La polémica llegó al plenario municipal lucentino, en su sesión ordinaria de enero, con la denuncia formulada por el Partido Popular de que durante siete meses, de julio de 2011 a enero de 2012, no se han hecho los obligados controles de legionelosis en las piscinas municipales.
El concejal de Deportes, Agustín Corrales, contestó que los controles de legionelosis se han llevado “a raja tabla” por parte de tres trabajadores del Patronato Deportivo Municipal que tienen la preparación debida para realizarlos cumpliendo la normativa, aunque los tratamientos de choque los lleva a cabo una empresa especializada.
Corrales se dirigió a los concejales del PP diciéndoles que “a mí me han cogido como cabeza de turco” y les acusó de crear “alarma social”.
La concejal popular María del Carmen Cabezas replicó que, efectivamente, hay una empresa especializada de Córdoba que hace controles trimestrales, pero que el coordinador de la misma fue quien informó a Cabezas de que no se estaban ejecutando otro tipo de controles que deben hacerse en puntos de riesgo de las piscinas con periodicidad diaria, semanal y mensual, según los casos, porque el trabajador de las piscinas que solía hacerlo y contaba con la formación requerida fue despedido en julio y nadie del PDM tenía la formación exigida por la normativa para hacer estos controles.
Tras conocer esta situación por parte de dicho técnico, Cabezas acudió al despacho de Corrales para ponerle al corriente. Esta falta de control se habría producido durante siete meses, desde julio de 2011, cuando fue despedido el trabajador cualificado para efectuarlo, hasta enero de 2012, cuando tres trabajadores del PDM han hecho un curso organizado por la Consejería de Sanidad de la Junta que les cualifica igualmente para hacer los controles de legionelosis.
Además del testimonio del técnico, María del Carmen Cabezas señaló que hay otra prueba contundente de que en los últimos siete meses no se han hecho los controles diarios, semanales y mensuales que exige Sanidad, pues el libro de registro donde deben contemplarse está en blanco.
En dos ocasiones, Cabezas preguntó por todo esto a Corrales en el PDM, pero el concejal no le respondió, haciéndolo el gerente del Patronato. La edil del PP solicitó el contrato con la empresa especializada y los partes de control y telefoneó al técnico antes citado, el mismo que se le indicó a Cabezas desde el PDM, y éste técnico le comunicó la ausencia de controles desde julio.
Corrales, visiblemente alterado, repitió que los controles “se cumplen a rajatabla” y que “en ningún momento se ha puesto en peligro” la salud de los ciudadanos. Añadió que los cursos de capacitación que permiten a quienes los reciben cualificarse para hacer controles en las piscinas los organiza Sanidad cada seis meses, por eso hasta su más reciente convocatoria, en enero de 2012, los tres trabajadores del PDM aludidos por Corrales no han tenido oportunidad de hacer el curso.
María del Carmen Cabezas argumentó que “la alarma social la crean los que están al frente de las instituciones” y acusó a Corrales de haber incurrido en dos “infracciones graves” según la normativa vigente: no disponer del libro de registro o no realizar las anotaciones aunque se hubiesen hecho los controles, y no haber efectuado las operaciones higiénico-sanitarias con personal cualificado.
Por otra parte, la falta de controles ha impedido descubrir una avería que provoca que baje la temperatura de las piscinas, y sólo ha podido ser detectada cuando los usuarios alertaron de esa disminución de la temperatura, denunció María del Carmen Cabezas.
