Los trabajadores disconformes con la valoración de puestos de trabajo en Aguas de Lucena desmienten a Carmen Beato y denuncian que se les pretende rebajar ilegalmente su salario base

El colectivo de trabajadores de la empresa municipal Aguas de Lucena que la semana pasada hicieron pública su disconformidad con el preacuerdo sobre una valoración de puestos de trabajo suscrito entre la consejera delegada de dicha entidad pública y concejal Carmen Beato, y el delegado sindical de la misma, de Comisiones Obreras, han respondido hoy a las manifestaciones realizadas sobre este tema en los últimos días y en la sesión plenaria de enero por Beato.

El citado colectivo de trabajadores que rechazan ese preacuerdo supone el 37,5%  del conjunto de la plantilla de Aguas de Lucena, en concreto son nueve, cinco mujeres (la totalidad del departamento de administración) y cuatro hombres. Todos son personal laboral de Aguas de Lucena, una sociedad mercantil cuyo capital social es 100% del Consistorio lucentino.

La secretaria general de la sección sindical de UGT en Aguas de Lucena y portavoz de este grupo de trabajadores, Bárbara Carrillo, ha explicado que son “falsas” las afirmaciones vertidas desde el pasado viernes por la concejal Carmen Beato, quien señaló, refiriéndose en exclusiva a las cinco trabajadoras discrepantes del preacuerdo y no a los cuatro trabajadores igualmente críticos, que se trataba de “auxiliares de administración que tenían la pretensión de subir de categoría” para convertirse en  administrativas sin someterse a proceso selectivo alguno y saltándose los principios de igualdad, mérito y capacidad.

“Es falso”, aseveró Carrillo, pues las cinco trabajadoras “ya tenemos la categoría de administrativas desde hace años en nuestros puestos”, tal y como pueden acreditar documentalmente, ya que en 2007 alcanzaron esa categoría y la cotización del grupo 5. La representante sindical añadió que “no sé con qué intención” Beato ha mentido a la ciudadanía lucentina, y que además “tuvo el poco gusto” de hablar de cifras, “de 21.000 ó 28.000 euros”.  De lo que se trata, aclaró Carrillo, no es de que se les suba el sueldo como sostuvo la edil, sino de equiparárselo con puestos de trabajo similares en el Ayuntamiento. “Nosotros no ponemos en tela de juicio el sueldo que ella cobra como consejera delegada de Aguas de Lucena”, precisó Bárbara Carrillo.

Este colectivo reclamó la semana pasada a los grupos políticos municipales que no aprobaran la valoración de puestos de trabajo en el consejo de administración de Aguas de Lucena celebrado el pasado lunes 30 de enero. Por otra parte, en reuniones anteriores que mantuvieron con ellos, hubo concejales que les dieron la razón y opinaban que la Justicia tumbaría la valoración si los trabajadores llevaban el asunto a los tribunales. Sin embargo, tanto PSOE como PP, Vox y Ciudadanos validaron con su voto afirmativo en el mencionado consejo de administración el preacuerdo que, según denunció Carrillo, es “ilegal” porque vulnera el Estatuto de los Trabajadores dado que les baja el salario base a estos empleados de Aguas de Lucena, mientras que la edil Beato sostiene que “el salario base está complementado”, algo que desmintió ayer Bárbara Carrillo. Que los partidos políticos les den la razón en privado y luego voten a favor de la valoración de puestos de trabajo “es surrealista” y obedece a “estrategias políticas”, opinó Bárbara Carrillo.

Tampoco es verdad, agregó la secretaria general de la sección sindical de UGT en Aguas de Lucena, que exista como le dijeron a ella un acta de una mesa de negociación con su firma avalando el polémico preacuerdo cuando era la delegada sindical de la empresa. Tal es así que Carrillo solicitó por escrito que se facilite la supuesta acta y el gerente ha tenido que reconocerle que no existe ese documento.

Una posterior mesa de negociación integrada por el actual delegado de Personal, de CCOO, como parte social, y por la consejera delegada y edil Carmen Beato y  por Miguel Villa, concejal de IU en calidad de miembro del consejo de administración, se saldó que la dimisión de Villa como integrante de dicha mesa porque llegó a la conclusión de que los trabajadores opuestos a la valoración de puestos de trabajo preacordada que creen que les perjudica podían tener razón y había que escuchar sus argumentos, a lo que paradójicamente se negó el delegado sindical. “El mundo al revés, la parte empresarial quiere escuchar a los trabajadores y la parte sindical se niega”, sentenció Bárbara Carrillo, que anunció que el colectivo no descarta ir a juicio (sería la tercera vez que se ven obligados a denunciar en los juzgados por cuestiones laborales) y a ponerse en huelga para defender sus derechos.