Hoy se cumplen veintitrés años de la muerte de Julio Anguita Parrado, alcanzado por un misil mientras realizaba labores de corresponsal de guerra durante la invasión de Irak, llevada a cabo por Estados Unidos y secundada por otros países, entre ellos España, bajo el Gobierno de José María Aznar. “Malditas las guerras y los canallas que las hacen” fue la frase pronunciada por Julio Anguita.

Ahora la historia se repite en Irán. Nada hay más contrario a la salud que las guerras, que causan centenares de miles de muertes directas y dejan a las poblaciones en situaciones de extrema vulnerabilidad ante posibles enfermedades.

En la otra cara de la moneda, hoy, 7 de abril de 2026, se celebra el Día Mundial de la Salud, establecido por la OMS, que promueve una campaña en la que hace un llamamiento a los gobiernos, a los científicos, a los trabajadores de la salud y a la ciudadanía para que apoyen los hechos y las orientaciones basadas en la ciencia, protejan la salud, reconstruyan la confianza en la salud pública y respalden las soluciones científicas para un futuro más saludable.

Luchar por reconstruir la confianza en la salud pública es lo que hace la plataforma “Lucena por Hospital”, que ayer pidió el apoyo de la ciudadanía convocando una concentración en la plaza de San Juan de Dios, ante las puertas del edificio que hace más de cincuenta años albergó el último hospital en Lucena.

Lucena es el municipio más grande de la provincia, con más de 43.000 habitantes, superando en más de un 40% al siguiente. Lucena merece y necesita un hospital.

La concentración no fue muy masiva, pero como señalaba el portavoz de la plataforma, el número de lucentinos y lucentinas identificados con el objetivo de conseguir el hospital no puede medirse solo por los allí presentes. Luchar por un hospital es luchar por una sanidad pública y de calidad (hospital privado ya tenemos).

Fue emotivo escuchar el lamento de una chica que había perdido a su amiga, víctima de los cribados de mama, por un diagnóstico tardío; y el grito de una mujer desesperada con su enfermedad, que tenía que esperar hasta diciembre para una cita con la especialista.

Y esto no son errores médicos ni casos puntuales: es el fallo de un sistema sanitario descuidado por un gobierno del Partido Popular, presidido por Juan Manuel Moreno Bonilla. Una falta de asistencia que genera muerte y dolor, y que castiga especialmente a la población más débil.

Porque vivir en una zona de renta alta o baja —es decir, ser rico o pobre— tiene consecuencias directas para la salud. En las grandes poblaciones, los centros de salud situados en los barrios donde las familias tienen rentas en el 25% más pobre presentan tiempos de espera mucho mayores que los de los barrios situados en el 25% más rico.
Hay varias causas que explican este hecho. En los barrios pobres no existe la posibilidad de acudir a un centro de salud privado: no pueden costearlo, y eso genera mayor presión sobre el servicio público. En los barrios ricos, en cambio, pueden pagarse un seguro privado y acudir directamente al especialista sin pasar por el médico de cabecera.

Además, en las zonas de mayor renta la alimentación, la movilidad y el tipo de trabajo son mejores, lo que se traduce en una mayor calidad de vida y mayor esperanza de salud.

La gente con menos recursos participa menos en las elecciones, lo que genera menor presión sobre los políticos para incrementar la inversión pública en sus barrios. Se produce así un círculo perverso: más pobreza, menos inversión, menor participación política, menos compromiso institucional… y más desconexión del sistema político.
Tenemos dos caminos: hacernos ricos o luchar por nuestra salud.

Tenemos un arma poderosa: nuestro voto. Y el día 17 de mayo podemos usarla. Quien pueda hacer, que haga.

José Antonio Sánchez Jiménez

Consultar el diccionario es una sana costumbre, tanto o más que hacer deporte o seguir la dieta mediterránea en lugar de rendirse al sedentarismo y la comida basura. Mens sana in corpore sano. Curiosear en la palabra cotidiana “meme” depara la sorpresa de aludir, en primera instancia, al “rasgo cultural o de conducta que se transmite por imitación de persona a persona o de generación en generación”. Y a continuación, una definición más acorde con su utilización en el ámbito de las redes sociales: “imagen, video o texto, por lo general distorsionado con fines caricaturescos, que se difunde principalmente a través de internet”.

La primera acepción sitúa ciertas tradiciones al margen de la creatividad, el pensamiento crítico y, en cierta medida, el progreso social, una especie de renuncia colectiva que aleja al “homo” del “sapiens”. La imitación es un mecanismo propio de individuos con una merma de personalidad sacrificada en aras de la pertenencia gregaria a un determinado grupo o el seguidismo ciego a terceras personas (véanse las tiranías de la moda o de los influencers). Aunque pudiera parecerlo, los términos “meme” y “memo” no comparten etimología.

La memez es una característica compartida por quienes se aferran al meme para justificar conductas y tics culturales de complicado encaje en una sociedad demócrata y por quienes difunden memes con perversos fines ideológicos a través de internet. Un miraje semántico parece unir al memo con el meme, idea reforzada por los perfiles de quienes comparten esta práctica y de quienes se valen de ellas y ellos para convertir en tradición la detestable cultura del odio y la violencia como viene siendo práctica habitual en los medios y las redes.

Construir un meme es de una simpleza que bordea la estupidez, ajustada a la mente de quienes lo crean y lo replican, gentes cortas de pensamiento y precario raciocinio. Amén de amenazas y cadáveres, el memo Trump crea memes a diario sobre inmigrantes, mujeres, personas LGTBI o musulmanes que son replicados a nivel global por mentes de desarrollo inestable. En España lo hacen neandertales como Ayuso o Feijóo y cromañones como Abascal o Alvise y luego son replicados por hordas de ultraderecha en forma de pintadas en fachadas y mobiliario urbano o cánticos en los estadios de fútbol antes y después del “lo, lo, loolo, lololo, lolo, lololo, lo, lo…”, un himno cutre a la altura de sus embrutecidos credos.

Es para echarse a llorar cuando se escucha a personas, presuntamente mayores de edad y con supuestos estudios superiores, armar ripios como “que te vote chapote” (pegadizo y tóxico como el reguetón) o recurrir a la picardía infantiloide de un “me gusta la fruta” para tapar un “hijo de puta” ladrado en sede parlamentaria a quien ostenta la Presidencia del Gobierno. De Ayuso y Feijóo no se puede esperar más. De parte de sus seguidores y sus votantes, tampoco. Abascales y Alvises no llegan ni a eso: lo suyo es el odio y los insultos.

Es para echarse a llorar ver a pandillas doceañeras, móvil en la diestra, bebida energética en la siniestra y vapeador rulando de mano en mano, capaces de integrar en una sola frase vocabulario machista, xenófobo, homófobo y racista (aprendido en casa, internet, letras de reguetón y otros etcéteras). Son rasgos culturales y conductuales transmitidos de unos a otras a imitación de lo más deleznable de las generaciones que les preceden y que difunden en sus redes sociales. Es un síntoma más del fracaso de una sociedad abocada al desastre por quienes utilizan los memes para embaucar, con el perverso objetivo de cosechar votos y utilizar el poder para suprimir los derechos cívicos de toda la sociedad, sean memos o no.

Pepe Morales

Que los fenómenos meteorológicos ya no son como eran se trata de una evidencia indiscutible. En España, al menos en el sur, la primavera y el otoño apenas nos aguantan cuatro o seis semanas, si alcanzan las ocho semanas, nos produce extrañeza; los restantes ocho o diez meses se los reparten el verano y el invierno.

Los periodos de calor cada vez son más frecuentes y los de calor extremo, más prolongados. En los ciclos de sequía, que siempre los hubo y los habrá, se aprecian fluctuaciones en sus intervalos de regularidad. Las lluvias, con incidencia nacional, no son aquellas tardes idílicas contempladas a través de la ventana al calor de la lumbre, sino auténticos diluvios universales, que caen a plomo, como si los cerrojos de las esclusas de los cielos hubieran reventado o el dios que fuere los hubiera descorrido con no poco ánimo vengativo o aleccionador. Son lluvias destructivas, arrolladoras, que no distinguen entre creyentes e infieles y circulan ineluctables, o se filtran por las tierras permeables, cargando y recargando los acuíferos hasta hacerlos brotar o manar, colmadas sus bolsas subterráneas. Y, sin embargo, las administraciones del Estado, muchas de las cuales no dejan de predicar sobre el cambio climático, la ecología, los gases emitidos a la atmósfera y hay que ver cómo estamos destruyendo el planeta y qué le vamos a dejar a nuestros hijos; esas mismas administraciones del Estado, cuando se produce la catástrofe por lluvias, la califican de fuerza mayor, inevitabilidad que les permite eludir la responsabilidad. Cierto que es muy escaso el margen de contención, casi nulo, frente a la fuerza de la naturaleza, que todavía la vanidad humana desprecia o se cree, ilusa, avezada para combatir en igualdad de condiciones.

Un ejemplo se puede observar en los cauces de los ríos. Basta con un placentero recorrido por sus tramos rurales, para descubrir cómo en los cauces (no en las márgenes o en las orillas) han germinado auténticos ecosistemas vegetales, que se han convertido, a un tiempo, en refugios ornitológicos. A ello, se suma la sedimentación propia del arrastre de la corriente. El resultado manifiesto es la desaparición del cauce, sobre todo, en las zonas llanas, donde la repercusión de la sedimentación es más propicia; o es un elevado nivel de obstrucción. El agua, en definitiva, su corriente, se queda sin caja por la que circular, y desborda e inunda las tierras, los muebles y los inmuebles circundantes, así como aquellos que, por efecto de las pendientes, se cruzan a su paso. La desaparición o la desmedida reducción del cauce no es un estado inmutable, se puede revertir; de hecho, requeriría el simple control, mantenimiento y limpieza del cauce en cuestión. Y aquí sí que se topa con el verdadero obstáculo.

El dominio hidráulico intercomunitario es competencia de las Confederaciones Hidrográficas, el intracomunitario, de las Comunidades Autónomas, si ostentan las competencias, o del Ministerio, en caso contrario. El dominio hidráulico, en definitiva, es público. Es el dominio público hidráulico. El problema radica en que las administraciones y organismos públicos competentes para actuar sobre el dominio público hidráulico, y, por ende, para actuar sobre los cauces de los ríos, lo hacen por omisión, proceden por inactividad, que es la hermanastra del desinterés, al amparo del conocido como principio del estado natural o de la condición natural, que es el padrastro de la responsabilidad evitada. Que el cauce de un río quede obstruido o desaparezca en la práctica, a base de sedimentos (que incluyen todos los restos de materiales arrastrados) y de auténticos vergeles, dejando a sus aguas sin caja o camino por el que circular, no es consecuencia, entonces, del abandono del cauce, por falta de mantenimiento y limpieza, sino que es consecuencia de su estado natural. Tecleado de otro modo, es la propia naturaleza de los cauces fluviales, que al final quedan obstruidos o desaparecen, la que tiende a la sedimentación y la germinación de vergeles descontrolados. Luego, con los desbordamientos e inundaciones, quedan destrozadas las explotaciones agrícolas, por las que no lloramos, o lloramos menos, al cabo, son cultivos, claro… Aunque no pensará igual el agricultor que pierde su cosecha. Agricultor que acude a la Justicia (otra administración del Estado), reclamando la responsabilidad patrimonial de la administración, y le responde, como en la Sentencia de la Audiencia Nacional de 9 de febrero de 2024: «La administración deja constancia de que un río es una formación de tipo natural, la cual no sólo vehicula las avenidas y la carga sólida, sino que, además, tiene una función ambiental y de reserva de la fauna asociada […].

Como ya se ha indicado, dichas inundaciones se producen de manera natural y forman parte de la dinámica del río, ya que el río, en esta parte baja de vega, ya en su parte final, hasta su desembocadura, en el río Genil, tiene tramos con muy escasa capacidad de evacuación, al ser zonas de depósito de tierras, dada su escasa pendiente». Y ahí te las apañes, y sin obviar que también suele surgir la monserga de la fuerza mayor, como exclusión de la responsabilidad administrativa. Pero, si un río o un arroyo se desbordan con frecuencia inferior a diez años, puede que se deba a la incapacidad de su cauce para soportar el curso de las aguas, por su proceso de reducción ininterrumpida. Si la intensidad de las precipitaciones es causa de fuerza mayor, puede que su frecuencia transforme lo extraordinario en ordinario.

Esto en terreno rústico. En terreno urbano, la trama se complica, con los conflictos de competencias con los ayuntamientos y diputaciones. Después, será el turno de la tragedia y del lamento. Y será el turno de la foto y del careto de circunstancias. Y será el turno de la promesa y de la subvención. Y será el turno de aguardar a la próxima. Porque dónde se invierte (désele un sentido eufemístico al vocablo) el dinero público lo atestiguamos cada día por los medios de comunicación. Mientras, los médicos han de convocar huelgas, las carreteras gastan unos socavones vergonzosos, los muretes se derrumban y, por desgracia, los raíles ferroviarios se quiebran y desprenden, pues, si se liberaliza el sector y se multiplica el tráfico, deberá multiplicarse el control y el mantenimiento, lo cual significaría que las administraciones públicas del Estado asumirían al completo sus deberes, obligaciones y responsabilidades, escenario que, realmente, no es su estado natural.

Julián Valle Rivas