El grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Lucena ha remitido un escrito de petición al alcalde Aurelio Fernández y a la concejala delegada de Fiestas, Araceli Rodríguez, solicitando la cancelación del contrato para la actuación musical prevista del cantante Henry Méndez en la Feria del Valle. 

El texto de IU es el siguiente, con el título "La música debe unir, no dividir", dice la siguiente:

"La música y el arte son el lenguaje universal que sirve, por su propia naturaleza, para unir a las personas, con independencia de su tendencia ideológica o su origen social, político y racial. La música es el lenguaje universal del entendimiento. Por tanto, cuando la música se financia con fondos públicos, con independencia del estilo musical, debe servir para unir a las personas, para tender puentes y general espacios de convivencia ciudadana. No debe ser utilizada como instrumento y altavoz de lleve a la división, ausencia de fraternidad o provocación de actitudes de segregación social y odio de unos hacia otros.

De todos es conocido que el cantante Henry Méndez, con sus recientes manifestaciones y actitudes públicas, ha demostrado utilizar los escenarios no solo como espacio artístico, sino también como plataforma para proclamas que alimentan precisamente esos valores de unidad y universalidad que unen y no dividen. Con frases como: “yo no soy socialista, ¡odio a los rojos!”, ha cruzado una línea roja que atenta directamente contra los principios democráticos y el respeto a la pluralidad ciudadana.

No pretendemos actuar para censurar, la música y el cante, en tanto que son expresiones artísticas, deben ser respetadas tal como el propio artista las diseña y expresa, aunque éstas sean hostiles, displicentes e irreverentes. El arte y el humor, debe respetarse en su genuina expresión. Ahora bien, fuera de la expresión artística, no es admisible que desde los escenarios financiados por todos se promuevan discursos que incitan al odio y estigmatizan a parte de la sociedad. Permitirlo sería legitimar un uso perverso del arte y vaciar de sentido el compromiso con la convivencia y la libertad. Por responsabilidad democrática, no podemos normalizar estas actitudes.

Ésta es la razón fundamental por la que pedimos al Sr. Alcalde y la Concejalía e Fiestas que promueva la modificación del contrato con el citado artista y que de acuerdo con el pliego de cláusula técnica publicado por el ayuntamiento en su día, proponga a la empresa Soniluc, adjudicataria del contrato, que en lugar del citado cantante, se opte por alguno de los otros dos propuestos por el ayuntamiento: “Omar Montes” o “Lia Kali”; ya que financiar a personas que utilizan el escenario y la congregación de miles de personas que acuden a escuchar música, sea aprovechada para lanzar mensajes tan radicales y peligrosos como aquellos que se enmarcan en los mensajes de odio.
Cada actor, músico, cantante, humorista o pintor, tiene todo el derecho a expresar su ideología y posicionarse públicamente donde considere oportuno, pero no tiene derecho a utilizar los espacios públicos y los escenarios para que sus actuaciones artísticas financiadas con el dinero público se utilicen para proclamar y promover mensajes de odio.

Y de igual modo, resulta estar fuera de todo contexto artístico, hacer llamamiento público en sus actuaciones a votar: “a Abascal, a Mariano Rajoy… a quien te dé la gana”, claro está menos a quienes sean socialistas, a los que hay que odiar. 

Desde este punto de vista jurídico y técnicos, somos conscientes de que la modificación de un contrato público y de las consecuencias legales, no es un asunto menor, pero instamos al alcalde para que en aplicación del art. 205 de la Ley de contratos públicos, promueva la modificación del contrato con la empresa adjudicataria del contrato, fundado en razones de interés público que se sostienen sobre la promoción de valores democráticos y para evitar confrontación y discurso de odio y en todo caso, a que públicamente rechace estas proclamas públicas en el marco de actuaciones artísticas, que son de todos y todas, que promueven la violencia y el odio; y que en modo alguno pueden convertirse en mítines políticos fuera de una campaña electoral, financiado con fondos públicos y bajo la bandera del lenguaje universal de la música y el cante.
Asimismo hacemos un llamamientos a la ciudadanía para que, en el caso de que no se promueva o se pueda modificar dicha actuación musical; por respeto a la unidad y fraternidad ciudadana, a la tradición de concordia y amistad que pervive en la feria y fiesta de nuestra querida Feria del Valle; y la integridad artística de la música y el cante como expresión cultural, no acudan al espectáculo del ya citado Henry Méndez, demostrando así, que con independencia del respeto a la libertad de expresión de cada persona, Lucena no participa de proclamas que contribuyen a crear odio y a enfrentar a los vecinos y vecinas.

Por ello solicitamos públicamente al alcalde:
1.    La inmediata modificación del concierto previsto en nuestra ciudad con Henry Méndez, por los otros artistas propuestos por el ayuntamiento en el pliego de licitación (“Omar Montes” o “Lia Kali”), dejando claro que los recursos públicos no están al servicio de quienes utilizan la música para dividir.
2.    El compromiso de nuestras instituciones con una programación cultural que refuerce la democracia, la concordia y el respeto mutuo.
3.    La defensa del espacio artístico como lugar de unión, donde el talento musical sea vehículo de encuentro y no de enfrentamiento.
Nuestro deber como sociedad democrática es claro: impedir que se utilicen espacios culturales públicos para propagar mensajes que hieren, excluyen o enfrentan a los ciudadanos. El arte debe ser siempre un faro que ilumine el camino de la libertad, la convivencia y el respeto; y nuestro alcalde y la Concejalía de Fiestas deben expresar públicamente la adhesión a esta declaración de convivencia y rechazo a los mensajes excluyentes y de odio".

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Córdoba ha desestimado las medidas cautelares solicitadas por el grupo municipal de Izquierda Unida, en relación con el proyecto del nuevo aparcamiento en la zona de la Huerta del Carmen.

Así lo ha comunicado esta mañana el presidente de la Empresa Pública Municipal (EPEL) Aparcamientos de Lucena, Francisco Aguilar. La resolución judicial, en el auto 75/2025, respalda la legalidad del procedimiento administrativo seguido y certifica la ausencia de riesgo ante la continuidad del mismo.

Aguilar indicó que el modelo de contratación impulsado desde el Consejo de Administración de la EPEL se ajusta plenamente a la legislación vigente, a pesar de ser novedoso en el Ayuntamiento de Lucena: “Este auto confirma que el camino que emprendimos hace dos años es el correcto: buscar soluciones reales a los grandes retos de la ciudad, como el aparcamiento, sin endeudar al Ayuntamiento y garantizando la concurrencia de todas las empresas interesadas”, sostiene el concejal del PP.

En cuanto a la tramitación del proyecto, EPEL Aparcamientos de Lucena continúa analizando las propuestas presentadas por empresas interesadas en su ejecución. Una vez se resuelvan las subsanaciones requeridas a la empresa HERCE-ICR Aparcamientos, promotora de una de las iniciativas presentadas ante el Consistorio lucentino, el procedimiento seguirá su curso con el dictamen del Consejo de Administración y su posterior elevación al pleno municipal quien tendrá la última palabra en la licitación de la contratación a la que podría optar cualquier empresa interesada.

Aguilar ha asegurado que el Consistorio seguirá adelante con el proceso, amparado en el respaldo judicial y los informes técnicos y jurídicos municipales que avalan su legalidad.

El Ayuntamiento de Lucena, en su sesión plenaria correspondiente a julio,  ha aprobado una modificación del presupuesto municipal por valor de 1.416.889 euros, financiada en su mayoría mediante remanentes de tesorería para gastos generales (RTGG), con el objetivo de reforzar distintas delegaciones municipales mediante nuevas inversiones y mejoras en servicios públicos.

El acuerdo contempla suplementos de crédito por importe de 1.199.456 euros y créditos extraordinarios por 217.433 euros, destinados a una batería de actuaciones diversas. Entre ellas, destaca la mejora del equipamiento de la Policía Local, con la adquisición de chalecos antibalas, cámaras personales, un cinemómetro y un programa informático de gestión, además de la reposición de señalización vial. También se refuerza la inversión en educación, con nuevos equipamientos para la Escuela de Música y el Parque Infantil de Tráfico.

El paquete de medidas incluye intervenciones relevantes en medio ambiente (Plan Local de Arbolado), instalaciones deportivas (reparación de pistas, graderíos, piscina cubierta y equipamiento nuevo), servicios operativos (renovación de juegos infantiles en parques dañados por vandalismo), cultura y patrimonio (retacado del patio del Castillo del Moral, restauración de fuentes históricas y nuevo equipamiento cultural), así como un incremento de fondos para la Feria del Valle.

Además, se prevé la implantación de la Ley de Bienestar Animal con un refuerzo de 75.000 euros para la gestión de colonias felinas, y un suplemento para el programa de Bonos Consumo, destinado a dinamizar el pequeño comercio local. En el capítulo de créditos extraordinarios, se incorporan nuevas actuaciones como la construcción de un parque infantil en la barriada de San Jorge, mejoras en el alumbrado público de la antigua N-331, la instalación de toldos en los patios del Palacio de los Condes de Santa Ana, y reparaciones urgentes en el Palacio Erisana.

Durante el debate plenario, varios grupos de la oposición, como Ciudadanos o Vox, agradecieron la inclusión de propuestas realizadas previamente en comisiones o sesiones anteriores, recibiendo el voto favorable de todos los grupos políticos municipales a excepción de Izquierda Unida.

El Pleno también aprobó por unanimidad una moción presentada por el grupo municipal VOX, una vez incorporadas las enmiendas acordadas entre los grupos. En ella, se insta a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía a dotar de forma estable a los colegios públicos de Educación Infantil con personal auxiliar especializado con el objetivo de prestar atención higiénico-sanitaria al alumnado de 3 a 6 años. Asimismo, se acuerda solicitar a la Consejería el incremento del número de auxiliares para el alumnado con necesidades educativas especiales, de forma que todos los centros educativos de Andalucía cuenten con este servicio de apoyo.