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Política
El pleno del Ayuntamiento de Lucena, en su sesión ordinaria celebrada este martes 29 correspondiente al mes de noviembre, tuvo entre sus primeros puntos del orden del día la toma de posesión como concejala del grupo municipal de Vox de María Araceli Laura Sánchez Sicilia (en la imagen), en sustitución de Jesús Gutiérrez Molero.
Una de las mociones aprobadas guardaba relación con la creación de un aparcamiento público vigilado para camiones y vehículos pesados, tema que llegaba a debate a instancias del grupo de Ciudadanos. El resto de grupos respaldaron la propuesta, entendiendo que el transporte de mercancías representa en Lucena un sector económico importante y que mantiene la necesidad de ofrecer unas instalaciones de este tipo, como así han demandado asociaciones y transportistas locales.
Tras su aprobación, el Ayuntamiento se compromete a realizar un trabajo consistente en la búsqueda de unos terrenos idóneos para este aparcamiento, el estudio de gestión para concretar el modelo de explotación y la redacción de una posible ordenanza municipal.
Por último, la totalidad del Pleno también se manifestaba a favor de autorizar, desde el Gobierno de España, una doble tarifa eléctrica para el regadío en Andalucía, discriminando la época de riego y la de no riego. Esta medida, a juicio del grupo proponente –el del Partido Popular— permitiría reducir los costes energéticos de los agricultores en el contexto actual de incrementos desorbitados de sus costes de producción.
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El alcalde de Lucena y secretario general de la agrupación local del PSOE, Juan Pérez Guerrero, ha anunciado oficialmente que opta a la reelección para un cuarto mandato en las elecciones municipales del domingo 28 de mayo de 2023.
Aunque la candidatura de Pérez ya fue adelantada la semana pasada por la dirección provincial del Partido Socialista, ha sido esta tarde cuando el regidor lo ha anunciado en la Casa del Pueblo en la calle San Pedro arropado por los concejales de su equipo de gobierno, exconcejales, militantes y simpatizantes socialistas.
Juan Pérez aseguró que, pese al tiempo que lleva al frente del Ayuntamiento de Lucena, concurre a los comicios locales del próximo año con “ilusión y mucha fuerza” y que se encuentra muy bien después de tomar esta “decisión personal” de presentarse de nuevo como cabeza de lista del PSOE tras valorarlo con su familia y con sus compañeros de partido.
“Vengo a trabajar, a entregarme por el bien de Lucena, que es el bien de sus vecinos”, aseveró Pérez, y que si consigue el que sería su cuarto mandato “serán 16 años de entrega a Lucena”. A este respecto, añadió que su compromiso con Lucena, si resulta reelegido, es por los cuatro años de dicho mandato corporativo, dado que “me presento con ese compromiso de permanencia. Vengo a trabajar, no a ganar y marcharme”, precisó el primer edil.
Pérez agregó que su propuesta programática para Lucena es “insistir en las recetas” que su gobierno municipal ha venido aplicando en los años que lleva de alcalde “pero con un nuevo impulso” para el que su formación está trabajando en el diseño del trabajo preelectoral.
Juan Pérez dio las gracias por el apoyo y el cariño recibido tanto a su familia como a sus compañeros de la “familia socialista” y explicó que una vez presentada su candidatura, se designarán una comisión de listas y otra de campaña. La lista electoral no cree que se dé a conocer antes de marzo.
Juan Pérez entró en política en las municipales de 2007 fichado por el entonces alcalde José Luis Bergillos López , convirtiéndose en concejal de Hacienda. En junio de 2011, cuando Bergillos se retiró de la primera línea política al perder la mayoría absoluta y quedar en manos de Izquierda Unida, Pérez le sustituyó en la Alcaldía. En las elecciones locales de 2015 Juan Pérez fue por primera vez candidato a alcalde y logró un segundo mandato ganando con mayoría simple de 9 ediles. Las urnas le dieron un tercer periodo consistorial en 2019 al borde de la mayoría absoluta, con diez actas en el plenario.
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El pleno del Ayuntamiento de Lucena, en su sesión ordinaria correspondiente a noviembre celebrada este martes 29, ha aprobado una propuesta del Grupo Municipal de Izquierda Unida para que el Consistorio establezca un convenio con la ONG Infancia Solidaria en el ámbito de la colaboración para la cooperación al desarrollo.
IU argumenta que dicha propuesta viene a establecer una estrecha colaboración con Infancia Solidaria, única ONGs de cooperación al desarrollo con sede autonómica en nuestra ciudad y que viene desarrollando múltiples y reiterados actos solidarios y benéficos en beneficio de los niños y niñas a los que se les presta ayuda médica que no pueden recibir en sus países de origen y en los que nuestros vecinos participan regularmente.
El convenio prevé contribuir con la Guardería Infantil que esta ONG gestiona en Kenia y que presta atención integral a estos niños, tanto en el aspecto educativo, sanitario, de acogida y hogar, así como de aspectos materiales básicos como alimentación o ropa.
La propuesta de convenio tendría una duración por 1 año prorrogable por periodos anuales y el importe de la propuesta ascendería a 25,000 €. Tal importe vendría a sufragar los gastos de materiales, profesores y personal sanitario y otros gastos relacionados con su asistencia. Dicha cantidad sería obtenida, si el presupuesto municipal no pudiera incrementarla independientemente, con cargo a la ya prevista de Subvenciones a la Cooperación al desarrollo que viene dotándose anualmente por nuestro ayuntamiento desde hace décadas, actualmente dotada con 35,000 €. Destinando el resto a la convocatoria anual de subvenciones.
Es un convenio esperado y demandado reiteradamente por esta ONG en años anteriores y que finalmente encuentra el apoyo unánime de la Corporación, no solo por su labor solidaria, sino por la vinculación local que tiene esta organización con nuestra ciudad, indican desde Izquierda Unida.
Si no fuera posible incrementar el presupuesto, con este covenio no se incrementa el conste presupuestario de la cooperación con países en desarrollo, dado que simplemente se destinaría menos dinero a la convocatoria de subvenciones de concurrencia competitiva para destinar dicho importe al mismo fin, pero con una ONG de especial arraigo local.
La propuesta de Izquierda Unida fue aprobada con los votos favorables de PSOE, PP, Ciudadanos e IU, y contó con el voto en contra de Vox. El portavoz de esta formación, Antonio Hidalgo, aclaró que aunque personalmente está de acuerdo con que se habilite este convenio y considera admirable la labor de Infancia Solidaria, por disciplina de partido tenía que votar en contra.
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En un pleno extraordinario celebrado el miércoles, el Ayuntamiento de Lucena ha dado luz verde a la prórroga por un año del contrato de gestión en régimen de concesión, del servicio público de estación de autobuses de Lucena con la empresa Carrera S.L.
Esta aprobación hasta el 24 de noviembre de 2023 se produce como resultado a las conversaciones celebradas en las últimas semanas entre ayuntamiento y empresa concesionaria, a raíz de que el 13 de octubre el Consistorio propusiera la prórroga por un periodo de 5 años en base a la cláusula recogida en el contrato suscrito en noviembre de 2012 tras la licitación del servicio.
Inicialmente la empresa respondió su intención de descartar la prórroga alegando que “han cambiado radicalmente las condiciones económicas de la explotación”, puesto que “hemos sufrido una bajada considerable en los ingresos y una subida de costes desproporcionada siendo imposible la viabilidad del actual contrato” .
No obstante, el pasado 17 de noviembre remitía la empresa una nueva comunicación solicitando la prórroga por un año al afirmar que “no existe tiempo material para realizar una nueva licitación y tratándose de un servicio esencial”. Durante este año, el Ayuntamiento se compromete a la redacción de nuevos pliegos de contratación y a la licitación del servicio.
La continuidad de la concesión del servicio público de estación de autobuses ha salido adelante con los votos favorables de PSOE, PP y Vox, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra de IU.
El pleno consistorial también se ha pronunciado a favor de dos expedientes de modificación presupuestaria, uno para destinar los 50.000 euros previstos inicialmente para la compra de viviendas sociales, a obras de mantenimiento y arreglos en viviendas sociales municipales, y otro valorado en 68.000 euros a utilizar en gratificaciones, dotado con recursos de diferentes partidas presupuestarias.
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El grupo municipal del Partido Popular de Lucena presentará en el pleno del Ayuntamiento que tendrá lugar el próximo martes una moción para instar al Gobierno de España a cumplir la normativa facilitando a los agricultores la contratación de una doble potencia eléctrica.
En su exposición de motivos, la moción señala que:
"Cuando sobrevuelas Andalucía dirigiéndote a otros territorios o volviendo a nuestra tierra observas que, Andalucía es verde, y lo es gracias a su patrimonio natural y a su agricultura.
Una agricultura que dedica al regadío el 31,8% de la superficie cultivada, a la que también hay que proteger. Un regadío en la provincia de Córdoba que ocupa 1.123.547 hectáreas, lo que supone el 12,8% de la superficie geográfica andaluza y en la provincia de Córdoba el regadío ocupa 120.814 hectáreas.
El regadío de Andalucía genera el 64% de la producción de la rama agraria, 6.657 millones de euros; el 63,3% del total del empleo generado por la actividad agraria, más de 180.000 empleos y el 67% de la renta agraria, 5.632 millones de euros.
Más de 2.000 Comunidades de Regantes se esfuerzan en garantizar la gestión sostenible del agua, la viabilidad de las explotaciones agrarias y los buenos resultados en las cuentas económicas del sector agrario andaluz.
Destaca la presencia mayoritaria del riego localizado (aplicación de agua sólo en una parte del suelo, utilizando pequeños caudales a baja presión) , que ha ido aumentando progresivamente y que representa el 80,05% del total de los principales sistemas de riego en Andalucía.
En este sentido y atendiendo la importancia que supone el coste del consumo eléctrico para el regadío andaluz y que afecta directamente al sostenimiento de estas explotaciones, la Ley 16/2021, de 14 de diciembre, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, establece que el Gobierno de España facilitará la contratación de dos potencias eléctricas a lo largo del año, discriminando la época de riego y la de no riego.
Por tanto, la doble tarifa eléctrica es una obligación legal para el Gobierno de España, no sólo porque así lo haya establecido la Ley de 2021, sino porque también está establecido en otras leyes estatales desde 2018 y es una de las medidas que mayor repercusión tendrían para reducir los elevados costes de producción a los que están haciendo frente los agricultores andaluces.
Su establecimiento contribuiría a potenciar la generación de riqueza y empleo en las comarcas eminentemente agrarias que dependen de actividades económicas estacionales como la agricultura, y supondría indirectamente una medida de lucha contra la despoblación al incidir directamente en la mejora de la rentabilidad de las explotaciones agrarias, vitales para el mantenimiento de la población en zonas rurales, no en vano en la provincia de Córdoba existen 39.485 explotaciones agrarias en total.
El establecimiento de la doble tarifa eléctrica es una medida más necesaria que nunca, en el contexto actual de asfixia de los agricultores por los altos costes energéticos, que como denuncian organizaciones agrarias, se han incrementado más del 90% en el último año, aunque el Ministro de Agricultura, pesca y Alimentación asegure que la doble tarifa eléctrica para el regadío no es necesaria.
Los retos que el sector agrario andaluz tiene que asumir en el futuro más inmediato con la llegada de la próxima Política Agraria Común 2023-2027, junto con la incidencia del actual periodo persistente de sequía, la crisis económica generada por la guerra de Ucrania o los niveles de precios de insumos y la energía, hace necesario considerar la estacionalidad del consumo eléctrico de actividades agrarias con incidencia directa del consumo eléctrico, a fin de no sobrecargarlas con cargos no proporcionados a su consumo real anual y la potencia contratada para atenderlo".
Por todo ello, el Grupo Municipal del Popular Popular del Ayuntamiento de Lucena propone al pleno para su debate y en su caso aprobación del siguiente acuerdo: "Instar al Gobierno de España a cumplir con lo establecido en la Ley de la Cadena Alimentaria de 2021 y facilite la contratación de dos potencias eléctricas a lo largo del año, discriminando la época de riego y la de no riego, como medida fundamental de apoyo a los agricultores andaluces en el contexto actual de incrementos desorbitados de sus costes de producción y , en concreto, de los costes energéticos y de la factura eléctrica".
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La delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, María Dolores Gálvez, acompañada por la primera teniente de alcalde de Lucena, Teresa Alonso, ha visitado esta mañana el proyecto que el Ayuntamiento de Lucena está realizando dentro del nuevo programa de Empleo y Formación que la Junta puso en marcha el pasado año, y que sustituye a las antiguas escuelas taller y talleres de empleo.
La delegada ha explicado que esta iniciativa supone una inversión en la provincia de casi 3,2 millones de euros y 135 beneficiarios. “En Lucena el proyecto cuenta con una subvención de 378.000 euros y se benefician 15 desempleados. La convocatoria de este año, a la que también se ha presentado este ayuntamiento, ha triplicado el presupuesto y esta pronta a resolverse”, comentó la delegada.
El Consistorio lucentino es una de las nueve entidades que desarrollan estas iniciativas en la actualidad y que buscan como objetivo principal, formar a los desempleados y ofrecerles al mismo tiempo experiencia profesional durante un año, “lo que mejora su empleabilidad y las posibilidades de encontrar trabajo” ha matizado Gálvez.
La responsable territorial ha destacado que este municipio tiene en marcha otros dos programas, el ‘Joven Ahora’ que servirá para contratar a 70 jóvenes desempleados de entre 18 y 29 años, “colectivo que se ha visto muy afectado por la crisis y que se enfrenta al mercado laboral en una situación de partida de mayor vulnerabilidad por su falta de experiencia profesional y en muchos casos también falta de formación” y dentro de la convocatoria de Formación Profesional para el Empleo dirigida a ayuntamientos, “Lucena va a iniciar un curso formativo en la especialidad de atención sociosanitaria en el domicilio que va a cualificar a 15 personas con dificultades de inserción o recualificación profesional”.
Para facilitar la puesta en marcha de estas acciones en el municipio, ha continuado la delegada de Empleo, “la Junta ha adelantado el 100% del coste de las iniciativas al ayuntamiento de Lucena para que este no tuviera la necesidad de comprometer recursos municipales, ni verse obligado a adelantar con fondos propios el importe necesario para llevarlas a cabo. Esto ha supuesto una inversión por parte de la junta superior al millón de euros en esta localidad”.
María Dolores Gálvez ha agradecido al ayuntamiento de Lucena su interés y su apuesta por estas acciones, ”desde la Junta de Andalucía tenemos clara la importancia de trabajar mano a mano con los ayuntamientos, porque ellos son los mejores aliados en los territorios para desarrollar las diferentes políticas activas de empleo, como la que hoy visitamos. Es necesario y fundamental darles voz y escuchar sus demandas y lo estamos haciendo como se demuestra con iniciativas como las que están en marcha en esta localidad. Iniciativas que solo buscan la mejora de oportunidades laborales para la ciudadanía y el desarrollo económico de los pueblos”.
Por su parte, la primera teniente de alcalde, Teresa Alonso ha explicado que en esta visita “se encuentra trabajando uno de los grupos de los participantes en esta acción de Formación y Empleo que están desarrollando su labor práctica en diferentes centros municipales, principalmente centros sociales, en este caso con la instalación de equipos de bomba de frio y calor, para que cuenten con esa acción práctica y a su vez, mejorar las instalaciones municipales que tenemos abiertas al conjunto de la ciudadanía”.
La responsable local ha puesto de manifiesto la colaboración institucional, “que es permanente lo que esta permitiendo poner en marcha, no solo diferentes acciones formativas, sino también, poner en común los recursos que tenemos desde las dos administraciones de manera que consigamos ofrecer al conjunto de la ciudadanía, a las personas que se están insertando en el mercado laboral, jóvenes y no tan jóvenes, y también a las empresas de la localidad, los recursos y las herramientas necesarias para aunar las necesidades productivas con los diferentes perfiles y el talento que tenemos en Lucena”.
Iniciativa de Empleo y Formación
Esta iniciativa se puso en marcha a finales de marzo de este año y ofrece dos certificados de profesionalidad muy relacionados con uno de los sectores productivos importantes en esta localidad como es el frio industrial. Los certificados son en fontanería y climatización doméstica y en montaje y mantenimiento de instalaciones frigoríficas.
Los 15 participantes alternarán durante un año trabajo y formación en una ocupación demandada por el mercado laboral y con la que conseguirán experiencia profesional a la vez que mejorarán su cualificación profesional y por lo tanto, sus posibilidades de encontrar un empleo.
Los beneficiarios son contratados durante 12 meses percibiendo el salario establecido por convenio y nunca por debajo del salario mínimo interprofesional.
Los proyectos realizados consisten en una actividad de utilidad pública o de interés general y social que deberá posibilitar al alumnado la realización de una práctica profesional en alternancia con la formación profesional para el empleo, que esté relacionada directamente con dicha práctica. En cualquier caso, el tiempo dedicado a la actividad formativa no podrá ser inferior a un 25% del total de horas de cada contrato para la formación y el aprendizaje.
Son las propias entidades solicitantes las encargadas de diseñar las iniciativas siempre teniendo muy presente las necesidades de mano de obra que demandan las empresas de su territorio para intentar ajustar al máximo posible la oferta con la demanda real de empleo.
