Dos momentos revolucionarios: septiembre de 1868 y abril de 1931. Breve descripción del nacimiento de nuestras repúblicas, por Fernando M. García Nieto

I y II REPÚBLICA lucena digitalEstas dos revoluciones son los preludios de las dos experiencias republicanas vividas en nuestro país. La de septiembre de 1868 desembocó en la Primera República, tras la renuncia de Amadeo I en febrero del 1873, por decisión de las propias Cortes monárquicas. La Segunda República llegó tras las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 con el triunfo de las fuerzas republicanas en las capitales y las grandes ciudades, curiosamente, con menos votos que los monárquicos, lo cual fue interpretado por las masas como un triunfo republicano sobre la monarquía de Alfonso XIII. El rey se vio obligado a abandonar el país, ante la falta de apoyo por parte del gobierno y del ejército. La situación política y social previa a ambas revoluciones presenta similitudes.
 
 
En lo político, crisis de la monarquía. La reina Isabel II había marginado a los progresistas impidiéndoles el acceso al gobierno, apoyándose en el partido moderado y en su camarilla, integrada por religiosos y aristócratas hostiles al liberalismo. A partir de 1863 los progresistas no participaron más en las elecciones y centraron sus esfuerzos en derrocar a la reina, mientras el partido moderado, favorito de la monarquía, entró en una deriva autoritaria y de inestabilidad. Por su parte, Alfonso XIII perdió la confianza de todos los partidos, incluidos los monárquicos, por su apoyo a la dictadura de Primo de Rivera, traicionando con ello a la Constitución de 1876.
 
 
En ambos casos se produjo un pacto de los partidos contrarios al monarca para su derrocamiento. El Pacto de Ostende, unió al Partido Progresista del general Prim, al Partido Demócrata, y más tarde se uniría la Unión Liberal del general Serrano. En Ostende (Bélgica) se acordó el derrocamiento de la reina, la creación de un gobierno provisional, y elecciones a Cortes Constituyentes por sufragio universal. La forma del Estado sería decidida por estas Cortes. El pacto contra la monarquía alfonsina tuvo lugar en San Sebastián, en agosto de 1930, y reunió a todos los partidos republicanos. Poco después se sumaron el PSOE y la UGT, y allí se constituyó un gobierno provisional clandestino, que comenzó a trabajar junto a varios militares para la caída de Alfonso XIII. La insurrección tuvo lugar en Jaca en diciembre del mismo año, pero fue desmantelada por el gobierno. Los capitanes Galán y García Hernández fueron ejecutados, y los miembros del gobierno provisional republicano detenidos y llevados a prisión. Habría que esperar a las elecciones municipales de la siguiente primavera para proclamar la república.
 
 
 
En lo económico, en ambos periodos España sufría una crisis económica, lo que favoreció la movilización revolucionaria de las masas, insatisfechas con su situación de privación. Durante el reinado isabelino la quiebra del banco británico Overend & Gurney en 1866, provocó la contracción del crédito global. Las compañías del ferrocarril se vieron abocadas al fracaso por el reducido volumen del tráfico, provocando el miedo en los inversores y la caída de la Bolsa. Muchas empresas cerraron y el paro aumentó. Se redujeron los ingresos del Estado y el déficit se disparó. Además, esta crisis económica coincidió con una serie de malas cosechas, con el consiguiente aumento del precio del trigo y los alimentos. La consecuencia fue hambre y enfermedad. El malestar social era palpable.
A finales de los años 20 del 1900, España, que había logrado salir de la primera guerra mundial reforzada, gracias al comercio con los países inmersos en la contienda, no escapó de la Gran Depresión. La política económica de la dictadura de Primo de Rivera, basada en el proteccionismo y la intervención en la economía mediante la inversión en obras públicas, dejó al Estado sumido en el déficit, se acabaron los “felices veinte”.
 
 
En el plano militar, el papel desarrollado por el Ejército en ambos procesos revolucionarios fue determinante. En el XIX fueron los militares los promotores del golpe. En esa época los cabezas de partido eran militares en muchos casos, por ejemplo; Prim en el Partido Progresista y Serrano por la Unión Liberal. El 17 de septiembre de 1868 se produjo el pronunciamiento militar en Cádiz, que se extendió seguidamente a las demás provincias, y que sería apoyado en las ciudades por voluntarios milicianos. Finalmente, los sublevados derrotaron a las tropas leales a la reina en la batalla de Alcolea, en Córdoba, y ésta tuvo que huir a Francia. El general Serrano sería nombrado presidente del gobierno provisional hasta el nombramiento como rey de Amadeo de Saboya.
 
 
En el siglo XX, tras las elecciones de abril del 31, el rey no encontraría apoyo en el Ejército. El general Berenguer, ministro de Guerra en aquel momento, ordenó a los militares que se atuvieran a la “voluntad nacional”, y el general Sanjurjo, director de la Guardia Civil, se puso a las órdenes del gobierno provisional republicano. El presidente del gobierno, almirante Juan Bautista Aznar, reconoció que España “se había acostado monárquica y se había levantado republicana”. El 14 de abril se proclamó la II República ante la pasividad del gobierno y de los militares, y el rey partía hacia el exilio.
 
 
Fernando M. García Nieto

Condición humana I: El abrazo de Iceta, por Julián Valle Rivas

psc iceta illaEl feliz abrazote que el buenazo de Miquel Iceta le dio al, todavía por entonces, Ministro Salvador Illa en plena crisis pandémica no sólo merece interpretarse en clave política, a modo de gesto, pose o pintoresco movimiento histriónico, pretendiente de una manifestación de lealtad incondicional a la partidocracia socialista, como si al buenazo de Iceta no le importara o importase la patada que la cúpula del susodicho partido propinó a la mismísima cabecera del listado autonómico a las elecciones, empellón pendenciero o bajuno que lima la medalla federalista que con tanto pulido se vanaglorian en lucir; como si el buenazo de Iceta entendiera o entendiese que, en verdad, su representatividad autonómica quedaba degradada o ensombrecida por la divinidad ministerial de Illa; como si el buenazo de Iceta aspirara o aspirase a la compensación o soborno de una cartera ministerial vinculada a la unidad territorial de un país donde cada territorio actúa conforme le conviene. O lo más probable es que ni siquiera merezca interpretarse en clave política, pues en España hace tiempo que la política, bien lo sabemos, no tiene interpretación posible ni es digna de dedicación alguna, más allá del placemiento de los abigarrados tertulianos dados a la variopinta opinión mediática.

 

 

   De vuelta al inicio (discúlpeseme tamaño circunloquio), el feliz abrazote que el buenazo de Iceta le endosó al Ministro Illa en plena crisis pandémica evidencia nuestra condición humana, cómo hemos asumido o nos hemos adaptado a la crisis pandémica, la cual hemos aceptado como una moda de mascarillas. Un escenario contagioso en donde una mascarilla simplifica todo el compendio de seguridad sanitaria. Una mascarilla hace innecesario eludir el contacto social o atender la higiene de manos. Y uno puede manosear por doquier, cubrir de babas las terrazas de bares y restaurantes, caminar copando todo el ancho de la vía o invadir el espacio preventivo del contagio. Por supuesto, la panacea pandémica de la mascarilla no empece el recolocarla bajo la barbilla para pasear tranquilo hablando por el móvil o fumando un cigarro, ni cuando las plazas, calles, senderos y demás rutas masificadas de gente paseando, sin exigencia laboral o comercial aparente, obstaculizando o formando corrillos chismosos, entorpecen la famosa distancia de seguridad. Y sí, tal vez lo de pasear sea un ejercicio deportivo como otro (o sin el tal vez). No obstante, el uso de la mascarilla no suple los requisitos de caminar en fila, permitir el espacio interpersonal y no abusar de las excepciones, libertades y relajaciones que conceden las disposiciones contra la pandemia, destinadas, precisamente, a hacer llevadero el difícil y delicado estado.
 
 
   También evidencia nuestra arrogante y egoísta condición humana el comportamiento durante los periodos prenavideños y navideños, cuando el uso de la mascarilla excusó las zonas urbanas desbordadas de personal pululando de acá para allá y las tiendas, mesas de bares y terrazas atestadas de compradores y celebraciones o distracciones amistosas, familiares y laborales. Tampoco se libraron las cenas familiares, servidas al calor de los hogares, como si no se pudiera vivir un año sin ellas (se conoce que ya nadie recuerda las épocas bélicas o los compromisos de los profesionales en servicio de guardia), que hubo de antojarse justo precio para disfrutar de muchas más. Mención especial para los jóvenes que, al aproximarse la hora fijada como toque de queda nocturno, se apresuraron a dirigirse hacia viviendas, naves y locales clandestinos, a fin de participar en fiestas ilegales de Año Nuevo, ignorando, amén de preceptos reglamentarios, la advertencia de que la juventud favorecía el aspecto asintomático, no el contagioso, sobre todo, de sus mayores, propensos a los padecimientos víricos. Conjunto sainetesco que, cual papel bajo calco, se repitió en Semana Santa, con concentraciones en iglesias, saeteros (y saeteras) arrojando virus sobre mantos de vírgenes y sayas de cristos y la habitual parafernalia en el perímetro de los bares.
 
 
   Y claro, en semejante entorno, contexto superado más por la estupidez y la irresponsabilidad que por la inconsciencia y la indolencia, el buenazo de Iceta envuelve al Ministro Illa con su feliz abrazote, descargado de complejos y de rencor, aunque recubierto de mascarillas, al ser ése ratificado por la partidocracia socialista como número uno en la lista electoral autonómica en detrimento de aquél. La naturaleza ejemplarizante de la política (si la existencia de esta naturaleza aún se concibe) sucumbe aquí frente al reflejo de la sociedad que la elige y la gana, porque cada sociedad tiene a los políticos y a los gobernantes que, diligente, consigue.
La condición humana queda evidenciada, igualmente, en los numerosos aspavientos, comentarios y espacios televisivos, periodísticos y radiofónicos que suscitó el muchimillonario contrato del futbolista Lionel Messi, quien percibirá, o de hecho percibe, un pastizal de padre y muy señor mío. Sin embargo, ruego se me dispense la labor de la exposición, al objeto de otorgarle una segunda, a la par que descansada, entrega.
Julián Valle Rivas

La polarización política como resultado del uso de internet. Reflexión, por Fernando M. García Nieto

redes sociales polarizacion politicaCon la era digital y la llegada de internet a nuestras vidas se han producido grandes cambios en nuestra sociedad y en la política. Estos efectos han de considerarse de carácter positivo o negativo, según el uso que se haya dado a esta tecnología.
 
 
 
En los últimos años crecen las opiniones críticas que señalan aspectos negativos del uso de internet, como por ejemplo que esta tecnología de acceso universal a la comunicación ha fabricado un perfil de lector apresurado y poco reflexivo, que asimila la información que recibe, en cualquier lugar, a través de su smartphone, sin cuestionar su veracidad. La “posverdad”, la verdad modificada por los sentimientos, y las “fake news” contaminan la información verdadera, produciendo en estos tiempos una pérdida de credibilidad y confianza, generalizada en la sociedad.
 
 
 
El uso de internet refuerza la participación política tradicional y, al mismo tiempo, constituye otra dimensión, la “participación on line”. Se ha multiplicado el intercambio de información, de opiniones e ideas variadas, y se promueven desde esta plataforma global diversas iniciativas políticas, y la movilización social para influir en las decisiones públicas a través de blogs, intercambios de correo electrónico, foros digitales, boletines digitales y páginas web. Se han reducido a cero los costes de participación en el proceso político, con un efecto multiplicador de los mensajes, que permite llegar a toda la población en muy poco tiempo, casi de forma instantánea. Esta difusión tan rápida y extensa de información se puede observar claramente en las campañas electorales, o en las manifestaciones de protesta. 
 
 
Por un lado, el uso de redes sociales, e internet en general, puede haber contribuido a la polarización política de la sociedad, al auge de posiciones políticas extremistas y a la difusión de noticias falsas. Vivimos la paradoja de que cuando estamos más conectados que nunca, nos encontramos más alejados ideológicamente. Aunque, como veremos a continuación, también encontramos evidencias empíricas que demuestran lo contrario y restan protagonismo a esta tecnología como causa principal de este desencuentro ideológico. 
 
 
Ideologías extremistas, de todo tipo y origen político, que antes estaban excluidas socialmente a un nivel global, con el abaratamiento de costes de entrada a la comunicación que ha supuesto internet, han encontrado un espacio en la esfera pública y las instituciones del mundo. Hemos visto en los medios de comunicación lo fácil que es crear un ejército de apoyos, a través de cuentas falsas en redes sociales. Esta actividad en redes se conoce como “astroturfing”, en referencia a la marca de césped artificial, y permite lanzar ataques contra el adversario político o disidente, y campañas de desinformación introduciendo en las redes digitales noticias falsas para desprestigiar opciones contrarias, o influir en las elecciones de otros países para desequilibrar sus democracias. Se usa internet como instrumento para infiltrarse en conversaciones “on line” politizadas, para crear crispación, y así, radicalizar las opiniones, ideas y posiciones opuestas. 
 
 
A pesar de lo anterior, los economistas Levi Boxell, Matthew Gentzkow y Jesse Shapiro, realizaron un estudio sobre la campaña electoral de 2016 en Estados Unidos (“Is the internet causing political polarization? Evidence from demographics”, March 2017), para entender cómo el uso de internet de banda ancha se relacionaba directamente con la polarización política de la sociedad estadounidense. Pudieron inferir de las encuestas que un 60% de los individuos entre 18 y 39 años de edad siguieron la campaña por redes sociales, mientras sólo un 26 % de aquellos de más de 75 años lo hicieron, sin embargo, el resultado de su trabajo fue que la polarización política había aumentado en este periodo mucho más en la gente mayor de 75 años, que en los de edades entre 18 y 39 años, es decir, el aumento de polarización fue mucho mayor para la población con menor uso de internet.
 
 
Por otro lado, esta polarización política se ve reforzada por los conocidos “algoritmos”, que seleccionan qué datos e información se muestra en las redes sociales, en función de los intereses de los usuarios. De este modo se configuran “cámaras de eco” ideológicas (Barberá, 2020), burbujas de información en las que el ciudadano queda atrapado recibiendo sólo comentarios, noticias, y documentos, que ratifican sus propias posiciones políticas, que se vuelven cada vez más homogéneas y apartadas de ideas diferentes, radicalizándose frente a las contrarias. Esta circunstancia encuentra explicación científica en el concepto de “homofília social” (McPherson, 2001), o quizás podríamos decir, por extensión, “homofília política”, según el cual los seres humanos buscamos establecer contacto con aquellas otras personas que opinan como nosotros y nos alejamos de quienes piensan de manera contraria a la nuestra. Esta elección de contactos personales, y también, la adaptación de nuestros pensamientos políticos a los posicionamientos del grupo con el que más nos relacionamos, determina la creación de comunidades cada vez más homogéneas y diferenciadas unas de las otras. Esta es la contribución de la combinación de las antes citadas “cámaras de eco” y los “logaritmos” que rigen la información en Internet, pero no es menos cierto, que las personas, por instinto, preferimos leer cosas que nos dan la razón, y navegar por “cajas de resonancia”, buscando nuestra interpretación de la realidad, sin analizar los hechos de un modo objetivo.
 
 
Pero existen estudios que argumentan lo contrario, es decir, que es precisamente en los contactos digitales y esporádicos, con personas de fuera de nuestro entorno más cercano, donde se produce la mayor y más variada aportación de informaciones e ideas políticas, que vienen a equilibrar el influjo que recibimos de nuestros contactos personales (Barberá, 2015). Según estos trabajos de investigación, internet reduciría la polarización al facilitar el contacto con personas con las que no tenemos vínculos directos, sino mas bien “lazos débiles”, que son las que nos aportan nuevas ideas y puntos de vista, multiplicados y amplificados por la ingente cantidad de mensajes que nos llegan a través de las redes sociales.
 
 
Internet ha supuesto un aumento de la participación política por la reducción a cero de sus costes, que antes suponían una gran inversión en tiempo y esfuerzo económico y personal. Ahora podemos participar en la política e influir las decisiones públicas de nuestros gobiernos y legisladores desde el sillón de casa. A esta capacidad se la conoce como “clictivismo” o activismo de salón. Esta facilidad de participación, en líneas generales, es beneficiosa para la sociedad, al mejorar la calidad democrática, la rendición de cuentas por los políticos directamente ante los ciudadanos, las demandas o críticas efectuadas directamente a través de redes sociales por los ciudadanos hacia los políticos, y la transparencia en las relaciones bidireccionales entre los políticos y los ciudadanos. Sin embargo, debemos conocer, como esta misma facilidad de acceso a la comunicación, permite el uso de esta herramienta por grupos extremistas de todas las ideologías, que producen información, la cual, llega a los usuarios de la web sin el filtro que representaba el ejercicio de un periodismo responsable e independiente del poder, hoy en horas bajas por la propia revolución digital y las crisis económicas. Las campañas de desinformación llegan cada vez a más gente y de forma más rápida y constante, contribuyendo a la radicalización de los mensajes, y a la polarización política de la sociedad, a pesar de la actividad de las agencias independientes, cuando lo son, y a pesar de la intervención de las propias redes sociales sobre los contenidos que estos grupos comparten en ellas, en ocasiones, catalogada de censura por aquellos que ven bloqueadas sus cuentas.
 
 
Al mismo tiempo nuestros representantes en las cámaras legislativas y los miembros de los ejecutivos han encontrado en internet una herramienta para persuadir a los ciudadanos de forma directa, para explicar sus políticas, y establecer vínculos directos con estos y otros representantes públicos a través de redes sociales. Pero, la otra cara de la moneda es que los legisladores y gobernantes modifican sus preferencias y sus discursos para, con el objetivo de obtener apoyos electorales, ajustarse a los intereses del público sobre temas concretos, expresados en estas mismas redes digitales. Esta dinámica podría llegar a producir la polarización de los sistemas de partidos y la radicalización de los discursos de la clase política, como influencia de los segmentos sociales extremistas, más activos en internet, en una sociedad ya polarizada políticamente.
 
 
Por último, añadiré que este argumento del uso de internet como causa protagonista de la polarización política, no es único, pues existen otras causas, económicas, demográficas y geográficas que influyen para que esta se produzca, pero que no son objeto de esta reflexión.
 
 
Fernando M. García Nieto

Florentino Pérez y Miguel Bosé

super liga league futbol florentino perez miguel boseEscuchando a Florentino defender la Superliga, las palabras de Miguel, tienen más sentido. Sé que comenzar mi opinión de esta manera es perder la poca credibilidad que pueda haber conseguido en mi vida, pero reprimir el deseo por las etiquetas que puedan ponerme, sería desaprovechar la oportunidad para reivindicar la libertad de expresión que defiendo. 
 
 
El discurso de Bosé no lo comparto al completo. El virus existe, los datos son reales. El colapso en los hospitales, las pérdidas económicas, las situaciones delicadas de los ciudadanos, los fallecidos, las secuelas, no se pueden discutir. Lo estamos viendo y viviendo en primera persona. Negar la realidad es lo que ha hecho posicionarse a la sociedad en contra del cantante. 
 
 
Su forma de actuar, de hablar, de afirmar categóricamente las cosas, y sus últimas declaraciones no han ayudado a mejorar su imagen, que ha pasado de ser la de uno de los mejores cantantes del mundo, a  la de un negacionista, un mal padre, un mal hombre, un drogadicto y un iluminado. Tampoco podemos olvidar que Bosé no tiene ningún chiringuito mediático que le ayude a vender sus milongas, sino que le ofrecen un espacio para poner el foco en sus miserias.
 
 
Sin embargo el origen de su discurso para mí si es válido. Hay unas élites que dirigen el mundo y que son capaces de hacer lo que sea por ostentar más poder y aumentar sus, ya incalculables, fortunas. Hemos visto a lo largo de la historia que no tienen escrúpulos, que con la excusa del bien común han provocado guerras para seguir manteniendo sus negocios de venta de armamento y luego ponerse medallas con la ayuda humanitaria;  se han atrevido a lanzar bombas atómicas para imponer sus ideas; han llevado al planeta a una emergencia climática de la que a saber cómo salimos; han puesto y asesinado dirigentes para expoliar y robar países enteros; han creado un sistema de telecomunicaciones que nos entretiene jugando, que nos hace la vida más fácil con un solo clic, pero que les sirve para controlar la información que nos llega, los productos que nos quieren vender e influenciar nuestro pensamiento.  Nos intentan convencer de que están trabajando para acabar con el hambre en el mundo, nos hablan de justicia social, de derechos humanos, de paz, de sostenibilidad, pero sus políticas económicas van encaminadas a mantener un sistema desigual donde solo ganen ellos, los de siempre. ¿Aterrorizarnos con una pandemia? Peccata minuta. 
 
 
La Superliga de Florentino es un reflejo de ese mundo que no queremos ver, que pensamos queda muy lejos de nuestras responsabilidades, y del que aprovechamos lo bueno e ignoramos el resto.  Por un lado, ni la UEFA, ni la FIFA, ni la Liga quieren perder su posición de poder y han ejercido su autoridad, amenazando,  comprando las voluntades de los equipos ingleses, otorgándole más privilegios, prometiendo mirar para otro lado en el fair play financiero y obligando a los estados a salir en su defensa a la voz de “marionetas, para eso os pagamos”.
 
 
El Madrid y otros clubs, se sienten como la mayoría de nosotros, explotados, ninguneados, humillados por las elites que se llenan los bolsillos con el trabajo de otros. Para muchos Florentino, y así se vendió, es un adalid del futbol, un justiciero que quiere igualar el nivel, porque su idea solo pueden traer riqueza y bienestar para todos. No se lo cree ni él.
 
 
Bonitas palabras si no fuese porque ellos han formado parte de la élite, han utilizado su posición de ricos para llevarse las estrellas de los modestos, para manejar la liga y los árbitros durante muchos años. Pero han venido a menos, ahora no son los importantes, porque los equipos estado manejan más dinero y nuestros ricos de provincias ya no pueden comprar lo mejor del mercado porque el talonario lo tienen otros.  Además como se quejan y reclaman lo que consideran justo desde su soberbia y su prepotencia, son incómodos al poder y a éste no les gusta que se le cuestione, como a Florentino no le gusta que Tebas lo haya bajado de su púlpito.
 
 
Al final la solución, por ahora, será la de darles un poquito más de la tajada, intentar calmarlos, amedrentarlos, como ya ha pasado, y pitarles alguna jugada dudosa a los de Zidane en las próximas semifinales para que sepan quién manda.  Al Madrid solo le queda la resignación por tener que ir a Cádiz a jugar cuando ellos están llamados a otras glorias, y a Florentino asumir que en una economía neoliberal, sin valores y de mercenarios, donde lo firmado no tiene valor, el número de Champions no te convierte en el más poderoso, que el poder lo da la pasta, se haya conseguido de la manera que sea.
 
 
Quizás lo que debería hacer el mundo del futbol es no vivir por encima de sus posibilidades y ajustarse el cinturón como hemos aprendido hacer los demás mortales. Pero las élites no son el mundo, ellos hacen el mundo, y el resto lo sufrimos.
 
Moisés S. Palmero Aranda.
Educador ambiental y escritor.
 

LOS VIGILANTES DE LA LEY ELECTORAL, por Fernando M. García Nieto

Junta electoral central jec“He llegado a la conclusión de que la política es demasiado seria para dejarla en manos de los políticos”. (Charles de Gaulle)

 

El día 4 de mayo los madrileños elegirán de nuevo Presidencia en su comunidad autónoma y están inmersos en plena campaña electoral. Los medios de comunicación nos tienen bombardeados con noticias relacionadas con este proceso, y algunas se hacen eco de denuncias por parte de los partidos políticos contra sus adversarios, por posibles incumplimientos de la Ley electoral, como por ejemplo la relacionada con el fichaje del PP, el ex de UPyD y Ciudadanos, Toni Cantó, en relación con su inclusión en el censo electoral de Madrid fuera de plazo, recientemente resuelta. Todos recordamos la multa a Pedro Sánchez por la realización y difusión de su entrevista en la Moncloa, aprovechando los medios públicos de que disponía, en su condición de presidente del Gobierno en funciones, en la campaña de las elecciones generales del 10-N. Con cada convocatoria se abre un combate sin cuartel por el voto entre las distintas candidaturas, que escrutan con avidez las acciones del contrario en busca de la infracción, para denunciarla ante la junta electoral que corresponda según el ámbito del sufragio, pues debe tenerse en cuenta que estos órganos funcionan siempre a instancia de parte, y nunca de oficio, ante los posibles incumplimientos de las reglas electorales. En esta pugna es necesario garantizar unas reglas de juego que están establecidas en nuestra legislación electoral. ¿Pero quién desarrolla esta fundamental labor en nuestro sistema democrático? ¿Qué es una junta electoral?
 
 
La Administración Electoral está compuesta por la Junta Central Electoral, JEC en adelante, Juntas Electorales Provinciales, Juntas Electorales de Comunidad Autónoma, y Juntas Electorales de Zona a nivel de partido judicial, y todos estos órganos tienen como función velar por la transparencia y objetividad, y por el principio de igualdad en los procesos de electorales.
 
 
 La Junta Electoral Central es el órgano superior de la Administración Electoral regulado en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (L.O. 5/1985 de 19 de junio), tiene carácter permanente, y su sede se encuentra en el Congreso de los Diputados. Se compone de un total de 13 vocales, 8 magistrados del Tribunal Supremo que son designados por el Consejo General del Poder Judicial, y los otros 5 son Catedráticos de Derecho o de Ciencia Política y Sociología en activo, que son designados por los partidos políticos o agrupaciones de electores representadas en el Congreso. Los vocales son nombrados por Real Decreto y su mandato se extiende hasta la toma de posesión de la nueva Junta Electoral Central, designada en la siguiente legislatura del Congreso. Son los propios vocales quienes eligen de entre ellos al presidente y vicepresidente de la Junta, y el secretario es el Secretario General del Congreso. En la Junta Central participa el director de la Oficina del Censo Electoral, sin voto.
 
 
Para velar por la transparencia y objetividad del proceso electoral la JEC tiene las siguientes funciones:
 
• Dirigir y supervisar la Oficina del Censo Electoral. 
• Informar los proyectos normativos de carácter electoral. 
• Cursar instrucciones a las Juntas Electorales de ámbito inferior. 
• Resolver las consultas que le eleven estas. 
• Revocar las decisiones de las Junta Provinciales y de Comunidad Autónoma. 
• Unificar los criterios interpretativos de las diferentes Juntas. 
• Aprobar las actas que se habrán de emplear en los procesos electorales. 
• Resolver las quejas, reclamaciones y recursos de acuerdo con la Ley Electoral. 
• Velar por el cumplimiento de las reglas referentes a los gastos electorales por parte de las candidaturas.
• Ejercer la potestad disciplinaria sobre las personas que intervengan con carácter oficial en las elecciones. 
• Corregir las infracciones a la normativa electoral que se produzcan en las elecciones.
• Expedir credenciales de diputados, senadores, diputados provinciales y consejeros insulares en caso de que se produzcan vacantes. (Fuente: Web de la Junta Electoral Central)
 
 
En las últimas convocatorias electorales la JEC ha tomado decisiones que han generado un gran debate público, y me gustaría citar, por su importancia, la que tiene que ver con el expresidente de la Generalidad de Cataluña: Convocadas las elecciones generales del 28 de abril de 2019, dictó una orden para que se retiraran los lazos amarillos y la bandera estelada de los edificios y espacios públicos de la Generalidad de Cataluña, lo que terminó haciendo perder el acta de diputado a Quin Torra, y por consiguiente, la presidencia de la Generalidad.
 
 
En el periodo electoral de las generales, en marzo de 2019, el partido Ciudadanos presentó una reclamación ante la JEC por la exhibición de símbolos ideológicos o partidistas en edificios y espacios públicos de la Generalidad. Esta institución consideró finalmente los lazos y la estelada como símbolos partidistas y requirió al presidente catalán para que fueran retirados en el plazo de 48 horas. Este hizo caso omiso al requerimiento. En el mismo mes de marzo, el partido Ciudadanos denunció ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la comisión de un presunto delito de desobediencia por parte de Torra, y el Partido Popular presentó otra denuncia ante Fiscalía General del Estado que fue remitida a la Fiscalía de Cataluña por ser esta la competente. El 18 de marzo la JEC reiteró su orden a Torra, dándole esta vez un plazo de 24 horas y advirtiéndole de las responsabilidades administrativas y penales en caso de desobediencia. Posteriormente el día 21, le exigió al consejero de Interior de Cataluña que diera instrucciones a los mossos de escuadra para que retiraran los símbolos. En este plazo de tiempo los símbolos habían sido sustituidos por otros, lo que a juicio de la Junta Electoral suponía una reiteración de la desobediencia. Esta vez esta vez sí se cumplió la orden y los agentes retiraron los símbolos.
 
 
La JEC abrió expediente administrativo a Torra y remitió toda la información a la Fiscalía General del Estado por posibles responsabilidades penales, esta dio instrucciones a la Fiscalía Superior de Cataluña para que ejercitara acciones penales y presentara una querella contra Torra. El Tribunal Superior de justicia de Cataluña aceptó la querella y abrió una causa contra el presidente catalán. En noviembre Torra admitió en juicio oral que desobedeció a la Junta Electoral Central: “No la cumplí. Digámoslo de otra manera, sí, la desobedecí” en un acto más de soberbia.
 
 
Finalmente, el Tribunal Superior de justicia de Cataluña condenó a un año y 6 meses de inhabilitación y 30000€ de multa, sentencia que fue recurrida ante el Tribunal Supremo por el interesado, que manifestaría públicamente: “a mí no me inhabilitará un Tribunal con motivaciones políticas, eso sólo lo puede hacer el Parlamento”.
 
 
Tras la sentencia, el Partido Popular, Ciudadanos y Vox solicitaron a la Junta Electoral Provincial de Barcelona la retirada de acta de diputado a Quin Torra, pero esta rechazó la solicitud por que la condena no era firme, en espera de ratificación por el Supremo. Entonces las formaciones políticas recurrieron la decisión ante la JEC, que dictaminó la concurrencia de causa de “inelegibilidad sobrevenida”, dejando sin efecto la credencial de diputado en la cámara catalana. 
 
 
Torra solicitó la suspensión cautelar del acuerdo de la Junta Electoral, lo cual fue denegado. Finalmente, el Parlamento catalán retiró el acta de diputado, pero recurrió la decisión de la JEC ante el Tribunal Supremo, que terminaría confirmando la sentencia y el entonces vicepresidente de la Generalidad, Pere Aragonés pasó a desempeñar el cargo de presidente de la Generalidad.
 
 
Ahora las elecciones a la Asamblea de Madrid están en marcha y en la apertura de campaña de Vox en Vallecas se ha producido la concentración de un centenar de sujetos violentos, alentados por algunos diputados y ministros de la izquierda, que trataron de impedir, con lanzamiento de piedras incluidas, un acto electoral que contaba con toda la protección legal de nuestro ordenamiento, además de constituir un derecho elemental en cualquier democracia. Y no es el primer episodio parecido que vivimos en nuestro país. Tenemos que preocuparnos, y bastante, cuando un partido político, cualquiera que sea su ideología, no pueda celebrar un acto electoral con total libertad y seguridad. Los hechos han sido puestos ya en conocimiento de la Junta Electoral y de los tribunales de justicia. El debate público está servido hasta que se pronuncien los vigilantes de la ley electoral.
 
Fernando M. García Nieto

SOBRE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA, por Fernando M. García Nieto

articulo republica guerra civil lespaña lucena“Fue una lucha de clases por las armas, pero tuvo también la evidente dimensión de guerra de religión y de nacionalismos enfrentados; guerra entre dictadura militar y democracia republicana, entre fascismo y comunismo, entre revolución y contrarrevolución” (Profesor Santos Juliá).
 

 Actualmente vivimos retrotraídos en un ambiente de guerra-civilismo promovido desde algún sector del universo ideológico, que busca hoy en sucesos pretéritos, después de 40 años de democracia, argumentos para su agenda política. Sin entrar a valorar esta maniobra, y al margen de su posible justificación, creo que es importante para que los ciudadanos se formen su propia opinión, un mínimo conocimiento de lo que fue este conflicto entre hermanos. Y esta es mi humilde contribución para lograr este fin.
 

Nuestra Guerra Civil fue una lucha armada entre clases sociales, entre obreros y campesinos, y propietarios del capital y de la tierra, industriales y grandes terratenientes. Los sectores más desfavorecidos del proletariado industrial y agrícola, en los primeros compases de la guerra vieron abierta la vía de la revolución, de la lucha armada en defensa de sus intereses, y como reacción al golpe militar, aprovecharon la situación para tratar de eliminar las elites económicas y socializar los factores de producción por la fuerza. Por el otro bando, y una vez que el golpe se estabilizó, se produjo el encarcelamiento, tortura y eliminación de sindicalistas, anarquistas, socialistas y comunistas en las zonas de España bajo el control del ejército sublevado. De tal modo que en el conflicto bélico podemos encontrar dos fuerzas diferenciadas por las clases sociales que llevaron la iniciativa y la financiación; el bando republicano, izquierdista, socialista, libertario y campesino, y el bando de militares sublevado, apoyado por las clases altas y la iglesia que veían peligrar sus privilegios por las políticas republicanas. Las clases obreras y campesinas vieron en el golpe militar la oportunidad de realizar la revolución para instaurar un régimen comunista, su objetivo fue acabar con la sociedad de clases a través de la dictadura del proletariado, realizando el proyecto marxista que ya se había logrado en la Unión Soviética. En contra de esta revolución se situaron los afines al bando nacional, monárquicos, fascistas y católicos, apoyados por los propietarios del capital y la tierra, que lucharon por el mantenimiento del “status quo”.
 

El conflicto también enfrentó a los católicos contra el régimen secular republicano, una guerra por las armas desde los primeros momentos de la contienda, con la eliminación de religiosos y quema de conventos, iglesias y escuelas católicas, por parte de milicias socialistas, comunistas y anarquistas, y la reacción de los sectores ultracatólicos de la sociedad representados en la Comunión Tradicionalista y Falange con sus propios grupos paramilitares, que se posicionaron hombro con hombro junto a los militares sublevados, tratando igualmente de eliminar al contrario. La Guerra Civil fue calificada como una “cruzada” por la jerarquía católica española que no dudó en defender a Franco ante el Vaticano y la comunidad internacional.
 
 
Los nacionalismos catalán y vasco adquirieron desde muy temprano gran relevancia en el desarrollo del conflicto. El bando “nacional” encontró un motivo para el levantamiento en el progresivo desmantelamiento de la nación y su fragmentación territorial que representaba para ellos el modelo territorial reconocido en la Constitución de 1931. La España republicana era un Estado Integral, fórmula intermedia entre Estado Unitario y Estado Federal, donde los territorios que así lo decidieran podrían constituirse en regiones autónomas dotadas de su propio autogobierno y Cortes. La aprobación del Estatuto de Cataluña, que, en su anteproyecto, artículo 1º, establecía “Cataluña es un Estado autónomo dentro de la República española”, fue rechazada de plano por los sectores sociales y políticos que apoyaron y combatieron junto a los militares rebeldes. La Generalidad de Cataluña, en su deriva independentista, hizo la guerra “por su cuenta” lo que supuso la descoordinación de las operaciones militares republicanas, favoreciendo el avance de los nacionales hacia Madrid. Al acabar la guerra el propio presidente de la Generalidad, Lluís Companys fue sentenciado a muerte tras ser capturado en Francia y entregado a la policía española por la Gestapo nazi. Durante el conflicto bélico se produjo un choque del nacionalismo español a ultranza de los generales rebeldes, la Falange y los Carlistas, contra el nacionalismo periférico de territorios que querían ser independientes o autónomos, como País Vasco y Galicia, o que ya habían obtenido este reconocimiento por parte de la República, caso de Cataluña.
 

El golpe fallido de julio del 36 desembocó en una lucha armada por la democracia, la Republica y el orden constitucional vigente, frente a un “nuevo estado”, como lo llamaron los rebeldes, monocrático, gobernado por Franco con poderes absolutos, cesarista, donde se cultiva la adoración del Caudillo al más puro estilo fascista. El dictador fue nombrado en septiembre del 36 por la Junta de Defensa Nacional como “Jefe del Gobierno del Estado” y “Generalísimo de las fuerzas nacionales de tierra, mar y aire”, pero la dictadura había comenzado cuando se constituyó esta Junta, en julio, compuesta por los generales Cabanellas, Saliquet, Ponte, Mola y Dávila, a los que se unirían, días después, Queipo de Llano, Orgaz y Franco, asumiendo este directorio militar por decreto los poderes del Estado y la representación del país en el exterior, al tiempo que prohibía las manifestaciones políticas y sindicales y comenzaba a legislar mediante decreto.
 

En Europa se estaba produciendo el auge de los regímenes fascistas, el italiano con Mussolini y el nacionalsocialista de Hitler en Alemania, y por otro lado el comunismo se hacía cada vez más fuerte en el Este de Europa bajo la tutela de Stalin. Estas ideologías enfrentadas encontraron un escenario de confrontación, antes de la Segunda Guerra Mundial, en una España partida en dos que les permitió ensayar sus armas y estrategias militares en una guerra total, ante la mirada impasible de las otras potencias europeas, Francia e Inglaterra. Franco contó con el apoyo de Hitler y Mussolini que le enviaron aviones, armas y tropas, y la República compró con el oro de las reservas nacionales las armas, aviones, tanques, y el asesoramiento militar y político soviético, mientras el Partido Comunista movilizó las Brigadas Internacionales trayendo a España a las juventudes comunistas de diversas partes del mundo para combatir el fascismo.
 


Aquellas fueron, a grandes rasgos, las circunstancias históricas y sociales que acompañaron al desarrollo de la contienda y al final que todos conocemos, una dictadura de más de cuarenta años, superada tras la muerte de Franco por la vía pacífica, gracias al consenso entre sus herederos más reformistas y la oposición democrática. Juzguen ustedes ahora, estimados lectores, después de contrastarlas con otras fuentes, y compararlas con nuestra situación nacional, hasta que punto se puede argumentar con ellas objetivos políticos del siglo XXI.
 
 
Fernando M. García Nieto
 

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