El consejo de la Gerencia de Urbanismo, en su sesión de la semana pasada, analizó un informe del área de Licencias y Disciplina Urbanísca del organismo que proponía desestimar todas las alegaciones presentadas por las diferentes partes afectadas por los deslizamientos de tierra en la ladera norte del Parque Empresarial Príncipe Felipe.
Constructores, propietarios de las naves aledañas al talud donde se han producido los corrimientos, redactores del plan parcial del Parque, y la Empresa Pública Suelo de Andalucía (EPSA) presentaron las alegaciones antes mencionadas contra el decreto de la Gerencia de Urbanismo, del 18 de noviembre de 2009, mediante el cual se instaba a todas estas partes a que, a su costa y de manera solidaria, financiaran y ejecutarán el proyecto de estabilización del talud.
El decreto consideraba que todas las partes han tenido que ver en el deslizamiento de tierras sin que se pueda evaluar qué porcentaje de responsabilidad compete a cada una, por lo que todas, según el decreto, debían cofinanciar el arreglo.
La Gerencia ha rechazado ahora las alegaciones de las partes, las cuales “dicen que no tienen nada que ver o se produce inactividad por su parte”, explicó hoy el concejal de Urbanismo, Francisco Algar. En vista de que “eluden en conjunto su responsabilidad”, será la propia Gerencia la que pague la redacción del proyecto y las obras de aseguramiento para impedir nuevos deslizamientos para, después, requerir a propietarios, constructores, redactores y EPSA que le abonen los gastos, según indica Algar.
Urbanismo calcula que en un mes tendrá redactado el proyecto de obra para licitar la ejecución de inmediato, dado que “el peligro” de nuevos desprendimientos “continua en la zona”, apuntó Francisco Algar. Un estudio geotécnico encargado por la Gerencia en 2009 cifró en unos 360.000 euros el coste de las obras de reparación y estabilización del talud. Algar añadió que la Gerencia tiene varias opciones para pagar esta intervención: recurrir a remanentes, utilizar dinero de inversiones afectadas a proyectos que no se van a realizar o solicitar un préstamo bancario.
En caso de conflicto si alguien se negara a pagar, “en última instancia será el juzgado quien determine la culpabilidad”, afirmó Francisco Algar.
