El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Lucena, Francisco Algar, ha criticado duramente en el pleno municipal la tramitación que está llevando a cabo el equipo de gobierno para la privatización del servicio de limpieza viaria, advirtiendo de las múltiples irregularidades que pueden llevar a la nulidad del procedimiento.

En su intervención, Algar ha recordado que en junio del pasado año ya se aprobó en pleno el inicio del expediente conforme a lo que establece la ley, incluyendo estructura de costes, fórmula de revisión de precios, información pública y solicitud de informes a la Comisión Consultiva. Sin embargo, denuncia que ahora el gobierno local pretende aprobar la memoria del contrato ignorando el trámite de información pública recomendado por el secretario, bajo el pretexto de evitar retrasos, cuando “llevan ya un año de demora sobre sus propias previsiones”.

El Partido Popular de Lucena vuelve a actuar con arrogancia y oscurantismo al negarse a someter la memoria a un periodo de información pública. Según el concejal socialista, con la negativa a someter la memoría a información pública se está coartando y menospreciando la capacidad de participación ciudadana en un contrato estratégico para la ciudad.

Por otra parte indicó que a pesar de que la normativa vigente no exige someter a información pública la memoria relativa a la modificación del Servicio Público de limpieza viaria, si que exige que se someta a información pública la estructura de costes. El Partido Popular en su memoría está aprobando una nueva estructura de costes que es obligado someter a información pública y que ha acordado en pleno no hacerlo. Además, resulta necesario volver a solicitar informe preceptivo a la Comisión Consultiva al aprobar una nueva estructura de costes. “De continuar así, este procedimiento devendrá nulo de pleno derecho”, ha señalado.

Francisco Algar también ha denunciado que no se han valorado otras alternativas posibles a la privatización, como empresa pública o de gestión mixta, entidad pública local o la figura de medio propio y que la única opción contemplada ha sido entregar el servicio a una empresa privada. “No buscan la mejor fórmula, solo la más cómoda para ustedes, vamos a votar en contra, no porque seamos el partido del no por el no, como nos quieren hacer ver, sino porque defendemos un modelo”, ha espetado al equipo de gobierno.

El expediente que se está llevando a cabo, además de las posibles causas de nulidad, contiene numerosos errores materiales que en caso de llevarse a cabo con estas premisas hará muy dificil su ejecución, suponiendo un elevado coste de gestión y control municipal, que comenzó con el derroche de dinero pagado a la consultora privada para que redactara el informe que dio pié al primer intento de privatizar. Informe este, que ahora está memoría municipal ha echado por tierra en casi su totalidad y por ende el dinero de todos los lucentinos, con el que se ha pagado a la consultora privada.

El edil ha lamentado, además, que la supuesta eficiencia del modelo indirecto se base solamente en la precarización de los trabajadores: según recoge la propia memoria, los empleados de la futura concesionaria cobrarán un 24% menos y trabajarán un 5,3% más. A ello se suma la advertencia técnica de que, en caso de rescate, los trabajadores pasarían a ser empleados municipales sin procedimiento selectivo, “colándose por la puerta de atrás”.

Por último, ha acusado al gobierno local de “dotar de maquinaria de última generación a la empresa privada mientras mantienen a los trabajadores municipales con equipos obsoletos”. Espetándoles que “luego dirán que lo privado va mejor que lo público”, añadiendo acto seguido, que “claro que sí, no puede ser de otra forma si dotan de mejores medios a lo privado dejando agonizar lo público sin recursos”.

El Ayuntamiento de Lucena, en la sesión plenaria ordinaria correspondiente a mayo celebrada este miércoles 28,  ha aprobado la modificación de la forma de gestión del Servicio Público Municipal de Limpieza Viaria, una medida que contempla una gestión mixta a través de la cual algunas zonas del municipio seguirán siendo gestionadas directamente por el Ayuntamiento, mientras que otras pasarán a manos de una empresa privada mediante contrato de servicios.

Durante el tiempo de debate, el portavoz de Izquierda Unida, Miguel Villa, mostró su oposición a esta decisión, criticando lo que ha considerado un “proceso de desmantelamiento de lo público” y una “incapacidad del equipo de gobierno para gestionar los servicios esenciales”. Villa denunció que la externalización provocará “precarización laboral, menor control público y falta de transparencia”, además de cuestionar la eliminación de plazas municipales sin que se hayan mejorado previamente las condiciones del servicio actual.

Por su parte, el concejal de Ciudadanos, Jesús López, defendió la propuesta como una vía para mejorar el estado de limpieza de la ciudad, reconocida como deficiente desde hace años. Aunque respaldó la externalización, expresó dudas sobre algunos aspectos del informe económico, especialmente en lo relativo a la previsión de costes y la comparación con otros municipios. No obstante, valoró positivamente la mayor flexibilidad operativa que permite la gestión privada, una reflexión compartida también por la portavoz de Vox, Laura Sánchez, y el concejal no adscrito Francisco de Mora, quienes mostraron su respaldo a la necesidad de introducir mejoras estructurales en el sistema de limpieza.

En cambio, el concejal socialista, Francisco Algar, criticó el procedimiento seguido por el equipo de gobierno, advirtiendo de su posible nulidad por no haber sometido la nueva estructura de costes a información pública ni haber solicitado informe actualizado a la Comisión Consultiva de Contratación Pública. Además, denunció que el ahorro previsto se basa exclusivamente en reducir condiciones laborales y salariales a los futuros trabajadores de la empresa adjudicataria, lo que, a su juicio, “supone un atropello” a los derechos laborales y una discriminación hacia los trabajadores municipales.

Desde el equipo de gobierno, el concejal del Partido Popular, Javier Pineda, defendió la iniciativa como “una solución largamente demandada por la ciudadanía para resolver los problemas históricos del servicio de limpieza en Lucena”, asegurando que el modelo mixto permitirá mantener parte del personal municipal al tiempo que se recurre a una empresa para cubrir zonas amplias del municipio, “mejorando la operatividad y la eficacia sin comprometer la viabilidad económica del Ayuntamiento”.

El cambio en el modelo de gestión se fundamenta en una memoria técnica firmada por responsables municipales y se acompañará de los trámites necesarios para iniciar la contratación del servicio en las zonas asignadas a gestión indirecta.

Izquierda Unida quiere comunicar a la opinión pública lucentina que "al actual equipo de gobierno municipal, y en especial a la Delegación de Recursos Humanos, se le acumulan las denuncias por parte de los sindicatos del Ayuntamiento y del personal de Aguas de Lucena. Todas coinciden en un mismo diagnóstico: desprecio por los derechos laborales, ausencia de diálogo y una preocupante desorganización. La gestión del personal no solo es ineficaz, sino que revela una alarmante falta de compromiso con el interés público".

Según señala IU, las quejas presentadas por los cuatro sindicatos municipales (CCOO, USO, CSIF y UGT) y por el delegado de personal de Aguas de Lucena "describen una realidad marcada por la arbitrariedad, la falta de planificación y presuntas ilegalidades. No hay estrategia, ni voluntad de construir un entorno laboral justo y estable. Esta irresponsabilidad afecta directamente a los servicios públicos, que se resienten ante la dejadez del equipo de gobierno".

Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida "no podemos callar ante esta deriva. Como representantes públicos comprometidos con la defensa de lo común, nos posicionamos junto a los trabajadores y trabajadoras municipales. Seguiremos exigiendo que se cumpla no solo la legalidad, sino también los principios básicos del diálogo social, la negociación colectiva y la dignidad laboral".

IU añade que "llevamos meses planteando al Sr. Aguilar cuestiones fundamentales que siguen sin respuesta: el gasto desproporcionado en horas extraordinarias, la falta de previsión ante las jubilaciones inminentes o la paralización de la valoración de puestos de trabajo. A día de hoy, el acuerdo marco vigente sigue redactado en pesetas, reflejo de un abandono estructural de las políticas de personal".

A juicio de Izquierda Unida, "más grave aún es comprobar que el PP, que en la oposición prometía una valoración objetiva y justa de los puestos de trabajo, hoy guarda silencio y ha renunciado a sus propios compromisos. Las reiteradas negativas al diálogo, la no cobertura de bajas o vacaciones y la desigualdad en derechos entre trabajadores han generado un clima de malestar generalizado y un caos organizativo insostenible".

Para IU, "esto no es solo ineficacia: hablamos de presuntas prácticas ilegales, de discriminación, de decisiones sin criterios objetivos, y de comportamientos que podrían ser constitutivos de vulneración de derechos fundamentales, como en el caso denunciado por el delegado de personal en Aguas de Lucena. Mientras tanto, la única “respuesta” de la Delegación de RRHH es externalizar servicios públicos como la limpieza, hipotecando la gestión municipal durante una década. Prueba evidente de su incapacidad para gobernar los asuntos públicos".


El portavoz de IU, Miguel Villa, anuncia, "como representante público" que desde Izquierda Unida "adoptaremos las medidas legales necesarias para proteger los derechos de la plantilla, elevando estas prácticas a los órganos administrativos o jurisdiccionales que correspondan si no se rectifica de forma inmediata el rumbo actual".

Para Izquierda Unida, "esto no solo es una exigencia legal; lo exige la decencia democrática. En los próximos días, propondremos a  los demás grupos de la oposición y el concejal no adscrito, una iniciativa plenaria para exigir la convocatoria urgente de la Mesa General de Negociación, el inicio del procedimiento para negociar un nuevo acuerdo marco y una valoración de puestos de trabajo que repare desigualdades y garantice equidad entre nuestros empleados públicos. Si el equipo de gobierno no es capaz de organizar con justicia y eficacia los recursos humanos, ni de respetar a quienes sostienen nuestros servicios municipales, debe dar un paso atrás. El poder público no se ejerce para mandar sin escuchar, sino para servir con humildad y responsabilidad".

"Lucena merece una gestión rigurosa de sus recursos humanos y una atención digna a sus trabajadores. Aún estamos a tiempo de corregir el rumbo. Pero hacerlo exige valentía y respeto. Por eso, tendemos la mano al diálogo. Pero también alzamos la voz ante la dejadez, el abuso y el autoritarismo que hoy se disfrazan de indiferencia. IU está y estará con la plantilla municipal y con una democracia laboral que dignifique el servicio público", asevera el grupo municipal de Izquierda Unida.