El pleno de la Corporación municipal lucentina, en su sesión ordinaria de octubre, ha aprobado la regulación del derecho que asiste a los concejales de que el Ayuntamiento cubra los gastos de representación y defensa jurídica en los procesos judiciales penales en los que puedan verse implicados con motivo de su cargo público si contratan a título particular una defensa jurídica y no hacen uso del servicio jurídico externo contratado por el Ayuntamiento.