El Ayuntamiento de Lucena ha dado a conocer esta mañana su Oferta Pública de Empleo para 2024, por medio del edil de Recursos Humanos, Francisco Aguilar, y que fue aprobada el pasado jueves por unanimidad de todos los grupos políticos y las secciones sindicales presentes en la Mesa General de Negociación.

Dicha Oferta de Empleo Público se compone de un total de 26 puestos de trabajo, de los cuales 13 corresponden a libre concurrencia y otros 13 a promoción interna. Además, de cara al segundo semestre del presente año 2024, el Ayuntamiento tiene previsto incorporar a esta convocatoria seis plazas más repartidas también de forma equitativa.

Por otro lado, la Mesa General de Negociación también ha aprobado la creación de cuatro nuevas plazas en el organigrama de las plantillas de la Policía Local, con una plaza de Inspector y dos de subinspectores, y de la Escuela Municipal de Música y Danza con una plaza de Profesor especialista en violín.

Esta convocatoria de empleo público saldrá en conjunto con la aprobada en diciembre de 2023 y la oferta restante del año 2022, sumando un total de 57 plazas (33 de libre concurrencia y 24 de promoción interna), lo que supondrá “la mayor convocatoria de empleo público jamás preparada por este Ayuntamiento en tan poco espacio de tiempo”, como ha señalado Francis Aguilar.

Para finales del presente año se tiene previsto comenzar con los procesos selectivos de libre concurrencia, que incluirán seis plazas de Policía Local; cinco de Técnico de Gestión y Administrativo; tres de Técnico de Administración General; dos de Auxiliar Administrativo; dos de Ingeniero Técnico Industrial, Trabajador Social y Arquitecto; y una de Ordenanza, Ingeniero de Caminos, Auxiliar de Inspección, Economista, Inspector Urbanístico y Profesor de Violín.

Por otro lado, los procesos de promoción interna para funcionarios municipales se pondrán en marcha a principios del año 2025, pudiendo optar a cinco puestos de Administrativo y de Técnico de Gestión; tres de Auxiliar Administrativo; dos de Oficial de Policía Local y de Subinspector de Policía Local; y una de Auxiliar Ayudante de Archivo y Biblioteca, Oficial Primera de Obras, Responsable de Archivo, Portero Mayor, Auxiliar de Inspección, Oficial de Cementerios e Inspector de Policía Local.

“De este modo podremos cubrir las necesidades estructurales que este Ayuntamiento necesita en su labor de prestación de un buen servicio a nuestros ciudadanos, potenciando a la Administración con personal cualificado que pueda asumir los cambiantes y exigentes retos del día a día”, según ha indicado Francisco Aguilar.

La masiva participación en la concentración celebrada en la Plaza Nueva este jueves en demanda de mejoras en el servicio de Urgencias y de la construcción del Hospital de Alta Resolución ha dejado patente la indignación del pueblo de Lucena por el estado del servicio público sanitario en nuestra ciudad y su firme apoyo a las citadas reivindicaciones.


Esta concentración es por el momento el último capítulo de una historia que, si bien empezó hace 18 años con el inicio de las movilizaciones de los lucentinos en pro de un hospital, cobró otra dimensión muy distinta hace tres meses con el giro copernicano dado por la Junta de Andalucía gobernada por el Partido Popular, que al mismo tiempo evidenció la delicada posición política del alcalde Aurelio Fernández en este asunto, que le estalló en la cara el pasado 1 de abril del presente año, Lunes de Pascua por más señas.

Ese día tuvo lugar el “botellazo”: la delegada territorial de Salud de la Junta en Córdoba, María Jesús Botella, comunicó en rueda de prensa tras la visita que realizó al servicio de Urgencias en el Centro de Salud Lucena I del Paseo de Rojas, que la Junta no construiría “por falta de financiación” el Hospital de Alta Resolución proyectado desde hace años para Lucena y lo sustituiría por un “equipamiento sanitario” con un contenido por definir. Botella efectuó este sorpresivo anuncio ante un cariacontecido Aurelio Fernández, quien supuestamente no sabía que la delegada iba a asestar semejante golpe a la histórica reivindicación de un centro hospitalario tan anhelada por los lucentinos, pues en la reunión que tuvieron previa a la comparecencia ante los medios informativos, Botella no le advirtió de este cambio radical de la Junta de Andalucía sobre el hospital de Lucena.

La cadena de reacciones que desataron las polémicas declaraciones de Botella en aquellos primeros días de abril en las plataformas ciudadanas, los sindicatos sanitarios y la oposición política cristalizaron, por parte de los colectivos y centrales sindicales, en una campaña de recogida de firmas en defensa del hospital para Lucena y en una solicitud de reunión urgente con el alcalde Fernández y todos los grupos políticos representados en el Ayuntamiento. Y por parte de los partidos opositores, en la exigencia de que el primer edil consiguiera una reunión con la consejera de Salud, Catalina García, en la que tomaran parte todos los grupos municipales, las plataformas ciudadanas y los sindicatos sanitarios, solicitud de reunión que finalmente fue aprobada por unanimidad en el pleno del 24 de abril, si bien en esa sesión plenaria, en otro punto del orden del día, PP y Vox rechazaron un Pacto Local por el Centro Hospitalario Público para Lucena.

Sin embargo, transcurridos dos meses, la Consejería de Salud sigue sin concertar ese encuentro solicitado por el alcalde, sometiendo a Fernández y a la ciudad a un ninguneo humillante.

Pero ese mismo ninguneo también de dos meses lo ha practicado Aurelio Fernández con los colectivos ciudadanos y profesionales que le reclamaban una reunión urgente desde que tuvo lugar el “botellazo”, a la que el regidor, que en todo ese tiempo ha borrado de su vocabulario términos como “hospital” u “hospitalario”, no se dignó acceder hasta el jueves 13 de junio, teniendo los solicitantes que advertir a Fernández de que si no les daba fecha de reunión antes del 7 de junio convocarían una concentración de protesta ante la Casa Consistorial durante el pleno ordinario de junio, es decir, para el miércoles 26, y presentarían una denuncia contra la Junta ante la Fiscalía por las deficiencias sanitarias que sufre Lucena y sus negativas consecuencias para la ciudadanía.


El ninguneo de la Junta y del PP a Lucena en la cuestión del hospital vivió entretanto otro episodio bochornoso. El lunes 27 de mayo, el presidente de la Junta de Andalucía y líder del Partido Popular andaluz, Juanma Moreno, protagonizó un acto electoral en el Hotel Santo Domingo de Lucena, en plena campaña de los comicios europeos, pero no atendiendo a los medios de comunicación en los momentos previos al comienzo de dicho acto, al contrario de lo que hacen todos los políticos en campaña, dar el conocido como “canutazo” ante la prensa antes de iniciar sus mítines. Evitaba así el PP que a Moreno se le pudiera preguntar por el hospital de Lucena del que la Junta ahora quiere desentenderse.

En la citada reunión del 13 de junio que Aurelio Fernández se resistió a convocar durante dos meses, aunque tras la cual el alcalde presume de “liderar” las reivindicaciones, las organizaciones y grupos políticos acordaron que el Ayuntamiento de Lucena ofreciera a la Junta las dependencias de la Escuela de Hostelería, próximas al Centro de Salud Lucena II en la Avenida de Santa Teresa, para trasladar allí diversos servicios como fisioterapia y poder dedicar el mencionado Centro de Salud como sede de las Urgencias, así como convocar la concentración de ayer jueves y que ésta tuviera un carácter “despolitizado” como así ha sido.

El pleno ordinario de la Corporación municipal de Lucena correspondiente al mes de junio celebrado este miércoles 26, ha aprobado con los votos a favor de PP, Ciudadanos, Vox y el concejal no adscrito Francisco de Mora, y el rechazo de PSOE e IU, el informe sobre la estructura de costes y fórmula de revisión de precios para el futuro contrato de la gestión indirecta del servicio de limpieza viaria.

Para la elaboración de dicho informe se ha solicitado a varios operadores económicos del sector la remisión de su estructura de costes, dando como resultado un estudio económico que contempla una previsión de gasto anual del servicio de 1.140.242,64 euros en concepto de gastos de personal, de bienes corrientes y servicios, amortizaciones o imprevistos, entre otros.

En base a este presupuesto, el plazo del contrato se ha establecido en 9 años, haciendo coincidir la duración del mismo con el periodo de amortización y recuperación de la inversión por parte de la empresa que resulte adjudicataria. En consecuencia, el contrato que se licite deberá contener una cláusula de revisión periódica de precios en relación a los gastos de personal, carburantes y lubricantes, y mantenimiento y reparaciones.

Una vez aprobada esta propuesta, será sometida a un trámite de información pública por un plazo de 20 días, previo a la aprobación de los pliegos de condiciones del futuro contrato y que actualmente se encuentran en fase de elaboración, y posterior remisión de la propuesta de estructura de costes a la Comisión Consultiva de Contratación Pública de Andalucía.

Durante su debate en el Pleno Municipal, el portavoz de IU, Miguel Villa, manifestó su desaprobación a esta medida de “falta de transparencia y precarización del empleo público”, indicando que con “esta decisión se va a hipotecar a las futuras corporaciones municipales”. Sobre la duración del futuro contrato también se pronunció de forma negativa el PSOE, que propuso sin éxito la retirada de este punto del orden día al considerar que “este procedimiento adolece de muchos defectos que lo hacen nulos”.

Por otro lado, Javier Pineda, el concejal de Obras, Limpieza y Mantenimiento, Javier Pineda, justificó la necesidad de llevar a cabo esta medida complementaria al servicio actual “al ser insuficientes los medios humanos y materiales de los que dispone el Ayuntamiento para su correcta ejecución”, presentándose como “una solución para acatar esta problemática” según el concejal no adscrito Francisco de Mora, y como “un modelo de gestión más eficiente si se cumple con las exigencias a la empresa que preste el servicio”, según expresó Jesús López desde Ciudadanos. A su vez, para Laura Sánchez, portavoz de Vox, “esto va a suponer una mejora del servicio de limpieza en Lucena al poder así llegar a todos los barrios por igual".

Durante la sesión, también se aprobó la contratación de un sistema de gestión de videoactas para el pleno municipal, así como la moción presentada por Ciudadanos para la celebración de un debate plenario sobre el estado de la ciudad.