Lucena Digital.

El Plan Municipal de Empleo, que amortizó seis plazas de la plantilla consistorial que se han saldado finalmente con tres despidos, estuvo presente en la sesión plenaria de enero celebrada el martes por el Ayuntamiento de Lucena.

El concejal del PP Julián Ranchal interpeló al cogobierno por estos despidos y le reprochó no haber tenido al menos la cortesía política de informar sobre los mismos a la oposición.

El concejal de Personal, José Cantizani Bujalance, contestó que él nunca ha negado que pudieran producirse despidos en el Ayuntamiento, que se han decidido exclusivamente por causas económicas y organizativas en una “decisión responsable” y no guiada por “criterios arbitrarios”.

De las seis plazas amortizadas pero que estaban ocupadas, tres trabajadores han sido despedidos. Otros han sido reubicados, como la coordinadora de la Oficina de Proyectos Estratégicos, cuyo sueldo quedará ligado a partir de este momento a los Fondos Feder, según explicó Cantizani, el cual achacó al presidente local del PP, Manuel Gutiérrez, haber dicho en alguna ocasión que la plantilla del Consistorio estaba sobredimensionada.

Manuel Gutiérrez replicó que efectivamente había hablado en esos términos, pero proponiendo siempre la reubicación de los trabajadores de unas áreas municipales sobrecargadas de personal a otras que lo necesitasen, nunca despidiendo a nadie. Gutiérrez apuntó que fue el PSOE quien propuso despedir a 21 empleados de la Gerencia de Urbanismo, a lo que se opusieron el PP e Izquierda Unida, tal y como confirmó seguidamente el portavoz de IU, Miguel Villa.

Por su parte, el edil popular Julián Ranchal, puso de manifiesto su disconformidad con los fundamentos jurídicos utilizados en el decreto de Alcaldía que ordena los despidos y señaló la existencia de irregularidades en algunos de los contratos extinguidos con los consiguientes despidos merced al Plan Municipal de Empleo.

Así, hay un contrato del 18 de febrero de 2009 que concluyó el 31 de mayo de 2011, pero la persona que lo tenía continuaba trabajando. Hay otro contrato que acabó el 31 de diciembre de 2007, pero igualmente el trabajador titular del mismo seguía en su puesto y su despido ahora supondrá una indemnización mayor para las arcas municipales.

Según Ranchal, si era necesario seguir cubriendo ambos puestos cuando finalizaron los contratos, debería haberse buscado una fórmula jurídica adecuada para hacerlo. Pero como no ha sido así, Ranchal cree que estos despidos podrían ser declarados improcedentes si los dos trabajadores reclaman a la Justicia y la indemnización será de 45 días por año trabajado y no de 20 como pretende el cogobierno.

José Cantizani respondió que los fundamentos jurídicos del decreto los elaboran los técnicos municipales y no él y que con la decisión de despedir “nos podemos equivocar, por supuesto, pero nunca arbitrariamente”. Al cogobierno, agregó Cantizani, le importan primero las personas y luego el dinero. El coste de los despidos, añadió, estará amortizado en unos meses.

Julián Ranchal recordó que el PP se ha opuesto rotundamente a los despidos, proponiendo como alternativas la reducción de jornada o prescindir de servicios externos.

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