Los colectivos ciudadanos que reivindican mejoras sanitarias para Lucena y un hospital anuncian nuevas movilizaciones y denuncias contra la Junta si no les recibe en dos semanas y lamentan que el alcalde Fernández sea ninguneado por el PP

El grupo de colectivos ciudadanos que reivindican un hospital público para Lucena, y otras mejoras en los servicios sanitarios de la Junta en nuestra ciudad como un tercer equipo de Urgencias, convocará manifestaciones, cortes de carretera o encierros en los centros de salud si en el plazo de dos semanas no  les atienden en una reunión el delegado de Gobierno de la Junta en Córdoba, o el gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) o la gerente del Área Sanitaria Sur.

Así lo han anunciado esta mañana en rueda de prensa representantes de dichos colectivos, que por otra parte no renuncian a ser recibidos por la consejera de Salud, reunión solicitada por acuerdo plenario unánime de la Corporación municipal el pasado mes de abril y que, siete meses después y dos consejeras de Salud, la que había en ese momento y la actual, la Junta de Andalucía sigue sin concertar con el Ayuntamiento y los colectivos.

En nombre de los mismos, Francisco Salazar lamentó hoy que el proyecto de presupuestos autonómicos para 2025 presentado por el Gobierno andaluz sigue sin contemplar una partida específica para el hospital público lucentino, “un año más” sin que exista esa partida y van 17, según recordó Salazar.

Desde la agrupación integrada por la Plataforma Lucena por sus Necesidades Sanitarias, el Movimiento Ciudadano por la Convivencia, Bienestar y Derechos, el sindicato de Enfermería SATSE y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) rechazan además las pretensiones de la Junta de “revisar” el plan funcional aprobado hace años por la Administración autonómica para el hospital público proyectado en Lucena, intención anunciada en unas recientes declaraciones por “nuestra querida” delegada provincial de Salud, María Jesús Botella, afirmó Francisco Salazar, declaraciones en las que la delegada “dice mucho y nada, como siempre”. Revisar el plan funcional, precisó Salazar, es “empezar de cero” tras todo el dinero gastado en ese documento de trabajo que define y avala un hospital público en Lucena complementario al Infanta Margarita de Cabra y que atendería a 300.000 personas del sur de la provincia de Córdoba. En la reunión antes citada para la que dan un plazo de quince días a la Junta para que la fije, los colectivos pedirán al Ejecutivo regional que aclare lo sostenido por Botella sobre qué es lo que quiere hacer ahora la Junta con el plan funcional. “Que nos lo aclaren”, enfatizó Salazar.

Falta de presupuesto para las obras del hospital, retraso en un “soterramiento eterno” del cableado eléctrico que hay en la parcela destinada a la nueva infraestructura hospitalaria, o las Urgencias relegadas a un “zulo” en el Centro de Salud Lucena 1 en el Paseo de Rojas, son constantes que se mantienen año tras año desatendiendo con ello a Lucena en el ámbito sanitario, reiteran los colectivos.

Francisco Salazar agregó que los colectivos mantienen un contacto semanal con el alcalde de Lucena, Aurelio Fernández, el cual ofrece “una respuesta muy positiva”, pero que “no está siendo respetado por su partido”, que “de forma muy sutil está dando largas” al primer edil. Fernández es un alcalde “ninguneado” por el PP, según Salazar, que reconoció que así se lo ha dicho él mismo al propio regidor.

Este conjunto de colectivos se pregunta también porqué están sin uso los 1.000 metros cuadrados del sótano del Centro de Salud Lucena 2 en la Avenida de Santa Teresa, que podrían albergar otros servicios y liberar la planta superior para acoger las urgencias reforzadas además con un tercer equipo, en lugar de tener que utilizar para ello un segundo edificio como la Escuela de Hostelería.

Si finalmente, agotado el mencionado plazo de dos semanas, la Junta no se digna en reunirse con los colectivos, éstos tendrán que adoptar decisiones “importantes y dolorosas”, en el sentido de que les causará dolor tomarlas, pero que serán legales y efectivas, puntualizó Antonio Ranchal, del Movimiento Ciudadano por la Convivencia, Bienestar y Derechos. Amén de, como se indica más arriba, manifestaciones, cortes de carretera o encierros en los centros de salud, otra medida que se llevará a cabo dos días a la semana es informar a los ciudadanos a las puertas de ambos centros de salud del decreto de garantías del SAS, que estipula los plazos para que los usuarios obtengan citas médicas con especialistas, entre otras, y que si no se cumplen pueden dar lugar a denuncias por parte de la ciudadanía. Los colectivos prestarán ayuda a las personas que lo requieran para cumplimentar las denuncias que decidan poner por incumplimiento de plazos.

En este sentido, Francisco Salazar desmintió a la delegada de Salud María Jesús Botella, que en las referidas declaraciones realizadas hace escasas fechas aseguró que los lucentinos que piden citas médicas las obtienen y son atendidos en dos días, algo completamente falso, señaló Salazar.

Por su parte, Miguel Ramírez, de la Plataforma Lucena por sus Necesidades Sanitarias al igual que Francisco Salazar, quiso hacer dos recordatorios. Los colores del grupo de colectivos que luchan por mejorar la sanidad pública en nuestro municipio son el verde, el azul y el blanco, los de la bandera de Lucena. No tienen ni han tenido nunca ningún color político. Y por otro lado, continúo Ramírez, el argumento del PP, desde Javier Arenas al último concejal popular lucentino, de Jesús Aguirre, Salvador Fuentes o el presidente actual de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, ha sido el de crear un hospital público en Lucena que diera cobertura a toda la comarca.

Siguiendo con el PP, los colectivos no están de acuerdo con las tres excusas que dio el concejero de Justicia, José Antonio Nieto, cuando estuvo en Lucena para inaugurar los nuevos juzgados, para no construir un hospital en Lucena: que desde 2006, cuando se iniciaron las movilizaciones que lo reclaman, se han hecho inversiones de mejora en el Infanta Margarita; que también han mejorado las comunicaciones Lucena-Cabra, y que hay un hospital privado.

Los colectivos consideran que esto no es cierto, porque el hospital de Cabra “sigue saturado” y que ellos luchan por un hospital público, no uno privado. Por último, lamentaron “la falta de respeto a Lucena” de la Junta por no concretar una reunión con la consejera de Salud, y el desprecio del Gobierno autonómico a los medios de comunicación de Lucena a los que no se les permite preguntar cuando cargos de la Junta asisten a actos en nuestra localidad.