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May 31, 2024
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Editor C
Opinión
El general Manuel Fernández Silvestre, jefe de la comandancia de Melilla, soldado aguerrido donde los hubiera y sobrado de arrestos (baste ojear su hoja de servicios), estaba convencido de que triunfaría allí donde otros ni se habían atrevido a entrar. Informado del denuedo de Fernández Silvestre, el Alto Comisario, general Dámaso Berenguer, compañero de promoción y mando único de las comandancias del protectorado, ubicadas en Larache, Ceuta y Melilla, propuso a Fernández Silvestre tomar Alhucemas con un movimiento de pinza; de manera que él partiría desde el oeste, desde la comandancia de Ceuta, mientras que Silvestre lo haría desde el este, desde su comandancia de Melilla. El plan ofendió a Silvestre, quien entendió el ofrecimiento de Berenguer como un proyecto para adelantársele y hurtarle la gloria.
En este punto, cuadra precisar que Fernández Silvestre, era amigo, u hombre de confianza, al menos, del rey Alfonso XIII; aunque, ciertamente, la relación no termina de estar muy bien trazada por la Historia. Lo que sí parece claro es que el Rey tenía intereses (probablemente, económicos) en el norte de África, razón por la cual se le ha identificado como incitador, instigador o inductor de la presión sobre sus generales, a fin de acelerar el proceso de pacificación del Rif. De hecho, parece que el Rey envió un telegrama a Fernández Silvestre, fechado el 21 de julio, en el cual le decía que lo esperaba en Madrid el día 25 (día de Santiago Apóstol), conminándole a resolver el lance con una rápida victoria.
El caso es que, el 15 de enero de 1921, la columna de Fernández Silvestre llegó a Annual, como escala estratégica previa a la incursión sobre Alhucemas, a ciento seis kilómetros de su puesto de origen y a cuarenta de su destino. Ciento seis kilómetros de retaguardia con mínimos y distanciados refuerzos y plagada de tribus de cuestionable lealtad.
Pero el estado del Ejército español era funesto. Culpado moralmente (de forma inmerecida, pues la mala gestión política fue evidente) del Desastre del 98, se hallaba desmantelado, pese a su inmensidad. Así, en 1909, en comparativa con los militares en activo británicos, el Ejército español disponía de 111.000 soldados frente a los 370.000 británicos; no obstante, también se computaban 60 generales de división frente a los 34 británicos; 419 coroneles españoles frente a 377; 857 tenientes coroneles españoles, cuando los británicos disponían de 440; los tenientes generales españoles eran 30, para Gran Bretaña había 20 (Francia y Portugal tenían 3 cada uno). En 1895, España tenía 562 generales y 1.769 coroneles y tenientes coroneles. En 1921, se alcanzó la desorbitada cifra de 832 generales (un 48% más) y de 2.656 los coroneles y tenientes coroneles (50% superior). La relación oficial/soldados en Alemania era de un oficial por cada veinte soldados; en Francia, uno por cada veintitrés; en España, un oficial por cada cuatro soldados. La multiplicación de los oficiales superiores fue, en consecuencia, demencial, disparatada, insensata. Con tal retablo, resulta obvio que una gran parte del presupuesto militar, fuera éste mayor o menor, se destinaba a las partidas dedicadas a cubrir el sueldo de los oficiales; en concreto, la mitad, cuando en países del entorno oscilaba entre la sexta y la octava parte. Sin olvidar la mala distribución, con apenas el 20% reservado al norte de África, donde se desarrollaba la guerra.
Asimismo, el ordenamiento jurídico preceptuaba la constitución de la exorbitada cifra de dieciséis divisiones para el Ejército español. Sin embargo, cuando Fernández Silvestre, angustiado, reclame refuerzos divisionarios el 21 de julio, no encontrará ninguno completo. Tampoco existía escuadra marítima. Y de la aérea, qué contar, la falta de previsión brilló con esplendor. En los aeródromos de la zona oeste (Ceuta, Tetuán) podría haber entre veinticinco y treinta aviones, muy bien retenidos en los hangares; en lo que a Melilla se refería, sólo dos estaban operativos, aunque ni siquiera había pilotos para cubrir los puestos.
El escenario, desde luego, aparecía muy poco ejemplarizante, descubriéndose en la moral de la soldadesca. Del 4% de deserciones a finales del XIX se pasó al 22%, en 1914. La instrucción era deficiente o inexistente; las levas, forzosas; los oficiales, deseosos de reivindicarse tras los acontecimientos de 1898… Un auténtico desastre… El armamento… Se relacionó que hasta un 75% de los fusiles Mauser se entregaron descalibrados, la mayoría de las ametralladoras Colt no funcionaban…
Sobrecoge conocer la estrategia general trazada para la conquista del Rif: pactar con los jefes de las cabilas el pago de una cantidad de dinero; de modo que, al llegar el Ejército español, simularan una acción de defensa, para huir de inmediato. Rondaba el precio las quinientas pesetas mensuales (más o menos el sueldo de un capitán), que los cabecillas repartían a dos pesetas diarias entre sus filas. Pero llegó el momento en el que los jefes que no se acomodaron al soborno o, directamente, no se les bridó ninguno espetaron a sus análogos lo intolerable de la actuación. Los jefes aliados, guiados por un supuesto código, pasaron de poner la mano a atacar por sorpresa a cualquier español que asomara la cabeza por su territorio, empleando muy ricamente el dinero recibido para comprar munición suficiente al efecto.
Pronto se comprobó la ausencia de comunicaciones, sin caminos preparados, la desconfianza hacia las cabilas aliadas, los informes negativos al ataque y la inanición de los rifeños, ante la dejadez del Gobierno español, comportamiento que indignó al propio Fernández Silvestre. Los rifeños, desesperados, rebuscaban entre los excrementos de los caballos de los soldados españoles miserables granos sin digerir que llevarse a la boca.
A toda esta barbaridad se le habría de sumar la circunstancia de que, corolario de la Semana Trágica, se intentó modificar el sistema de levas con una legislación a través de la cual se dispuso que, tras cinco meses de servicio, el soldado se podría dar por licenciado con el pago de dos mil pesetas y previo informe positivo de sus oficiales. La corrupción, entonces, se desbocó.
Julián Valle Rivas
Editor C
Opinión
El general Emilio Mola era de aquel grupo de militares africanistas, ascendidos por méritos de guerra, y desempeñó el cargo de Director General de Seguridad durante la dictablanda de Berenguer, en las postrimerías del reinado de Alfonso XIII. Desde esta Dirección intentó infructuosamente evitar el levantamiento republicano de Jaca de 1930, contactando por correo postal con el capitán Galán, su compañero de armas en África y cabecilla en aquella insurrección. Este militar español figura en los libros de historia como “el director”, porque organizó el golpe militar del 36, dando las instrucciones secretas oportunas a los mandos de los destacamentos rebeldes del ejército español. En estas directrices solicitaba a aquellos oficiales la “acción en extremo violenta”, con la finalidad de cercenar, en las primeras horas del levantamiento, posibles movimientos posteriores de rebeldía o huelgas en contra de lo que los alzados llamarían el Movimiento Nacional. Su intención era la de instaurar una dictadura militar transitoria y republicana, de forma rápida y eficaz.
Creían los rebeldes, en aquel julio del 1936, que el movimiento sería respaldado por la mayor parte del ejército, y que podrían controlar la reacción de las masas en las calles, pero el levantamiento fracasaría en la mayoría de las provincias al ser rechazada la rebelión en numerosas plazas militares y en las ciudades importantes, como Madrid y Barcelona, donde las milicias republicanas sometieron a los sublevados, desencadenándose irremediablemente un conflicto fratricida que se prolongaría hasta abril del 1939. España acababa de sufrir un golpe militar que había dividido en dos bandos el país, tras el fracaso del plan de Mola. Lo que iba a ser una rápida transición a una dictadura se había convertido en una guerra.
El bando nacional avanzaba rápidamente hacia Madrid ante el desgobierno de la República, que veía fragmentado su poder en comités locales de los partidos de izquierda y los sindicatos, preocupados por hacer la revolución más que por la guerra que se estaba librando, dejando un poder atomizado y discrecional que hizo imposible una respuesta militar ordenada y eficaz por parte de la República.
En discurso radiofónico pronunciado el 15 de agosto de 1936, emitido por Radio Castilla de Burgos, Mola criticó los planes del Frente Popular, para convertir la nación española en un régimen comunista bajo supervisión del PCE y Stalin, para la “desmembración de España”, a cuenta de la “permisividad” hacia los nacionalismos catalán y vasco, y para alentar en el Protectorado de Marruecos el levantamiento en armas contra los militares españoles. Acusó a Manuel Azaña de orquestar estos planes, y describiendo a este político como un monstruo o un loco degenerado, trató de deslegitimarlo como presidente de la República. Acusó también, con esa misma intención, a Martínez Barrio, presidente del Gobierno que, en las horas previas al golpe, intentó, directamente con Mola, la rendición de los conspiradores. Y terminó amenazando de muerte a los militantes del Frente Popular por la traición que habían cometido contra España. Este militar justificaba el golpe y la campaña militar en la consecución de “una España grande, fuerte y poderosa”, “una nación de orden, justicia, pan y trabajo para todos los españoles”, y bajo la fe católica.
Y finalizó aquel discurso reafirmándose en la idea de luchar hasta la victoria final, sin rendición posible, hasta la derrota de la República. Así, enumeró los acuerdos que pusieron fin a conflictos anteriores como la Guerra de Cuba, con la Paz del Zanjón en 1878, y la Primera Guerra Carlista, con el Abrazo de Vergara en 1839, que según deja entrever Mola, resultaron vanos, ya que posteriormente tanto cubanos como carlistas volvieron a levantarse contra la soberanía española.
Mola era partidario, como así se pronunció también Franco, de la eliminación total del adversario para evitar futuros conflictos que pudieran obstaculizar su proyecto de nación. Por eso rechazaba cualquier acuerdo que no fuera la rendición incondicional de la república, una rendición que supuso, a partir del 39, el comienzo de la depuración y eliminación física o encarcelamiento de los cuadros del Frente popular, de los sindicatos y de todo aquel que se identificara como izquierdista o liberal.
Pero cinco días antes del pronunciamiento, el 13 de julio, comunicó Franco al general Emilio Mola, que podía contar con él, “sin vuelta atrás”. La Junta Militar compuesta por varios generales, entre los que se encontraban Mola, Franco, Andrés Saliquet y Joaquín Fanjul, acordó que el mando del levantamiento recayera en el general Sanjurjo, que había encabezado ya otro pronunciamiento en 1932, y que por entonces se encontraba exiliado en Portugal. Pero en su traslado a España Sanjurjo sufrió un accidente aéreo mortal.
Avanzaba la guerra, y en el bando nacional se habían perfilado ya dos poderes. En el sur, Franco había logrado hacer pasar el grueso del Ejército de África a la península, y se había arrogado el papel de depositario de la ayuda fascista germano italiana. Mientras tanto, en el norte, Mola pugnaba sin demasiada fortuna por llegar a Madrid, falto de un material que, al parecer, su compañero le enviaba con cuentagotas. Entonces Franco planteó la necesidad de un mando único y salió investido como Jefe de los Ejércitos y del Gobierno del Estado por la Junta Militar rebelde. No se tuvieron en cuenta las reticencias de Mola, que consideraba que, tras la guerra, lo indicado sería replantearse la forma de gobierno que convenía a España, y por tanto el nombramiento de Franco debía ser provisional, “mientras dure la guerra”.
Pero Mola no vería terminar la contienda. El 3 de junio de 1937 despegaba desde el aeródromo de Vitoria para dirigirse a Valladolid, vía Burgos, y su bimotor se estrelló, presumiblemente a causa de la niebla. La “baraka” jugó a favor de Franco una vez más, le había ahorrado un problema que tarde o temprano habría tenido que afrontar.
Fernando M. García Nieto
Editor C
Opinión
Cada uno disfruta de la mar según sus gustos, y como son tantos como colores, es imposible no entrar en conflicto en algún momento con el vecino de toalla. Para eso existen las leyes, para que tengamos la fiesta en paz y todos podamos sentirnos realizados y protegidos. El problema es que la normativa es ambigua y diferente para cada rincón de España, porque además de la estatal, hay que tener en cuenta la Comunidad Autónoma, la provincia y la localidad en la que te encuentres. Un galimatías que las autoridades no saben solucionar y ante preguntas concretas suelen responder con un “depende” porque tienen más supuestos que el nuevo contrato de Messi.
Cada verano los pescadores a la orilla de la playa son algunos de nuestro quebraderos de cabeza, porque ya no entra en juego el gusto de cada cual, sino que son un peligro para los bañistas. Aplicando el sentido común debería valer para evitar discusiones y accidentes, pero, como dijo Voltaire, este es el menos común de los sentidos.
Por normativa, al menos en Andalucía, para pescar desde la orilla de la playa, Clase 1, solo necesitas ser mayor de edad, o de 14 años con autorización paterna, y pagar unos 20 euros. Ni examen ni nada, algo que me parece curioso porque para pescar en ríos y embalses si te hacen una prueba donde entre otras cosas te preguntan biología y hábitats de las especies pescables, mantenimiento de la cadena trófica y de los ecosistemas, normativa de pesca vigente, y los medios y artes utilizados en la pesca, pero para la orilla de la playa nada de nada.
Según la normativa, ese carnet, tan fácil de conseguir como el de la biblioteca, te autoriza durante tres años a usar dos cañas y seis anzuelos por licencia, y sólo puedes pescar 5 Kg de peces con escamas al día, descontando el peso de una de las piezas capturadas. También te indican que en la temporada de baño el horario es de 21:00 a 9:00 horas del día siguiente y hay que respetarlo si hay bañistas, que siempre tienen prioridad y de los que debes mantenerte a 100 metros de distancia. No vale el “yo llegué primero” que suele ser el origen de la discusión.
Nada tengo contra los que conocen sus limitaciones, las restricciones y que son respetuosos cuando le dices las cosas. Yo estoy en contra de esos que se creen que por tener licencia, que se la dan a cualquiera que pague, ocupan la playa como si fuese suya a lo Toni Cantó, con su chiringuito propio y mirándote mal si pasas andando entre sus cañas. De los que para llegar a la zona en la que quieren pescar rompen barreras de madera, atraviesan dunas como las de Punta Entinas Sabinar, y circulan por la playa para llegar al sitio elegido y descargar sus bártulos que no son pocos. Estoy en contra de esos que cuando se van dejan todo lleno de basura, bandejas de cebos incluidas. De los que le sacan la licencia a toda la familia para llenar toda la orilla de cañas. De los que van a los espigones a esquilmarlos de lapas o cangrejos para usarlas como cebos. De los que no saben, o no quieren saber, que los pulpos, las jibias y los calamares, no son peces con escamas, son cefalópodos y no se pueden pescar ningún día del año. De los que utilizan drones para alejar el anzuelo todo lo que puedan de la costa, aunque sea sobre las Praderas de Posidonia a las que van porque saben que hay más pesca. De los que culpan a los ecologistas de no poder hacer algo que llevan haciendo toda la vida con sus padres y se justifican con “por uno que pesque no va a pasar nada”.
No, no todos son iguales, no se puede generalizar, y probablemente la mayoría de las infracciones que cometen son por desconocimiento, porque ni siquiera se habrán leído la normativa, ni sabrán las especies que están en veda, ni las tallas mínimas, ni las que son objeto de repoblación. No sabrán que es una zona de reserva de pesca, o si hay arrecifes artificiales, ni si la playa donde pescan tiene alguna restricción. Y no lo saben porque nadie le ha pedido que al menos se lean estas cosas para hacerles una prueba, que ya sé que no garantiza nada, pero serviría para que no se creyesen los más listos de la clase.
Así que si este verano tienes la mala suerte de encontrarte con uno de estos que se creen dueños y señores de la playa, no discutas, llama a la Guardia Civil y, si quieren hacer su trabajo, que le pidan al menos que le enseñen la maravillosa licencia tras la que se escudan, que les controlen lo pescado y los aparejos que están utilizando. Discutir con ellos es perder el tiempo porque en este país cuanto más ignorante eres, más pecho sacas.
Moisés S. Palmero Aranda.
Educador ambiental y escritor.
Editor C
Opinión
Para la España de principios del siglo XX, el norte de África era la última esperanza de expansión territorial, tras las ruinas de 1898. El último intento de rescatar del olvido aquel brumoso concepto de las Españas, apenas atisbado ya entre los diluidos rincones de la memoria. El último esfuerzo por cicatrizar las heridas de un orgullo que se había confundido con la vergüenza. El último medio para asegurar el peso internacional en una Europa todavía oxigenada de colonialismo. Pero España ya no era las Españas, y estaba cansada, estaba deshecha, estaba corrompida hasta la médula. Y su Rey, Alfonso XIII, a quien puedo defender y condenar cuando me place y se merece, era un señorito cuyos conocimientos militares se limitaban a recolocarse el fajín al pasar revista y cuya experiencia en combate se condensaba en el tiro de pichón por entre las frondas del El Escorial.
El siglo anterior había sido de poderío y dominio militar, con una sucesión descabellada de pronunciamientos, constituciones y espadones jurando el cargo presidencial o ministerial. Con ello, pese a su pública simpatía por la causa franco-británica, España asumió la neutralidad al iniciarse la Gran Guerra en 1914, dada la presencia de un ejército desmoralizado, derrotado y exiguamente pertrechado y modernizado; posición que no salvó a su flota mercante de los ataques alemanes, con una estimación de un veinte por ciento de hundimientos. Además, las crisis económicas se sucedieron y la industrialización careció de la entidad suficiente como para asumir los impulsos bélicos. La neutralidad, en fin, le sirvió para emprender la recuperación económica, gracias al mercado de suministro hacia los países en conflicto, aunque con injusta redistribución, por el desmesurado incremento de los precios en el interior. En contra, su ejército quedó ignorante en cuanto a las nuevas tácticas y armas de guerra.
No corresponde a este suscribiente, sino a la Historia, la exposición de los interesados antecedentes de España en el norte de África, los cuales se podrían remontar al siglo XV o XVI. En cualquier caso, durante uno de los repartos colonialistas y la creación de protectorados, en la Conferencia Internacional de Algeciras de 1906, a España, por munificencia francesa, se le adjudicó una pequeña franja norteña de Marruecos, muy desértica y con escasos recursos hídricos, que Gran Bretaña aceptó para no tener a Francia tan próxima al estrecho de Gibraltar, y también Alemania, siempre que, mientras se mantuviera pacificada, no fuera ocupada, si es que el sultán era capaz de mantener el orden. Y claro, en 1907, una serie de revueltas en Casablanca fueron la excusa perfecta para el amago de ocupación franco-española de Marruecos, que se consolidó en 1909, con la guerra de Melilla y los desastres (palabra recurrente a lo largo de esta serie) españoles en el monte Gurugú y el barranco del Lobo, de graves repercusiones en la España peninsular, al punto de derivar en la Semana Trágica de Barcelona. Con reclamo de sumariedad, la movilización y el reclutamiento, las levas, afectaban a los sectores menos favorecidos de la sociedad, pues la legislación, heredera de la época medieval, permitía la exención previo pago de seis mil reales, cuando los ingresos medios diarios de un trabajador eran de diez reales. Se dieron supuestos, incluso, de padres que registraban a sus hijos con nombres femeninos, al objeto de eludir los listados para un servicio militar que, en aquel periodo, era por tres años. En Barcelona, quizá la única ciudad española con un movimiento obrero organizado, tamaña desigualdad, vigente durante las levas africanas en respuesta de los agravios melillenses, no sentó muy bien, y en los mismos puertos de embarque se prendió la sedición.
En 1911, la anarquía en Marruecos era absoluta. El sultán Abd al-Hafid se manifestó impotente para controlar las cabilas y pidió la ayuda (o protección) de Francia. La ocupación franco-española de Marruecos se intensificó, a la vez que la tensión internacional, reflejada en la Crisis de Agadir, para solventarse con la firma del Tratado de Fez de 1912, por el cual se formalizó el protectorado franco-español en Marruecos, al que Alemania se plegó a cambio de territorios en el Congo. La lógica oposición de las cabilas fue feroz e inmediata. España, en aquel año de 1912, llegó a asentar a unos cincuenta mil soldados en su protectorado (estableciéndose en Tetuán en 1913), número que sólo sirvió para reverdecer los enconados ánimos de la sociedad española, que contempló impotente cómo los más humildes maridos, padres e hijos marchaban militarizados.
Durante la Gran Guerra, el teatro de operaciones se trasladó hacia otros frentes. Sin embargo, finalizada, la vista se volvió. En enero de 1919, España nombró al general Dámaso Berenguer Alto Comisario de España en Marruecos, quien ideó un agresivo plan de contención (o llamada pacificación) que le reportó algunas victorias, como la toma de Xauen, en octubre de 1920. En enero de 1921, desde Melilla, el general Manuel Fernández Silvestre emprendió una ofensiva de pacificación hacia el oeste, concentrada en el Rif y la zona de Alhucemas, por donde pululaba la cabila bereber de Beni Urriaguel, conformada por una estirpe de guerreros ancestral tan dura que hasta los almohades los esquivaron cuando pasaron por allí a principios del siglo XIII.
Julián Valle Rivas
Editor C
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La corrupción política es una forma de hacer política basada en la intromisión de intereses particulares en la toma de decisiones políticas, y a la inversa, cuando intereses políticos interfieren en la vida de los ciudadanos, con efectos perversos para el bienestar general de nuestra comunidad. Esta clase de corrupción integra varios tipos castigados en nuestro Código Penal. Es muy difícil de medir porque se oculta para evitar ese castigo.
El Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional (CPI), mide este fenómeno basándose en encuestas a inversores, expertos y a muestras de población. Pues bien, según el CPI de enero de 2021, España se encuentra en el puesto 32 entre un total de 180 países del mundo, en un ranking donde el primer puesto está ocupado por Dinamarca. ¿Es una buena posición? La respuesta depende de lo conformistas que seamos, y esto va a depender, a su vez, de si somos directa o indirectamente afectados por la corruptela. Además de estas encuestas de percepción, la corrupción también se mide de forma objetiva, según el número de denuncias o investigaciones sobre corrupción abiertas, y mediante encuestas de victimización donde se pregunta a los ciudadanos por el pago de sobornos, extorsiones y comisiones ilegales.
Según Transparencia Internacional, España no tiene un problema de corrupción sistémica. Existe ésta si, por ejemplo, hay muchas opciones de que, al salir a la calle, te pare la policía para exigirte un soborno. Según el mismo organismo, la corrupción de nuestros funcionarios públicos es baja, pues en las encuestas de victimización sobre el pago de sobornos, no más del 2% de los encuestados suele reconocer el pago de estos, situándose nuestro país en niveles similares a los de Alemania y muy alejados de otros países, como Grecia, que superan el 20% de las entrevistas. Estos estudios parecen indicar una clara relación de los niveles bajos de corrupción en la función pública con el “modelo meritocrático” en el acceso a esta, la limitación de la libre designación de los cargos y la introducción de la evaluación objetiva del desempeño. Es decir, este modelo meritocrático reduce y previene la corrupción entre los funcionarios, y es necesario reforzarlo y protegerlo con la creación de algún órgano independiente creado al efecto.
España tiene un gran problema de corrupción política, que afecta a cargos electos y altos directivos públicos. Ya en 2009, el ex Fiscal General del Estado, Conde-Pumpido, reveló en comparecencia ante el Congreso de los Diputados, que la Fiscalía investigaba 730 causas por corrupción política que afectaban a cargos electos y de designación política. En 2012, de un análisis de estadísticas judiciales se conoció que había mas de 1.000 causas abiertas por prevaricación urbanística. Según el Eurobarómetro de 2020 el 94% de los españoles piensan que la corrupción es habitual, frente a un 74% de media europea, y el 80% de nuestros nacionales responde que la corrupción esta muy extendida entre los partidos políticos, frente al 53% de los europeos encuestados.
Nuestros políticos, y sobre todo los alcaldes, tienen el monopolio en la toma de decisiones, y las adoptan a menudo con discrecionalidad, y siempre con escasos controles. Esta corrupción a nivel local está vinculada principalmente al boom de la construcción. Más de 600 municipios españoles han sido investigados, y en algunas Comunidades Autónomas los datos son escandalosos, como en la Comunidad de Murcia con el 60% de sus municipios implicados en tramas de corrupción. La mayoría de la corrupción que se investiga proviene todavía de los años de crecimiento económico, aquellos que vivimos hasta la llegada de la crisis del 2007. Se ha avanzado en la lucha contra la corrupción, pero persisten problemas para juzgar rápida y ejemplarmente, pudiendo llegar de media a diez años para obtener una sentencia, porque la administración de justicia no cuenta con los medios necesarios, y por las “presiones” sobre jueces y fiscales desde determinados sectores políticos.
La corrupción política en España se explica, principalmente, por la conjunción del boom de la construcción, con un déficit en la regulación del urbanismo. La burbuja urbanística se debió a una extraordinaria demanda de residencias, al crédito fácil y barato, y a una legislación que alentaba una masiva urbanización dispersa. Además, en esos años de crecimiento, la construcción se convirtió en la locomotora de la economía española, y era decisiva en la creación de empleo. Hasta 2007 estaba vigente la Ley del Suelo de 1998, que generó un desarrollo urbano especulativo continuista con el modelo previo, favoreciendo de este modo cotas muy altas de corrupción política. El suelo era “reclasificado” por los planes de ordenación urbanística municipales. Automáticamente los propietarios de los terrenos reclasificados obtenían grandes beneficios económicos, y el ayuntamiento obtenía la plusvalía, el impuesto local que grava el incremento o revalorización de estos terrenos y que se debe abonar al erario municipal por el sujeto pasivo cuando se formaliza la venta de estos. Los Planes urbanísticos municipales se convirtieron así en elemento clave para la redistribución de la riqueza y el poder político local, y en objeto de tensiones y negociaciones oscuras entre políticos, propietarios, promotores y constructores. Se perciben, en las encuestas de victimización, prácticas para favorecer a “amigos” y familiares en la contratación de obras públicas, y opacidad en la financiación de los partidos políticos (Eurobarómetro, 2014). Pero ¿de quién es la “culpa” de que esto suceda?, ¿del gobierno que propuso la ley o de los partidos y los alcaldes que obtuvieron un beneficio económico a cambio de recalificar los terrenos?
Por otro lado, está el problema institucional. España tiene un modelo de gobierno local de alcalde fuerte mal diseñado, que favorece el clientelismo y ofrece incentivos para la financiación ilegal de los partidos, con niveles muy graves de corrupción a nivel municipal. El alcalde es quien concede las licencias de obras y al mismo tiempo es el competente para sancionar a los responsables de las edificaciones ilegales, salvo que delegue en un miembro de su equipo. El sistema se ha demostrado totalmente ineficiente. Alcaldes y ayuntamientos apenas cumplen con sus obligaciones en la disciplina urbanística, y las Comunidades Autónomas, que pueden suplirlos en esta tarea en virtud de la Ley de Bases de Régimen Local (LBRL), cuando hacen algo, se limitan a interponer recursos contenciosos administrativos en el ámbito jurisdiccional. La justicia es lenta, y para cuando se dicta sentencia las obras están finalizadas, con lo que ello conlleva si se trata de promociones de viviendas, porque el domicilio es un bien constitucionalmente protegido. La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía obliga a la demolición de las obras y edificios ilegalmente construidos, pero esta prescripción legal ha sido discrecionalmente sustituida a nivel municipal por multas de cuantía reducida, cuyo pago se traduce en una legalización “de facto”.
Continuando con la LBRL, tras su aprobación, en 1985, cambió la situación de los funcionarios con habilitación de carácter nacional, y así, los secretarios e interventores, que controlan internamente a los ayuntamientos, pasaron a depender orgánicamente de las autoridades municipales, las cuales establecen ahora parte de sus retribuciones y sus condiciones laborales, de tal suerte que los “controladores” pasaron a depender de los “controlados”. Además, la contratación o nombramiento del personal municipal por criterios de lealtad partidista contribuye a una aplicación deficiente y parcial de las normas, y esto es extensible también al urbanismo. La imparcialidad no es posible bajo estos “sistemas de botín” del empleo público. Hay que mantener y reforzar la profesionalidad y acabar con la libre designación de los cargos en la Administración.
La concentración en la vía penal para combatir la corrupción política no funciona, por su lentitud, su falta de medios, la falta de protección de los denunciantes de corrupción, la prescripción de los delitos y los aforamientos e indultos. La Fiscalía no es independiente porque depende orgánicamente del Gobierno y por ende del partido de gobierno. La corrupción se aprende hoy en el seno de las formaciones como la manera de tener éxito en política. Es necesaria la regeneración de los partidos desde dentro. Se ha avanzado con las Leyes Orgánicas de Partidos Políticos, y de Financiación de los Partidos, aprobadas en 2002 y 2007 respectivamente, pero el cambio debe venir de los propios partidos. ¿Y cómo se logra esto? Los votantes tienen la llave.
Fernando M. García Nieto
Bibliografía: “La corrupción en España: rasgos y causas esenciales” Manuel Villoria, (2015). https://doi.org/10.4000/ccec.5949
Editor C
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A principios del S.XIX, durante la invasión francesa, la Iglesia católica española consideró un peligro para la religión la influencia secularizadora proveniente de Francia. El bajo clero fue un importante agente movilizador en la “cruzada” contra la invasión, los curas y monjes formaron parte de las juntas locales revolucionarias, y un tercio de los diputados de las Cortes de Cádiz fueron eclesiásticos, como el sacerdote liberal Diego Muñoz-Torreno.
La constitución de 1812, quizás por esta presencia eclesiástica en las Cortes, estableció la religión católica, apostólica y romana como única verdadera, y prohibió el ejercicio de cualquier otra. Pero, por otro lado, las Cortes gaditanas llevaron a cabo la desamortización de las propiedades jesuitas, de los conventos y monasterios extinguidos durante la guerra, y de las propiedades de la Inquisición, en su afán de obtener fondos para financiar la guerra contra los invasores.
Fernando VII, en 1814, una vez en el trono tras la expulsión de Napoleón, suspendió la Constitución y reimplantó un régimen absolutista. Anuló las desamortizaciones y devolvió los bienes a la Iglesia. En el trienio liberal, entre 1820 y 1823, un sector de la Iglesia se enfrentó al liberalismo desde los púlpitos, alentando a la guerra santa contra los liberales en el poder, combatiendo la expulsión de los jesuitas, el cierre de conventos y la desamortización, nuevamente puesta en práctica por estos mediante la Ley de Reforma del Clero Regular. Posteriormente, Fernando VII volvió a reinar en 1823, con ayuda de las potencias europeas absolutistas, Francia principalmente, deshaciendo nuevamente las “ofensas a la iglesia” llevadas a cabo por los liberales.
A la muerte del rey en 1833, comenzó la primera Guerra Carlista por la sucesión al trono, entre los liberales, que apoyaron a la reina Isabel II, y los carlistas, partidarios del hermano del difunto monarca, el infante don Carlos. El conflicto duró hasta 1840. El alto clero y el obispado apoyaron por conveniencia a la regente María Cristina de Nápoles, viuda de Fernando VII y madre de Isabel, pero el bajo clero y los sacerdotes del mundo rural, más próximos al tradicionalismo y las ideas absolutistas, respaldaron a Carlos. En este periodo, el gobierno de la regencia, con Mendizábal, primero como presidente del consejo, y posteriormente como ministro de Hacienda, volvió nuevamente a desamortizar los bienes de la Iglesia para financiar la guerra y someter a ésta al poder civil. A partir de esta desamortización el clero dejó de recibir recursos propios, como el diezmo, y pasó depender del Estado, que destinaría parte de su presupuesto a “dotación de clero y culto”.
A partir de 1845, la Iglesia tuvo gran influencia en las decisiones de gobierno de la reina Isabel por la presencia en su camarilla de religiosos, como sor Patrocinio y el padre Claret, que alentaron la deriva de la reina hacia posturas más conservadoras, marginando en el acceso al poder al Partido Progresista. En estos años se firmó el Concordato con la Santa Sede de 1851. Las consecuencias de esta influencia fueron negativas para la estabilidad de su reinado, pues los progresistas, vetados en el gobierno por la reina, se conjuraron en la ciudad belga de Ostende en 1866 para su derrocamiento.
Durante el sexenio democrático entre 1868 y 1874, tras la expulsión de Isabel II, con la aprobación de la Constitución democrática de 1869 la Iglesia perdió la influencia sobre el Estado, se estableció la plena libertad de cultos, se expulsó a los jesuitas, se incautaron sus bienes culturales, archivos y bibliotecas, y se obligó al clero a jurar la Constitución. También se estableció la libertad de enseñanza privada, quitando a la Iglesia católica toda capacidad de influencia en la instrucción de los ciudadanos. La monarquía de Amadeo I encontró firmes detractores en la iglesia y los católicos por ser el hijo del rey Víctor Manuel de Italia, que había acabado con los Estados Pontificios.
Tras la restauración borbónica de Alfonso XII en el trono, en 1875, Cánovas aceptó las presiones del partido moderado, restableciendo el Concordato de 1851, suspendido durante el sexenio democrático. La Iglesia recuperó sus bienes culturales, el matrimonio civil fue derogado, y el Estado aseguró nuevamente los gastos de culto y clero. Se restableció su presencia en los centros educativos, prohibiéndose toda enseñanza contraria al dogma católico. Intelectuales como Giner de los Ríos y Salmerón fueron separados de la universidad y fundaron en 1876 la Institución Libre de Enseñanza para la promoción de la ciencia y la cultura fuera de la influencia católica. En la década de 1880 la Iglesia recuperó el poder y el control social perdido durante la revolución democrática del 68, aprovechando la falta de un sistema educativo, utilizó su dominio en la enseñanza secundaria y universitaria para combatir ideológicamente la secularización de la nación.
En 1910, durante el reinado de Alfonso XIII, la Iglesia fue de nuevo protagonista en la política española. Un proyecto de Ley del presidente Canalejas, la “ley del candado”, que pretendía limitar la creación de nuevas órdenes religiosas en el país, fue objeto de debate en el Congreso ante su rechazo por los carlistas y otros partidos ultracatólicos, y la falta de apoyo de sectores del propio Partido Liberal. El proyecto también fue rechazado por la prensa y asociaciones vinculadas al catolicismo, como la Asociación Católica de Propagandistas. Finalmente, la ley se aprobó, y tuvo una vida de dos años debido a una cláusula introducida en la misma para contentar a los detractores dentro del Partido Liberal. En el fondo del debate estaba la intención de Canalejas de desvincular Iglesia y Estado “amistosamente”, mediante la negociación, pero su política encontró la oposición papal, motivo por el que el presidente se propuso restarle peso en la sociedad española mediante la limitación del número de órdenes religiosas.
Durante la II República la Iglesia se posicionó por la reforma constitucional desde incluso antes de la aprobación del texto definitivo. La polémica surgió con el debate de la cuestión religiosa en las Cortes Constituyentes, ya que el proyecto de Constitución recogió la prohibición del ejercicio de la industria, el comercio y la enseñanza por las órdenes religiosas, establecía la posibilidad de incautación de sus bienes, y la disolución de los jesuitas. Además, se aprobó el divorcio, y el matrimonio civil, así como la secularización de los cementerios. Los obispos rechazaron la Carta Magna y se produjo la protesta del Vaticano. Desde la Curia española se impulsó un movimiento político católico para procurar la unión de todos los católicos frente a la política religiosa del gobierno republicano, que fue liderado por José María Gil Robles, de Acción Popular, y que resultó finalmente en la coalición de la CEDA, que obtuvo el triunfo electoral de las derechas en 1933.
Tras la victoria en las urnas del Frente Popular, en 1936, se produjo una ola de violencia, de enfrentamientos y asesinatos entre las juventudes socialistas y los miembros de Falange, que culminó con el asesinato de Calvo Sotelo, líder del partido monárquico. Esta situación sirvió de excusa para el levantamiento militar de julio del 1936 contra la República. La Iglesia católica apoyó al bando nacional desde los comienzos de la guerra civil, definiendo el movimiento de los sublevados como una “cruzada por la fe”, en contra del ateísmo y la “barbarie de los rojos”. El episcopado bajo la dirección de cardenal Isidro Gomá, arzobispo de Toledo y primado de España, pidió la adhesión de los católicos a los “nacionales” y legitimó el golpe de estado.
La dictadura de Franco protegió a la Iglesia católica y le devolvió todos sus privilegios. Los partidos católicos se integraron en el Movimiento Nacional. En junio de 1944 se firmó un convenio con el Vaticano que otorgaba a Franco el derecho de presentación de obispos, y el gobierno se comprometió con el concordato de 1851. La católica, apostólica y romana sería a partir de ese momento la única religión de la nación, y la instrucción, pública y privada, debía ser conforme a su doctrina.
A partir de 1945, en un intento del régimen franquista por mejorar las relaciones internacionales, principalmente con Estados Unidos, Franco trató de transformar la imagen de un Estado fascista, nada conveniente en puertas de la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial, a un Estado católico y anticomunista. España se declaró nuevamente como país neutral, se redujeron los intercambios comerciales con Alemania, se cerraron los consulados nazis, y la División Azul comenzó su retorno a casa. En este cambio el dictador aumentó el poder de la Iglesia, un poder superior incluso al detentado durante la monarquía. Al terminar la Segunda Guerra Mundial la Iglesia católica entró en el gobierno de Franco con miembros de Acción Católica, que, aunque no era un partido político, preparaba a sus miembros para desempeñar funciones políticas. Son los años del nacionalcatolicismo y la firma del Concordato de 1953.
A partir de 1956 se produjo otro cambio en el gobierno de Franco como consecuencia de una revuelta universitaria, y fue en este momento cuando entró en primer plano otra familia católica. Se forma un gobierno de tecnócratas cuya principal figura es Carrero Blanco, que ya estaba en el gobierno anteriormente, y ministros provenientes del Opus Dei, instituto secular más desvinculado de la jerarquía eclesiástica que la CEDA, y Acción Católica. Los nuevos ministros tuvieron como objetivos la culminación de la institucionalización del Estado, un estado autoritario con una administración racionalizada y eficiente, y la apertura económica del país.
Pero en la década de los 60, a partir del Concilio Vaticano II, la jerarquía eclesiástica comenzó a desvincularse de la dictadura, y Acción Católica se convirtió en cantera de la oposición al régimen. Mientras el Opus Dei siguió fiel al dictador, una nueva Iglesia, frente al nacionalcatolicismo tradicional del régimen, se planteó su propia autocrítica por el apoyo al golpe y la dictadura que lo sucedió, y el papa Pablo VI exigió a Franco la devolución del derecho de presentación de obispos. En esta época surgió la figura de los “curas obreros”, sacerdotes implicados políticamente por la mejora de las condiciones sociales y laborales, que ejercieron funciones de sindicalistas en muchos casos.
En los 70 se produjo la ruptura definitiva de la jerarquía eclesiástica con el dictador. En estos años fue nombrado presidente de la Conferencia Episcopal el cardenal Tarancón, representante de un sector de la Iglesia con un nuevo discurso que apostaba por la reconciliación de los españoles. También tuvo lugar una crisis, como consecuencia de la homilía del obispo de Bilbao, Antonio Añoveros, en la que defendió la identidad cultural vasca y pidió el reconocimiento de los derechos de las regiones, lo que provocó un duro enfrentamiento con el régimen que casi le cuesta la expulsión del país, de no ser por el apoyo e intervención papal del Vaticano, que amenazó a Franco con la excomunión, provocando la marcha atrás del gobierno de Arias Navarro en su intención inicial.
Durante la Transición, la Iglesia apoyó el proceso democratizador. En julio de 1976 la Conferencia Episcopal envió un mensaje a la sociedad española titulado “Orientaciones cristianas sobre participación política y social” con la pretensión de que los católicos españoles participasen a favor del citado proceso y de la modernización política, disponiéndoseles a asumir su responsabilidad en el cambio político. Se muestra, ahora, una nueva imagen del catolicismo español. Se pasó de la colaboración y el reconocimiento moral hacia el Régimen, a la oposición, motivada por la preocupación por los problemas sociales de su tiempo, con la sensibilidad del Vaticano II y el impulso personal de Pablo VI. “De la Iglesia de cruzada y triunfalista se pasó a una Iglesia de la contestación, para desembocar en la Iglesia reconciliadora, en cuya forma colaboró un gran sector del clero” (Cárcel Ortí, 2003).
Y así llegamos a la primera década del 2000. La Iglesia católica se opuso a la Ley 13/2005 de reforma el Código Civil en lo concerniente al derecho a contraer matrimonio, considerándola un ataque a esta institución cristiana. Otras asociaciones también expresaron su preocupación sobre la posibilidad de que las personas homosexuales pudieran adoptar menores. Tras su aprobación, el Partido Popular presentó un recurso contra la ley en el Tribunal Constitucional, que se resolvió el 6 de noviembre de 2012, siete años después de su tramitación, a favor de la constitucionalidad del matrimonio homosexual. En junio de 2005 tuvo lugar en Madrid una multitudinaria manifestación convocada por el “Foro de la Familia”. Esta manifestación fue apoyada por la Iglesia católica española, contando con la asistencia de dieciocho obispos y el cardenal Antonio María Rouco Varela, arzobispo de Madrid y expresidente de la Conferencia Episcopal Española.
La Conferencia Episcopal entró también en conflicto con el Gobierno de Zapatero por la Educación para la Ciudadanía, asignatura que introduce la Ley Orgánica de Educación (LOE), en 2006, y que pretendía fomentar valores ciudadanos y constitucionales entre los estudiantes: igualdad entre mujeres y hombres, respeto a la diversidad, incluida la sexual, y rechazo al racismo y la xenofobia. Para la jerarquía católica, el Estado pretende "imponer" la formación moral, lo que supone un "atentado a la libertad” que es "incompatible con la fe cristiana”. El cardenal arzobispo de Toledo, Antonio Cañizares se pronunció diciendo que "los padres deberán recurrir a todos los medios legítimos a su alcance" para evitarlo, e instó a la objeción de conciencia "frente a una violación de los derechos humanos fundamentales". El presidente del Gobierno de entonces respondió que "ninguna fe puede oponerse a la soberanía popular, que reside en el Parlamento, ni a las leyes que de la misma dimanan” (Zapatero, julio 2007).
Fernando M. García Nieto
