Los mejores en ortografía, por Julián Valle Rivas

A propósito de los resultados del Informe PISA, por los cuales, hace escasas semanas, la indignación aparente y la cínica vergüenza colectiva se han prolongado durante los treinta segundos de rigor necesarios para cubrir el trámite del escándalo ficticio, representación popular digna de laureles, he recordado una curiosa noticia de hace un año, que refuerza la certeza de que la cuestión objeto de inverecundo conflicto nacional no es novedosa, ni se circunscribe a los infantes, sino que se remonta décadas atrás.

El verano del pasado año, mientras ojeaba un día el periódico, llamó mi atención un titular sobre que la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía había defendido la invalidación de cuatro mil exámenes por faltas de ortografía en la última convocatoria de oposiciones a profesores y maestros, y entrecomillaba, a continuación, recurriendo a las comillas inglesas, por supuesto, las palabras de la Consejera al respecto: «“Queremos a los mejores”» (las comillas castellanas son mías). Luego, al adentrarme en la noticia, el asunto del titular quedaba reducido a dos líneas y media, desarrollándose el artículo en torno a que sólo (adverbio destacado) la mitad de los opositores había aprobado los primeros exámenes de junio. Y claro, tamaña ignominia, multiplicada al provenir de una administración pública, había generado una oleada de denuncias por las descalificaciones motivadas por los incumplimientos formales, en los exámenes y en la elaboración de la programación didáctica. Polémica que había transcendido a ese templo de la razón y el diálogo que es la Asamblea Legislativa, a través de la crítica de algunos grupos de oposición. Con ello, emprendía, entonces, la Consejera su labor defensiva, enarbolando las banderas de la transparencia y pulcritud, el respeto al ordenamiento jurídico y alguna que otra pullita, inevitables, al régimen general, bajo responsabilidad de la Administración Central del Estado. Advertía, además, la información que la Consejería había remitido nota aclaratoria a los opositores, comunicando que se revocarían las invalidaciones de las unidades didácticas, a cargo del propio opositor, «… en las que el personal aspirante haya consignado nombre, apellidos, DNI y Especialidad a la que se presenta y no tenga otra causa de invalidación» (las comillas castellanas son cosecha mía, otra vez). Que yo me pregunté, en este punto, cuál habría sido la causa de desestimación de la unidad didáctica de referencia (desestimación ahora revocada), cuando el opositor había registrado sus datos personales y no constaba otra causa de invalidación. Me pregunté si es que el susodicho opositor había cometido faltas de ortografía al escribir su nombre, porque la noticia no lo esclarecía. Había confesado la Consejera, a todo esto, según recogía el artículo, la estupendísima y muy bien traída aplicación analógica del principio básico del Derecho Penal y Administrativo Sancionador «in dubio pro reo», o sea, en caso de duda, a favor del opositor, que es lo más de los principios generales del Derecho y baluarte del Estado Social y Democrático de Derecho. Finalmente, se centraba la noticia periodística en las acusaciones o valoraciones negativas de la oposición, que había tachado el proceso de caótico, irregular, ineficiente, carente de protección y contrario al ordenamiento jurídico; todo debidamente flanqueado por sus comillas inglesas. Incluso, procuraba no olvidar los términos, usados en la intervención política, «nefasto» y «cutre», destacados de nuevo. Lemas incorporados a nuestro Diccionario, faltaría, aunque denoten una evidente vagancia intelectual o un deficiente nivel de vocabulario, máxime, el segundo de ellos.

En Informe PISA me devuelve aquel tema de las faltas ortográficas, por tanto. Su recurso en el título, su dedicación en el cuerpo del artículo, que pudiera ser motivo de indignación o polémica y la respuesta o justificación ofrecida por la Consejera.

Por una parte, el título del artículo periodístico resultaba improcedente y engañoso, pues no lo desarrollaba en su contenido, sino que era un extracto o fragmento muy concreto y reducido, que ni siquiera ofrecía la versión generalizada de la noticia que dedicaba el texto. Quizá, de mayor honestidad habría sido algo como «Polémica por la masiva invalidación de exámenes de oposiciones en Educación. Cuatro mil de ellos por faltas ortográficas». Sin embargo, allá cada uno con sus títulos, quién soy yo, al fin y al cabo.

Que la invalidación de exámenes por faltas de ortografía fuera motivo de polémica o caso digno de reseñar en un artículo informativo, al extremo de comprimirlo en el título, sí resultó sorprendente, como apostillaba líneas arriba, porque debió ser o debería ser, de hecho, algo tan natural y ordinario que no mereciera ser remarcado. No obstante, la realidad es opuesta a la lógica, y lo que se ha normalizado, hasta concebirlo como algo natural y ordinario, es la despreocupación por las reglas ortográficas, por su cumplimiento. Escenario doblegado por una enfermedad degenerativa, a cuya mejoría no contribuye la tendencia a la laxitud en las normas, apreciada en la Real Academia, dispuesta a fomentar la mísera simplicidad, el equilibrio en su rango ínfimo. Si desde la educación básica, primaria y secundaria, si desde el bachiller, si desde la facultad, no se condena y sanciona con el suspenso la comisión de faltas de ortografía (entiéndase, dentro de lo razonable; una errata o desliz lo tiene cualquiera, también dos), materia o área del conocimiento aparte (no hay que restringirse a la Lengua y Literatura), el problema perdurará: opositores, hombres y mujeres de más de veinte años aspirantes a profesores y maestros, a enseñar a las venideras generaciones, ametrallando sus textos con faltas ortográficas. Hay que corregir la desoladora lacra con firmeza y seriedad, empezando por inculcar la pauta de que un mensaje telefónico o un correo electrónico, por muy rápido o informal que se antoje, tiene que respetar unos patrones elementales de ortografía, y no ser enmerdado, por ejemplo, con pseudoabreviaturas inexcusables.

Tampoco ayudaron las palabras de la Consejera, por buena que pudiera parecer su intención o por satisfactoria que se pudiera creer su reacción. No es que para las plazas sólo se admitan a los mejores, que así ha de ser, es que una persona con tamaño grado de déficit ortográfico nunca debió obtener el título universitario, requisito para la inscripción en las oposiciones. La falla debió ser remediada en la primaria, la secundaria, el bachiller, si era posible. Pero ahí tenemos el Informe PISA, y tenemos el régimen educativo que tenemos, esquivo al esfuerzo y la valía, sin criterios selectivos ecuánimes y coherentes; y tenemos los políticos que tenemos, aquellos que nos hemos ganado, aquellos que hemos enseñado, aquellos que, en sede parlamentaria, verbalizan cutreces.

Julián Valle Rivas