La Corporación municipal aprueba multar a las entidades financieras propietarias de viviendas que no recurran a la vía judicial para desalojar okupas

El pleno del Ayuntamiento de Lucena, en su sesión ordinaria correspondiente a febrero celebrada este martes 25, ha aprobado una propuesta del grupo municipal de Ciudadanos, respaldada por PSOE y PP y con el voto en contra de Vox e IU,  por la cual el Consistorio creará una mesa de trabajo que analizará los casos de ocupación ilegal de viviendas para, en caso de que sean propiedad de entidades financieras, multar a éstas si no han emprendido acciones legales para echar a los okupas.

 

 

En la exposición de motivos, se justifica la imposición de dicha sanción en que la mayoría de viviendas okupadas pertenecen a entidades bancarias y son las que más problemas vienen generando  al vecindario sirviendo de ejemplo las de la calle Mediabarba o calle Pedro Izquierdo.

 
La  imposición de multas a las entidades propietarias de viviendas okupadas se basarán en informes realizados por los técnicos municipales y la Policía Local que pudieran acreditar la situación de habitabilidad de las mismas o las condiciones higiénico sanitarias en las que se encuentran, según explicó el portavoz de Ciudadanos, Jesús López.

 

 

El Partido Popular anunció su voto a favor de la propuesta, matizando su portavoz Francisco Aguilar que la citada mesa de nueva creación “le va a hacer el trabajo” al equipo de gobierno que es el responsable de garantizar y vigilar la disciplina urbanística, pero que aun así desde la mesa “contribuiremos” a que el gobierno municipal ejerza la función que le corresponde.

 

 

Por su parte, el concejal delegado de Urbanismo, César del Espino, adelantó también el apoyo del grupo municipal socialista a la moción de Ciudadanos, si bien precisó que la mesa en cuestión “no va a hacer el trabajo de los técnicos municipales, que ya hacen su labor “de oficio”. La mesa de trabajo tendrá un carácter “global”, porque no tratará sólo de la disciplina urbanística sino que abordará igualmente la seguridad ciudadana y el bienestar social, con el propósito integral de resolver el problema de la ocupación ilegal de viviendas en nuestra ciudad que “amarga la vida a los lucentinos”, aseguró Del Espino, quien reconoció a renglón seguido que para resolver tal problema “la administración tiene las manos atadas hasta que no haya una ley”.

 

 

El portavoz de Izquierda Unida, Miguel Villa, comunicó en su primera intervención que votaría a favor de la moción naranja, aunque vino a distinguir entre okupas malos y okupas buenos, siendo los malos las bandas criminales que okupan los pisos para realizar allí sus actividades delictivas o para alquilarlos a otros okupas, mientras que los okupas buenos son aquellos que ocupan porque viven una “situación desesperada”.

 

 

Sin embargo luego, en un segundo turno de palabra, Miguel Villa dio un giro inesperado y dijo que votaría en contra, esgrimiendo que la moción de Ciudadanos pretendía sancionar atendiendo a criterios como la salubridad o el estado de conservación de las viviendas criminalizando a todos los okupas sin distinción, lo cual rechaza IU.

 

 

Desde Vox, su portavoz Antonio Hidalgo defendió el voto de rechazo de Vox a la propuesta de Ciudadanos, pues estando de acuerdo con que hay que acabar con la ocupación ilegal, Vox se opone a sancionar a las entidades propietarias, y prefiere que el Ayuntamiento les aperciba por escrito si no inician la vía judicial para desalojar a los okupas. La formación verde apuesta por amparar al propietario y responsabilizar al okupa y reclama urgentemente una ley antiocupación, según dijo Antonio Hidalgo.

 

 

En una nueva intervención, el portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, Jesús López, señaló que la mesa de trabajo llegará “donde no llega el equipo de gobierno” porque “no ha visto el problema” o “se ha puesto de perfil”, y lamentó tanto el “teatrillo” de Miguel Villa para justificar el cambio repentino de voto de IU, pasando del sí a la moción al no, como el voto contrario de Vox al que López acusó de “ponerse al lado de las entidades propietarias de las viviendas”.

La moción salió adelante con los votos favorables de Ciudadanos, PSOE y PP y el voto en contra de Vox e Izquierda Unida.