suceder aunque el alcalde lo descartó basándose en un informe del secretario municipal, y 2) que hubiese quedado en suspenso el puesto objeto de polémica mientras no se esclareciesen los hechos (máxime cuando estos ya habían sido puestos en conocimiento de la Justicia), pero Bergillos, en el uso de su competencia según el PP, dio por buenos los resultados del proceso y nombró oficialmente para el puesto a Emilia Gálvez, la opositora denunciada que fue quien finalmente obtuvo la plaza concluido el mencionado proceso selectivo.
Manuel Gutiérrez ha señalado hoy que el PP no tiene nada en contra de esta plaza de Turismo, ni de quien la ocupa ni de quien hubiera podido ocuparla fuese quien fuese, pero su partido tiene la obligación de velar por la igualdad de oportunidades y, si hubiese “atisbos de privilegio”, exigir a quien corresponda que tome cartas en el asunto.
El presidente del PP añadió que Bergillos trasladó las denuncias de los opositores a la Justicia y el Partido Popular entendió que debía personarse en la causa abierta “como parte interesada, nunca como acusación” por dos motivos: poder estar presente en el lugar donde se depurarían las responsabilidades si se demostraban irregularidades y también porque una concejala del PP, Araceli Macarena Ruiz, formaba parte del tribunal calificador del concurso-oposición. Además, el propio Ayuntamiento se encuentra presente en el procedimiento igualmente como parte interesada “para salvaguardar el trabajo de la presidenta del tribunal” Araceli Cubero, según Gutiérrez.
El portavoz del grupo municipal popular ha querido dejar bien claro el respeto de su partido a la autoridad judicial, a los testigos, las imputadas (María José Lara y Emilia Gálvez) y denunciantes, pero ante las acusaciones de María José Lara, “nos vemos obligados a denunciar que no es así” y a responder que las declaraciones de Lara culpando al PP de lo sucedido no son más que “una cortina de humo” con la que la ahora directora general de Formación para el Empleo de la Junta pretende desviar la atención.
Por otro lado, el concejal del PP y abogado que representa a esta formación como parte interesada en el procedimiento judicial, José María Morillo-Velarde, ha dado a conocer aspectos importantes sobre el caso hasta ahora desconocidos por la opinión pública lucentina. El edil indicó que es desde el Juzgado nº 3 de Lucena donde se han practicado las diligencias previas, es decir, “las averiguaciones sobre lo ocurrido”, tras las que, cuando llegue el momento procesal oportuno, según lo que se haya esclarecido y determinado mediante esas diligencias, los populares adoptarán las decisiones que estimen oportunas.
Fue el pasado jueves 20 de noviembre, siguiendo con el relato de Morillo-Velarde, cuando María José Lara, acompañada por su abogado, prestó declaración como imputada (esto significa, explicó Morillo- Velarde, “que está señalada por las denuncias, no que esté acusada”). A esta declaración asistió la otra imputada con su letrada, y Morillo-Velarde en representación del PP. El Ayuntamiento no acudió pese a ser también parte interesada.
Lara respondió a las preguntas de la jueza y de la abogada de Gálvez, pero se negó a responder a Morillo-Velarde al considerarlo “acusación”. Éste replicó que él representa al PP como parte interesada, no acusadora. Morillo-Velarde informó hoy que Lara está en su perfecto derecho de no responder ninguna pregunta (ni de la jueza, ni la fiscalía –que aún no ha intervenido al no corresponderle en el momento procesal actual- ni de las partes), pero en opinión del concejal “considero que esa negativa, aún legítima, supone una cierta autoinculpación” porque una persona que no tenga nada que ocultar “difícilmente se entiende que entre en una dinámica de negativas” rechazando contestar preguntas.
María José Lara quiso justificar su negativa, aunque no tenía obligación legal de hacerlo según José María Morillo-Velarde, diciendo que todo este asunto era debido a “una maniobra y una manipulación por parte del PP”, en concreto de su grupo municipal. Este argumento es para Morillo-Velarde “una cortina de humo para desviar la posible falta de respeto” a los principios de igualdad, mérito, capacidad, concurrencia y publicidad por los que han de regirse los procesos de selección de personal en las administraciones públicas. “Nadie en su sano juicio” puede pensar que todo este asunto lo ha organizado el PP, cuando son las denuncias de cuatro opositores de Málaga, Puente Genil, Cabra y Córdoba las que originan el proceso judicial, apuntó Morillo-Velarde.
Lara expuso además sus dudas sobre si Morillo-Velarde podía actuar como letrado en la causa siendo simultáneamente concejal del PP. El edil y letrado explicó esta mañana que eso es “una cuestión técnicojurídica” pero que desde que se abrió el proceso, el abogado de Lara “nunca ha planteado nada” al respecto y que, de haberlo hecho, el juzgado se hubiera pronunciado para dilucidar esa supuesta incompatibilidad. María José Lara también se mostró contraria a las preguntas de Morillo-Velarde porque éste, en su calidad de concejal, había investigado expedientes municipales sobre Emilia Gálvez. El abogado y edil señaló que esa investigación guarda relación tanto con su cometido profesional en este caso como con su tarea de fiscalización del gobierno municipal como miembro de la Corporación lucentina.
Pero resulta que en la citada investigación, Morillo-Velarde ha descubierto que la vinculación laboral de Emilia Gálvez con el Ayuntamiento es “un tanto irregular”, ya que Gálvez fue contratada por primera vez por el Consistorio en octubre de 2002, de forma directa, sin proceso selectivo, ni concurso público ni petición de candidatos al SAE (Servicio Andaluz de Empleo), mediante un contrato firmado por el alcalde Bergillos, “al que pido que explique el tema”, señaló Morillo-Velarde.
Es más, en el informe que Morillo-Velarde ha recibido sobre el expediente de contratación de Emilia Gálvez redactado por el departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento, se dice que “no consta documento alguno que explique el proceso selectivo” seguido para contratar a Gálvez, quien por otra parte se había registrado en el desempleo tan sólo unos días antes de ser contratada por el Ayuntamiento, según puso de manifiesto Morillo-Velarde.
Por último, el abogado y concejal aseguró que en las facturas telefónicas entregadas por el Ayuntamiento a petición del juzgado, queda probado que existió comunicación telefónica, tal y como denunciaron cuatro opositores, entre Gálvez y Lara. Concretamente, entre las doce y diez y doce y cuarto de la mañana del 2 de octubre de 2007, Emlia Gálvez efectuó desde su móvil una llamada al teléfono de María José Lara, llamada que fue atendida y duró unos dos minutos y medio, coincidiendo con lo denunciado por los opositores, si bien Gálvez y Lara niegan haber hablado porque, según su versión, fue una tercera persona del Ayuntamiento la que atendió desde el teléfono de Lara la llamada de Emilia Gálvez.
Las diligencias están pendientes de recibir un informe de la compañía Movistar, según ha dicho José María Morillo-Velarde. Si la autoridad judicial decide remitir el caso al Ministerio Fiscal para que éste determine si hay indicios de delito y, en su caso, formalize acusaciones, el Partido Popular decidirá si se persona en el proceso ya como parte acusadora.
