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May 31, 2024
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El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha asegurado, durante su intervención en el Parlamento, que “la Junta de Andalucía se compromete a poner en marcha el Centro Hospitalario de Alta Resolución de Lucena, incluido en el Plan de Infraestructuras Sanitarias 2020-2030, cuyo coste previsto es de algo más de 26 millones de euros”.
En respuesta a una pregunta oral del Grupo Adelante Andalucía sobre las previsiones de la Consejería de Salud y Familias de concertar el hospital privado de Lucena, Aguirre ha puesto de manifiesto que “ningún paciente del Sistema Sanitario Público de Andalucía ha sido derivado al hospital privado de Lucena ni existe ningún contrato en vigor con dicho centro, ya que en la actualidad prestamos toda la asistencia hospitalaria desde el Hospital Comarcal Infanta Margarita de Cabra”. No obstante, “en el caso que fuera necesario por el aumento de los casos por COVID-19 o para accesibilidad de listas de espera, se les ofertará”, ha puntualizado.
Jesús Aguirre ha recordado que “la apuesta del Gobierno andaluz en materia sanitaria con la ciudad de Lucena es clara y contundente, ya que, en 2020, en Atención Primaria, se han destinado 182.259,74 euros para actuaciones de mejora en el Centro de Salud de Lucena y, en cuanto a Atención Hospitalaria, vamos a reactivar el proyecto del Centro Hospitalario de Alta Resolución de Lucena, abandonado hace años”.
En este sentido, el consejero ha indicado que “el 13 de noviembre de 2018, se firmó un Protocolo entre el Servicio Andaluz de Salud y el Ayuntamiento lucentino para la construcción del hospital, con una declaración de intenciones por ambas partes”. “La Consejería de Salud y Familias asume la parte que le corresponde, pero la circunstancia que condiciona el desarrollo del proyecto es la existencia de una línea de alta tensión dentro de la parcela que tiene el compromiso de desplazarla, en virtud de dicho protocolo, el Ayuntamiento”, ha afirmado.
Por tanto, en palabras de Aguirre, “le hemos pedido al Ayuntamiento que lo lleve a cabo lo antes posible, además de hacerse cargo de la comprobación del resto de acometidas, instalaciones de suministro de servicios y accesos, para poder comenzar con el proyecto de obra”.
Mientras tanto, “estamos avanzando en el proceso de licitación de las obras que quedarán supeditadas a la retirada de la línea de alta tensión por parte del Ayuntamiento”. El titular de Salud y Familias ha estimado que “los plazos aproximados previstos son: 2 meses para la preparación del expediente de contratación administrativa; 7 meses para el desarrollo del procedimiento de adjudicación; 2 meses para el replanteo y comienzo de la obra; y 36 meses para la ejecución de la misma”. En paralelo, “se tramitará la contratación del suministro e instalación del equipamiento, así como de los equipos y dispositivos médicos”.
El Plan Funcional del futuro centro hospitalario contempla la dotación de 20 habitaciones individuales en unidad polivalente; 2 quirófanos; 19 módulos de especialistas, que incluyen salas de exploraciones y curas; y un Área de Radiodiagnóstico con RX convencional, ecógrafo, TAC y mamógrafo. “Los lucentinos contarán con un centro de urgencias avanzadas que acercará servicios a la población y ofrecerá urgencias”, ha concluido.
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El diputado provincial de VOX, Rafael Saco, ha mostrado su apoyo al voto en contra del grupo municipal de dicha formación política en el pleno del Ayuntamiento de Lucena, celebrado este martes 30 de marzo, a la aprobación del IV Plan de Igualdad de la ciudad, elaborado por la Delegación de Igualdad y Diversidad, junto al CIM de Lucena (Centro Municipal de Información a la Mujer) “porque no queremos que siga imponiéndose un adoctrinamiento sistemático a nuestra infancia y juventud, y la sociedad en general con dogmas de la izquierda, ni estamos de acuerdo con la discriminación positiva hacia la mujer por el hecho de serlo que impregna el documento, a lo que se suman conceptos como la agenda ideológica 2030 o la brecha salarial que nuestro grupo no comparte”.
Además, VOX tiene claro y rechaza frontalmente “la intención de puro adoctrinamiento ideológico escondido tras las medidas que propone este plan IV Plan de Igualdad de Lucena, en el que aquellas que se salen de su ideario no son bienvenidas”, explica Saco.
Vox considera que el contenido de este documento “lo único que busca es confrontar a hombres y mujeres, puesto que para nosotros en España ya existe la igualdad real y está garantizada por Ley”. Concluye Saco señalando que “en contra de la tesis de la izquierda, no aceptamos la colectivización y utilización partidista que se hace de la mujer a través de herramientas como ésta en nuestra ciudad”.
Por su parte, Jesús Gutiérrez, concejal de Vox en el Ayuntamiento de Lucena, argumenta su rechazo a este plan afirmando que “para nuestro grupo, la verdadera libertad e igualdad se consigue con la integración profesional de toda persona, y teniendo en cuenta que los 23 años transcurridos desde el primer plan hasta esta cuarta edición, dan como resultado un 66% de desempleo femenino en nuestra ciudad a día de hoy, es una muestra de la ineficacia de planes como estos que se quedan en mera teoría ideológica”.
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El Ayuntamiento de Lucena, en un pleno extraordinario celebrado este lunes, ha aprobado una nueva licitación del servicio de ayuda a domicilio con un presupuesto de partida que fija en 15,17 euros (IVA incluido) la hora de servicio de lunes a sábado y en 17,30 euros la hora en domingos y festivos.
Los pliegos aprobados en Pleno, con el voto favorable de PSOE, PP, C`s y Vox y el voto en contra de IU, establecen un montante total para este contrato de 3.809.540 euros anualmente, un 22% más que el contrato vigente –que recoge el pago por hora en 12,48 euros y un coste anual aproximado de 3.116.000 euros— para una previsión global de 249.788 horas de servicio. La licitación marca un plazo de ejecución del servicio de 2 años, con posibilidad de establecer dos prórrogas de un año.
En esta nueva licitación, el Ayuntamiento lucentino propone como mejoras en el servicio, además de la citada subida económica, la ampliación hasta 500 horas del servicio de fisioterapia y 300 horas de psicología, permitiendo que estos servicios den respuesta tanto a usuarios como a trabajadoras. Igualmente se incrementa hasta 3.000 el número de comidas a sufragar por la empresa adjudicataria para atender a usuarios de especial vulnerabilidad económica o por necesidad temporal.
Asimismo, otra novedad viene dada por la ampliación de las funciones de las personas coordinadoras del servicio, que asumirán a partir de ahora la nueva labor de facilitar a través de dispositivos móviles la comunicación telemática entre usuarios y sus familiares en caso de mantenerse aislados o cuando el contacto no sea posible, reduciendo así las cuotas de soledad.
En atención a los medios de comunicación posterior al Pleno, la concejala de Servicios Sociales y Salud, Carmen Gallardo, ha explicado que el proceso de contratación relega hasta el 25% el peso de los criterios de oferta económica, otorgando mayor porcentaje de valoración a la memoria técnica en aras de “procurar una adjudicación que preserve la calidad del servicio y las condiciones de la plantilla por encima de los argumentos estrictamente económicos”.
En este sentido, la edil ha señalado que “el interés común de todos los grupos municipales favorables a este contrato consiste en la mejora del servicio que recibirán los usuarios y la mejora de las condiciones laborales del conjunto de las trabajadoras”, subrrogadas al nuevo contrato, que se ha aprobado con una previsión de mejora salarial de hasta el 5% para atender así las modificaciones del convenio colectivo o la subidas del salario mínimo interprofesional que puedan surgir durante el periodo de vigencia del contrato.
La licitación coincide en el caso de Lucena días después de la publicación en BOJA del nuevo precio para el servicio de ayuda a domicilio a pagar por la Junta de Andalucía a los ayuntamientos. La cantidad de estos convenios se ha fijado en 14,60 euros por hora, de modo que la nueva contratación parte con una previsión por parte municipal de 162.636 euros anuales, si bien la cantidad final vendrá marcada por el precio de adjudicación.
Una vez aprobado en Pleno, los pliegos administrativos y técnicos del contrato se publicarán en los próximos días en la Plataforma de Contratación del Sector Público a disposición de las empresas interesadas. Las previsiones municipales sitúan en el final del verano la posible fecha de adjudicación del nuevo contrato.
Posteriormente, con el visto bueno del Pleno, se impulsará la creación de una mesa de trabajo con la participación de los grupos municipales que sirva de intermediaria entre las trabajadoras y la empresa que resulte adjudicataria a efectos de analizar los posibles escenarios de remuneración salarial, así como la realización de una auditoria anual del servicio, mediante firma externa contratada por Servicios Sociales, para hacer seguimiento del grado de cumplimiento del contrato.
Actualmente, el servicio de ayuda a domicilio en Lucena lo presta la empresa Servisar, que lo hace mediante la fórmula de prórroga forzosa desde 2019 porque hasta en dos ocasiones el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Andalucía ha rechazado, a instancia de los recursos presentados por la patronal y empresas del sector, las contrataciones iniciadas por el Ayuntamiento por incluir entre los criterios de adjudicación “la mejora salarial”.
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La mesa de trabajo municipal creada para abordar la problemática de la ocupación de viviendas en Lucena ha adoptado sus primeras decisiones tras analizar los informes de diagnóstico aportado por las concejalías de Servicios Sociales, Urbanismo y Seguridad Ciudadana, según ha avanzado el presidente de la comisión, el concejal Jesús López (Ciudadanos).
En reunión celebrada ayer jueves, esta comisión especial constituida por representantes de los grupos políticos y técnicos municipales ha acordado la creación de un servicio de asesoría jurídica a disposición de los vecinos afectados por la ocupación ilegal de viviendas y el encargo de informes de salubridad de diferentes edificios de viviendas en las calles Mediabarba y Huertas.
Asimismo, se decidió solicitar la incorporación a esta mesa de trabajo de un representante de Policía Nacional, por ser el cuerpo de seguridad con más competencias en este asunto y por su mayor grado de conocimiento de la situación real, y un representante de la Federación de Asociaciones de Vecinos.
Respecto a las viviendas sociales gestionadas en el municipio por AVRA (la agencia andaluza de la vivienda), desde el Ayuntamiento lucentino se solicitará la actualización de su parque de viviendas para poner solución a las viviendas de su titularidad actualmente ocupadas, con el objetivo último de que estas viviendas puedan ofertarse a las familias oficialmente inscritas en el registro de demandantes de vivienda protegida.
Estas primeras medidas surgen de “nuestra preocupación por los conflictos de convivencia que están surgiendo entre vecinos en algunas zonas como la calle Mediobarba”, ha asegurado el presidente de la comisión, que ha instado a los grupos políticos a presentar “nuevas medidas” para que puedan ser estudiadas en la próxima reunión, prevista para el mes de abril.
Según los informes técnicos elaborados por las concejalías, en la actualidad Servicios Sociales viene haciendo un seguimiento de 24 familias que viven en viviendas ocupadas, mientras que desde Policía Local han contabilizado 17 puntos con problemas de convivencia que han requerido de la presencia de los agentes, que en los últimos meses han evitado hasta 4 ocupaciones más.
Con todo, Jesús López ha asegurado que se seguirá trabajando “para conocer el censo real de viviendas ocupadas”, al tiempo que ha querido matizar que “no todas las ocupaciones proceden de actividades delictivas”, pues “en algunos casos son familias que pasan por dificultades económicas provisionales” que nada tienen que ver “con grupos organizados que sin rubor actúan claramente desde el delito vendiendo incluso viviendas previamente ocupadas”.
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En la tarde de ayer, la totalidad de los grupos políticos de la oposición del Ayuntamiento de Lucena han mantenido una reunión con los representantes sindicales de la Policía Local del municipio, a instancia de los mismos.
Viejas reivindicaciones, compromisos incumplidos, el absentismo que sufre el cuerpo o el incumplimiento de los mínimos en diferentes turnos han sido, de nuevo, las demandas que la Policía Local ha manifestado a los portavoces, sin que todo ello, según los representantes policiales han reconocido, haya mermado la garantía de la seguridad ciudadana en Lucena.
Los problemas con el cuerpo local de Policía llevan enquistados una década sin que el equipo de gobierno socialista haya hecho nada que resuelva un conflicto que esta suponiendo un deterioro evidente de las condiciones de trabajo de estos empleados públicos y de cara a la prestación de sus servicios, señalan conjuntamente Izquierda Unida, Partido Popular, Ciudadanos y Vox.
Por este motivo, la oposición en bloque se ha unido para afrontar el problema. Tras las reuniones mantenidas no solo con la Jefatura del Cuerpo de la Policía Local, sino también con el personal técnico y el concejal delegado de Seguridad, José Pedro Moreno Víbora, los portavoces de la oposición reconocen que las versiones no solo no coinciden, sino que distan mucho de alcanzar posturas intermedias que favorezcan nuevos acuerdos.
En la reunión de este martes 2 de marzo, uno de los puntos más significativos fue el preocupante absentismo laboral que actualmente sufre el cuerpo. En estos momentos, son unos veinte los agentes que se encuentran en situación de baja laboral, lo que supone una merma de un 30% de la plantilla.
Hecho al que se suman las próximas jubilaciones, así como la falta de incorporación de nuevos agentes al cuerpo local. Situación que, de no resolverse de inmediato, sí que podría llegar a provocar problemas de seguridad en Lucena y sus aldeas y que preocupa enormemente a los miembros de la oposición.
En este conflicto entre Policía Local y equipo de Gobierno (PSOE) subyace el problema de la Valoración de los Puestos de trabajo y la renegociación de un nuevo Convenio Marco. Hechos que manifiestan la anomalía en la gestión de personal, asunto que este Ayuntamiento arrastra desde hace una década y que el equipo de gobierno no soluciona a pesar del tiempo transcurrido.
Por todo ello, y tras una década esperando que el equipo de gobierno resuelva y ponga fin a un conflicto que pone en riesgo algo tan fundamental en un estado del Bienestar, como es la seguridad ciudadana, todos los grupos políticos de la oposición se han comprometido con los representantes sindicales a emplazar al Alcalde, Juan Pérez, y al Delegado de Seguridad, José Pedro Moreno, para mantener una reunión urgente con los representantes sindicales y jefatura de la policía local, técnicos, así como los portavoces de los cinco grupos políticos que conforman la Corporación municipal con el fin de desbloquear de una vez por todas el conflicto entre el Ayuntamiento y su Policía.
Desde la oposición esperan que, de una vez por todas, y con el respaldo y asesoramiento de la propia oposición, el equipo de Gobierno consiga desbloquear "una pésima gestión política" que se ha alargado demasiado en el tiempo y que afecta al personal al servicio del Ayuntamiento.
De igual modo, los portavoces locales han señalado que de no haber voluntad por parte del Alcalde y su Delegado de Seguridad, éstos se reservarían todas las acciones políticas que sean de su competencia para promover, facilitar e impulsar una solución definitiva a este conflicto laboral entre Policía Local y Partido Socialista.
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El Ayuntamiento de Lucena ha decidido favorecer la instalación de nuevas empresas en la localidad mediante la reducción de la Ordenanza reguladora de la prestación compensatoria por el uso y aprovechamiento de carácter excepcional del suelo no urbanizable.Así lo decidió anoche el Pleno municipal en su sesión ordinaria de febrero en apoyo de esas actividades empresariales que puedan estar interesadas, por su tipo de negocio o por su volumen, en establecerse en suelo no urbanizable del término municipal de Lucena. En concreto, la medida aprobada permitirá cobrar sólo el 0,1% --el mínimo permitido— de la tasa fiscal a la que están sujetas estas actividades empresariales de nueva creación, según fijan las ordenanzas municipales.
Este tema llegaba a Pleno para su debate como propuesta de la Concejalía de Urbanismo con un sistema de bonificaciones y reducciones fiscales por tramos, con una cuantía progresivamente mayor en función del número de puestos de trabajo a crear por la empresa a instalarse. Ante este planteamiento, desde IU se propuso, como enmienda, unificar la tasa para todos los tramos, dejándola en ese 0,1%. Esta propuesta contó con los votos a favor de todos los grupos, a excepción del equipo de gobierno, que votó en contra por preferir sistema inicial.
En cualquier caso, todos los grupos se mostraron partidarios de apostar por incrementar las reducciones fiscales ya vigentes a satisfacer por el desarrollo de los proyectos de actuación urbanísticos, por entender que es una fórmula que puede derivar en la creación de empleo local, sobre todo en un momento de dificultades económicas generadas por la crisis sanitaria que también afectan a empresas que decidan desarrollar sus nuevos proyectos de negocio.
