“En pocas horas el país se dividió en dos bandos irreconciliables y la división comenzó a extenderse entre todas las familias.” (Isabel Allende, La casa de los espíritus, 1982).
Como expliqué en la anterior entrega de esta serie de artículos, la “Plataforma de Afectados por la Valoración de Puestos de Trabajo” hizo público un “Dossier” para tratar de invalidar la VPT que estaba pendiente de referéndum del total de los trabajadores municipales y de una posterior aprobación en el Pleno. En las primeras líneas de este documento:
… “DOSIER SOBRE LA IMPOSICIÓN DE UNA NUEVA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO EN EL AYUNTAMIENTO DE LUCENA.
El presente documento pretende advertir e informar sobre la intención de implantar una nueva valoración de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Lucena y de su organismo autónomo Patronato Deportivo Municipal, que se ha venido gestando y ha culminado con la presentación de una propuesta en la Mesa General de Negociación que, a todas luces, supone, una enorme mejora en las retribuciones de algunos colectivos concretos que finalmente han resultado beneficiados y, como injusta contrapartida, un atropello para un amplio sector de empleados municipales que van a ver minoradas y estancadas sus retribuciones durante un número indeterminado de años, sustentado todo ello en un documento base "anual" que, cuanto menos, no ha sido dado a conocer hasta después de elaborada y concluida la propia valoración de puestos de trabajo”….
En respuesta a este “Dossier”, el SPPME hizo público un texto titulado “Las Falsedades del Dossier Anti-vpt” , redactado por D. Jose Antonio Capote, dirigente del sindicato y destacado líder del colectivo de la policía en este “conflicto interminable”.
Ambos documentos, a favor y en contra de la VPT, estuvieron al alcance de todos los grupos políticos municipales de entonces, con anterioridad a la votación de esta en el Pleno, y en aquellos días generaron un fuerte debate entre los empleados públicos municipales, que iban a votar en el referéndum, y entre sus distintos representantes sindicales. El conflicto que se había iniciado años antes con el cambio de jornada de la función pública a 37,5 horas, entre ayuntamiento y policía local, se transformó, “coincidencias de la vida”, en un conflicto interno entre funcionarios de la misma administración.
Por su extensión resulta muy difícil la total inclusión de estos textos en un artículo de opinión. Por ello voy a confrontar sólo algunos apartados de aquella discusión entre las dos partes de este conflicto entre empleados públicos, y a recomendar, para una total comprensión de las causas de este, la lectura de ambos documentos. Sin embargo, a pesar de múltiples intentos, no me ha sido posible, como habría deseado, obtener el “Dossier Anti-vpt” para su publicación íntegra. Primero expongo, por apartados, algunos argumentos de la Plataforma, y seguidamente la réplica del Sr. Capote a cada uno de ellos:
1.- SOBRE EL ORIGEN DE LA PROPUESTA DE UNA NUEVA VPT.
PLATAFORMA:
…” La implantación de una ampliación de la jornada laboral de los empleados públicos en el año 2012, en cumplimiento de la reforma aprobada por el Gobierno de la Nación, supuso el incremento de la jornada laboral de las 35 horas semanales a 37'5 horas semanales; o lo que es igual, la jornada de trabajo se incrementó entre 10 y 12 horas al mes. Ese incremento del número de horas de la jornada ordinaria, aplicable a todos los empleados públicos, supuso para los miembros de la Policía Local una reducción igual en el número de horas extraordinarias que prestaba hasta entonces y, lógicamente, la consiguiente reducción en las cuantías que, de forma periódica, regular y por un importe considerable, percibía por ese concepto. En definitiva, las 2'5 horas que hasta entonces daban, y cobraban, como extraordinarias, a partir de entonces las daban como parte de su jornada normal de trabajo y, claro está, dejaron de cobrarlas.
Sin embargo, los miembros de la Policía Local, en su mayoría, no lo aceptaron así e iniciaron una serie de acciones cuya pretensión fue seguir cobrando lo mismo y no experimentar reducción alguna a consecuencia de la ampliación, por ley, de la jornada de trabajo.
En recientes declaraciones en los medios de comunicación, la concejala-delegada de Personal, autora de la propuesta de aprobación de la nueva VPT, afirma que no ha actuado bajo presiones de ningún colectivo. Respetamos, como no podía ser de otra manera, tales declaraciones; pero no podemos obviar que el impulso de esta nueva valoración de puestos de trabajo coincidió -por no decir que en ella tuvo su origen- con una serie de actuaciones del colectivo de la Policía Local que, por su repercusión mediática, tuvieron eco en los medios de comunicación locales y regionales” …
RÉPLICA:
…” Se culpa concretamente al colectivo de la Policía Local, “culpa” por ser leve en la expresión, porque más bien se criminaliza a este colectivo.
Cierto es que los policías locales pierden retribuciones que percibían en concepto de productividad como consecuencia de la ampliación de la jornada laboral de 35 a 37,5 horas, pero no es menos cierto que ese complemento de productividad NUNCA debería haberse retribuido como productividad (supone un claro y flagrante fraude de Ley, como ejemplo Sentencia de TS, Sala 3ª, de lo Contencioso-Administrativo, 15 de Noviembre de 2006), sino como complemento específico en jornada de especial dedicación, ya que dicha circunstancia es inherente a los puestos de policía, y como de que “de aquellos barros estos lodos”, es por lo que comenzamos a solicitar que se hiciera una valoración de puestos por una empresa especializada.
El “dossier anti VPT” no habla de que cuando se aumentó la jornada a la policía a 37,5 horas semanales, ese aumento también afectó a condiciones como la nocturnidad, la festividad, y sin embargo no llevaron aparejado un aumento retributivo de dichos conceptos en el complemento específico. SIEMPRE se nos dijo desde el equipo de gobierno que se hacía necesaria una nueva Valoración de los Puestos, ese es el impulso de la nueva valoración, y no otro.
Impulso que se hizo más necesario aún si cabe con la absorción de SERVIMAN y la Gerencia de Urbanismo, que supuso adaptar las retribuciones de los trabajadores de estas entidades a la Valoración de 2006. Que propició que el teniente alcalde de entonces, Miguel Villa, crease sobresueldos (de 316€ y 450€ por trabajador y mes) a muchos trabajadores en concepto de “guardias”, para que no mermasen sus retribuciones” ...
8. CONSECUENCIAS DE ESTE PROCESO DE NUEVA VALORACIÓN DE PUESTOS.
PLATAFORMA:
…” De entrada, supone la aplicación de una INJUSTA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO que, como decíamos al principio, se ha ocupado más de mejorar las retribuciones de algún colectivo concreto que de valorar de una manera objetiva y equitativa todos los puestos de trabajo de este Ayuntamiento.También supone un enfrentamiento enconado entre dos sectores de empleados municipales que repercutirá en la buena o mala prestación de los servicios que se proporcionan a través de esta Administración Local -ya está ocurriendo-, y, por consiguiente, en la buena o mala imagen de este Ayuntamiento de cara al ciudadano de Lucena.
El próximo retorno a las 35 horas de jornada laboral semanal de los empleados públicos (el actual gobierno de la nación ya se ha pronunciado en ese sentido) dará lugar a que probablemente haya que volver a la situación existente con anterioridad al año 2012, y, con independencia del resultado de esta nueva VPT, recurrir a la prestación de horas extraordinarias por el personal de la Policía Local que se daba en aquellas fechas y, por consiguiente, a la necesaria gratificación por servicios extraordinarios a ese colectivo de empleados municipales, lo que, implicará, si las cuentas son similares a las de aquella fecha, que el Ayuntamiento tenga que destinar a ese concepto una cuantía económica adicional próxima a los 300.000 euros anuales, además del incremento que les suponga ahora la aplicación de la VP.
RÉPLICA:
… “repercutirá en la buena o mala prestación de los servicios que se proporcionan a través de esta Administración Local - ya está ocurriendo- “… Creo que alguien debería pedir explicaciones sobre esto.
Respecto al posible retorno a la jornada de 35 horas:
La Policía Local debe tener por Ley la misma jornada que el resto de los funcionarios, si se implanta la jornada de 35 horas, será exactamente igual que la que venimos haciendo compensada con horas de formación en días de descanso.
Decirle de paso, que lo que se hacía anterior a 2012, retribuir en concepto productividad el exceso de jornada, infringe la Ley. Para dicho cometido, su encaje retributivo estaría en la implantación de una jornada de especial dedicación como en otras policías locales, jornada que no está reglada en el Ayuntamiento de Lucena.
La malintencionada exposición del autor del “dossier anti VPT”, busca en el colectivo de la Policía Local la “cabeza de turco” culpable de todos sus males. El único pecado de la policía es trabajar noches con la alteración física y social que supone, trabajar en festivos ídem, hacer turnos cambiando continuamente ritmo circadiano al cuerpo, tener mayor peligrosidad que el resto de los puestos y mayor penosidad y por contra, no tener derecho a realizar jornada flexible para armonizar vida laboral y familiar, etcétera…etcétera” …
9. CONCLUSIONES.
PLATAFORMA:
…” Las graves anomalías puestas de manifiesto en el presente informe demandan la adopción, entre otras, de las siguientes actuaciones:
1 º) La paralización de este proceso de nueva valoración de puestos hasta tener un MANUAL DE VALORACIÓN QUE RESPONDA DE MANERA EQUITATIVA A TODOS LOS PUESTOS incluidos en la relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento.
2°) La apertura de un PERÍODO DE PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS EMPLEADOS MUNICIPALES para que puedan hacer sugerencias y aportaciones al manual que, finalmente, haya de tenerse en cuenta en la nueva valoración de puestos (recuérdese que la VPT actualmente vigente contó en su día con el respaldo de todas las secciones sindicales y por todos los empleados, quienes la ratificaron en asamblea celebrada el día 25/10/2006, por unanimidad y sin votos en contra).
3°) La modificación del manual o la elaboración de uno nuevo, con la inclusión de FACTORES QUE VERDADERAMENTE PERMITAN VALORAR TODOS LOS PUESTOS DE UNA MANERA EQUITATIVA.
4°) La modificación del manual o la elaboración de uno nuevo, para QUE UNA MISMA PERSONA SOLO PUEDA FORMAR PARTE DE UNO DE LOS DOS ÓRGANOS QUE INTERVIENEN EN ESTE PROCESO, COMITÉ DE VALORACIÓN O MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN, CON EL FIN DE EVITAR QUE PUEDA ERIGIRSE EN JUEZ Y PARTE AL MISMO TIEMPO” ...
RÉPLICA:
1º) ¿Un manual por cada trabajador? ¿Conoce el redactor el significado de equidad?
RAE equidad: 5. f. Disposición del ánimo que mueve a dar a cada uno lo que merece.
2º) Los trabajadores participan mediante sus representantes sindicales. Es a los sindicatos a quien nos corresponde informar y fomentar la participación de los trabajadores.
3º) El Manual que se ha utilizado es homologable al de cualquier administración que haya efectuado una RPT reciente. Lo que no se puede es pretender cambiar el manual cuando el resultado no es el que se esperaba cada uno. Valorar los puestos de forma equitativa (ver significado de equidad), no es valorar que todos suban lo mismo, para eso ya está el reparto de la productividad ficticia que es un insulto al bolsillo de los contribuyentes y una vergüenza que debe conocerse públicamente si se pretende seguir consumando.
4º) Igual que el punto primero. Insistimos en que los representantes sindicales han asistido al CV en calidad de vocales, somos quien ostentamos la representación legítima. Si plantea hacer un manual ¿quién debería formar parte del CV, ¿vocales por sorteo? ¿Vocales elegidos por referéndum? ¿acaso los representantes sindicales no hemos sido elegidos por los trabajadores? En ningún momento los representantes sindicales ni han pretendido ni pretenden ser jueces de nada, somos parte porque así se establece en la Ley. La capacidad de juzgar le corresponde en este caso al Pleno de la Corporación, quienes deben ratificar o no la justicia del trabajo que se ha hecho. Algunos partidos políticos ya se han manifestado al respecto:
- Cs. Votará en contra tras haber eludido su responsabilidad de asistir al CV, sin ni siquiera conocer el trabajo realizado por la empresa ICSA, el Manual, las sesiones del CV… Han eludido su responsabilidad, delegándola en un referéndum de los trabajadores, cosa a la que acostumbra este grupo, a pasar de perfil por los asuntos. De gobernar Cs ya sabemos que jamás se aprobaría una valoración de puestos, porque para ello se ha de ser responsable, riguroso y decidido.
- IUCA. Votará en contra, y en este caso, la irresponsabilidad adquiere un matiz diferente porque además de interés electoralista, podríamos añadir los intereses familiares de un trabajador del Ayuntamiento y los recuerdos dorados de su pasado coalicionista. Es imposible hacer ver a alguien con semejante carga ideológica la justicia de lo que se plantea, cuando su opinión es que los empleados deben subir todos por igual...
- DALDA. Votará en contra, por supuesto con el mismo nulo conocimiento del asunto de los dos anteriores, pero con una sencilla explicación, que de todos es sabida su vinculación al sindicato USO …
El “dossier anti VPT” cierra con 183 firmas. El total de empleados de este Ayuntamiento es superior a 400 trabajadores” ...
Fernando M. García Nieto
Nota: El siguiente enlace redirige al documento “Falsedades del Dossier Anti-vpt” del cual se ha eliminado, por este autor, para proteger datos de carácter personal, distintos enlaces a Actas de Mesa de Negociación.
https://drive.google.com/file/d/1RRyWdz719XAmtGIvq6IAWzwA1J7ZTe8A/view?usp=sharing
Cuando los ciudadanos no gobiernan directamente, la democracia se basa en la pretensión de que los políticos actúen como representantes del pueblo, en la existencia de un vínculo entre gobierno y gobernados, a través del cual se articulan las opiniones del pueblo y se garantizan sus intereses.
Pero la naturaleza de este vínculo es un tema de profundas discusiones. No existe un único modelo de representación política, sino que existen distintas teorías sobre este principio político, en competencia, basadas en distintos presupuestos ideológicos o políticos.
Para muchos teóricos las elecciones son la base de la representación, y los políticos pueden llamarse representantes porque tienen el mandato del pueblo. Para otros, los representantes son personas con mayor competencia que los demás que pueden actuar con sabiduría en defensa del interés común. Por último, está la teoría de que un representante no es alguien que actúe en representación de otros, sino alguien que es típico o característico de un grupo o sociedad, que los políticos son representantes si recuerdan a su sociedad con respecto a su edad, género, clase social, procedencia étnica, etc. Es la “representación característica”[1].
Según esta última teoría, el conjunto de los políticos debe ser como un microcosmos de la sociedad, lo que irremediablemente conduce a propugnar cambios radicales en el gobierno de cada país del mundo. Esta idea es abanderada por distintos sectores de la izquierda en el espectro político y sus movimientos sociales afines.
Para ser “representativo” es necesario haber sido escogido en un determinado grupo y compartir sus características. El gobierno representativo en este sentido será un microcosmos de una sociedad mayor en cuanto a clases sociales, género, religión, etnia, edad, y otras características, y en cantidades proporcionales a la respectiva fuerza de cada uno de estos grupos en el conjunto social.
Esta teoría, como hemos dicho, cuenta con el apoyo de una amplia gama de teóricos y activistas políticos. Los socialistas creen que el hecho de que la élite política proceda mayoritariamente de las clases privilegiadas y prósperas es un obstáculo a la democracia. Y que si las clases trabajadoras, los pobres y los desfavorecidos están infrarrepresentados en el poder, sus intereses son marginados o ignorados completamente.
Las teóricas feministas contemporáneas sostienen que el Patriarcado, la dominación del sexo masculino, funciona a través de la exclusión de las mujeres del grupo de los poderosos, y quieren acabar con este sesgo.
Antirracistas y multiculturalistas sostienen que la posición de desventaja se perpetúa por la infrarrepresentación de las minorías étnicas o culturales en el gobierno y los parlamentos.
Todos ellos, creen que sólo las personas extraídas de un grupo concreto pueden de verdad articular los intereses del conjunto, hablar por ellos o en nombre de ellos, y que esto es imposible si los representantes no tienen un conocimiento íntimo y personal de la gente que representan. En su forma más pobre esta teoría mantiene que la gente está condicionada por su procedencia social y no es capaz, o no quiere, comprender los puntos de vista de personas diferentes. En su forma más elaborada, no obstante, establece una diferenciación entre la capacidad de simpatizar, o “ponerse en la piel del otro” por medio de la imaginación, y, por otro lado, la experiencia directa y personal sobre lo que les sucede a los demás, que requiere de un nivel más profundo de respuesta emocional. Es decir, que el “hombre nuevo”, pro-feminista, podrá simpatizar con los intereses de las mujeres y apoyar la igualdad de sexos, pero nunca será capaz de tomar los problemas de las mujeres tan en serio como lo hacen ellas mismas, o que el hombre blanco progresista podrá mostrar una encomiable preocupación por la condición de las minorías étnicas pero como no ha experimentado nunca el racismo, no es posible que su actitud hacia este iguale la pasión y el compromiso de las comunidades minoritarias para enfrentarlo.
Pero otros muchos teóricos consideran estas ideas como una amenaza cierta a la democracia. Por ejemplo, puede argumentarse que la gente simplemente no quiere que la gobiernen políticos como ella misma. De hecho, este gobierno “microcosmos” es difícil de identificar en algunas partes del mundo. Irónicamente, los países que más se acercaron a este ideal, los regímenes comunistas ortodoxos, eran Estados monopartidistas, que no admitían la diversidad y el pluralismo político.
Y, si se selecciona a los políticos sobre la base de que sean típicos o característicos de la sociedad en su conjunto, el propio sistema de gobierno podría reflejar las limitaciones de dicha sociedad. Entonces, ¿cuál es la ventaja de este modelo de representación cuando la mayoría de la población es apática, mal informada y escasamente educada? Los críticos de esta noción de la representación, como J. S. Mill, señalan que el buen gobierno requiere que los políticos procedan de las filas de los educados, capaces y triunfadores.
Otro peligro de esta teoría es que ve la representación política en términos excluyentes y estrechos. Sólo una mujer puede representar a las mujeres, sólo un negro a otros negros y sólo un trabajador puede representar a las clases trabajadoras, etc. Entonces si todos los representantes se afanan por mejorar los intereses de los grupos sectoriales de los que proceden, ¿quién defenderá el bien común o los intereses nacionales? Esta forma de representación puede no ser más que una receta para la división y el conflicto social.
Además, la representación característica tiene el problema de cómo lograr su objetivo. Porque si la finalidad es conseguir un sistema de gobierno que sea un microcosmos de los gobernados, la única manera de lograrlo es imponer fuertes restricciones en la decisión electoral y la libertad individual. Me explico, los partidos políticos serían obligados a seleccionar una cuota de mujeres o candidatos minoritarios, algo que han comenzado a hacer algunas formaciones políticas, voluntariamente, y que no deja de ser contrario al principio de equidad; ciertas circunscripciones se reservarían para candidatos con orígenes especiales; o aún más grave, a lo mejor hay que dividir al electorado por razón de clase, género, raza, etc., y no autorizarlos a votar por candidatos que no sean de su propio grupo social.
[1] Heywood, Andrew. (2007). “Introducción a la Teoría Política”. Tirant lo Blanc.
Fernando M. García Nieto
Lucena 3 de Noviembre de 2022
Sr. Alcalde:
Sin ninguna duda la Cabalgata de los Reyes Magos, que organiza la Peña Amigos de los Magos, cuya próxima celebración será el 5 de Enero de 2023, es un acontecimiento brillante, de gran difusión y que año tras año ha ido creciendo en su merecido prestigio y difusión más allá de la Ciudad de Lucena, dado el buen trabajo realizado que la ha convertido en un referente provincial con una creciente concurrencia de público y en especial de niños ilusionados.
He tenido conocimiento de que con el beneplácito del Ayuntamiento se regresará al anterior recorrido (centro de la Ciudad), abandonando así el recorrido de este año (Enero 2022) que se efectuó por las Rondas –con una gran aceptación- .
El recorrido por el centro de la Ciudad implica un riesgo físico para los asistentes, especialmente para los niños, debido a la gran aglomeración de personas que hace muy difícil, por no decir imposible, garantizar la seguridad de la Cabalgata por calles mucho más estrechas.
Destaco que la gran presencia de público y sobre todo de niños más pequeños que intentan recoger las golosinas y regalos que desde la carrozas se arrojan, implican una situación de peligro que difícilmente se puede controlar.
En caso de que ocurriera un accidente, cosa que en absoluto sería deseable y quiera Dios que no ocurra semejante desgracia, además se empañaría y pondría en riesgo el prestigio y buen hacer que durante años se ha conseguido en torno a la Cabalgata de los Reyes.
Le solicito, que como responsable de la Ciudad, garantice la seguridad de los asistentes, que en el supuesto de continuar por el centro de Lucena y ante la cada vez mayor presencia de público procedente de nuestra Ciudad y otros puntos, se hace muy difícil.
Le significo que dada la importancia del evento, su difusión y características, su responsabilidad personal es ineludible, debiendo garantizar la seguridad ciudadana.
Vicente Dalda García-Taheño
Es el rencor, entiendo yo, la forma más estúpida de autodestrucción, pues germina como un cáncer autoinfligido que se nutre del fluido vital, gangrena el cerebro, envenena el corazón y congela el alma. Ennegrece y corroe, va comiendo por dentro, poco a poco, hasta que no queda nada, y la humanidad desaparece y todo resulta un amasijo putrefacto y pustuloso, hediondo a kilómetros, cual galera a vista de costa.
Es el rencor, también, la forma más estúpida de dedicación obcecada, pues desperdicia el talento tras un deseo inútil de malsana venganza, de paz utópica, de distópica justicia, de aparente sosiego perpetuo. Degenera y pervierte, descompone aptitudes y quiebra el desarrollo. Es el rencor, cómo no, la forma más estúpida de tiempo perdido, pues no aporta novedad o virtud, siquiera distracción ociosa que despeje la mente o reactive el cuerpo; mucho menos, progreso intelectual que engrandezca la persona y contribuya a la evolución de la especie. Es el rencor, en fin, la forma más estúpida de protagonismo enemigo, pues focaliza o centraliza el universo en una figura individual en torno a la cual acontece cada suceso de la existencia, cual principio heliocéntrico de imitación, patético plagio de la subsistencia.
Conozco a personas que viven en el rencor permanente y soy testigo de cómo se consumen, carcomidos por su propia bilis corrompida, cual suministro de ácido en vena. Vuelven una y otra vez sobre el tema, circunnavegan alrededor de aquella supuesta infamia que atentó contra su honor, traicionando su confianza y apuñalando su bondadosa generosidad, su sincero amor o su preciada amistad. Cada aspecto de su biografía los reconduce, irremediablemente, al aciago momento, al nefasto incidente, todo deviene reflejo inevitable de aquel ultrajante atropello, crónica negra de la naturaleza humana. Y comprendo el dolor, y que ese dolor sea ira, y que esa ira se arraigue en el interior con el pesar y la tristeza. Pero no puede, tan tétrico y mustio sentimiento, ser forma de vida ni manera de vivir.
La opción, sí, la opción, si queda espacio para el consuelo, es la ignorancia, que no significa el olvido, porque el olvido desmantela el aprendizaje, la experiencia necesaria para cualquier ser. Es eliminar la presencia insana del plano espacio-temporal, no como si nunca hubiera existido (proceder que aboca, tecleaba, al olvido), sino como si ya no existiera, fructífero planteamiento de singular material con efectos balsámicos. Atrapar o contener, cual barrera, los datos que programan o programaron aquel episodio acerbo, relegándolo a un recuerdo pasado, no a una rememoración agria; a algo que sucedió, no a algo que sucede, jaquecosa constancia, bucle terco y corrosivo, infinito e imperecedero. A algo más próximo al agnosticismo que al ateísmo.
Jamás me arriesgaría a atribuirme voluntariamente la carga de mostrar a mi amigo Tito como ejemplo de nada digno de ser valorado con aprecio y respeto. Carezco, lo reconozco, de los arrestos precisos para llevar acabo tamaña misión suicida… Aunque siempre hay excepciones a la regla.
«No hubo un minuto en el que me fiara de él», me confiesa, el aire nostálgico, la mirada perdida en otra época, en otro lugar; en una etapa de su vida que no conocí, o que tal vez, por desinterés o desidia, me ocultó… hasta ahora. Nos hallamos en su casa. Hacía semanas que no nos veíamos, que no charlábamos cara a cara. El ambiente en el interior de la sala es templado y una ventana entreabierta permite el paso de la suave brisa exterior que lo renueva, haciendo agradable la estancia. Pese a que el sol todavía coquetea con su cénit, las sombras se atrincheran por algunas de las zonas de la habitación, fortaleciéndose en ellas mediante consistentes formas trapezoidales, que obligan a mi amigo a recurrir a la moderada luz de una lámpara, para poder leer, en el rincón que su macilento cuerpo ocupa, sin excesivo peligro para sus ojos. Como de costumbre, los libros se apilan, amontonan más bien, por doquier, inquebrantables ante la fina, cuasi transparente, capa de polvo que el transcurso del tiempo ha depositado con veneración, como el creyente deposita sus ofrendas a los pies de sus dioses. Mientras me habla, sentado en un sillón ajado y desteñido, la voz cálida y tranquila, como si el tono, cual dulce sirena, atrajera el instante pretérito hacia nuestra íntima reunión, aprovecho para rebuscar entre los libros desperdigados y recuperar, como suele ser habitual, los de mi propiedad. Sabe que no presto libros, así que se limita a tomarlos sin permiso, con nocturnidad y alevosía, alcanzando el grado imperativo la operación de rescate. «Era un tipo sibilino —continúa—. Un buscavidas con dos caras, mentiroso, irregular y desleal. Empleaba el trato educado, las historias lacrimógenas o la actitud condescendiente como añagazas para ganarse la confianza o la compasión y apuñalar por la espalda a la menor oportunidad, o lograr el provecho individual y egoísta. Un fulano de pura hipocresía». Calla, entonces, y me observa, media sonrisa asomando por entre la comisura de sus labios, descansar en una silla con mis volúmenes bajo el brazo, tras concluir la operación a satisfacción. «¿Qué ocurrió?», pregunto, instándole a seguir con el relato. Tito encoge los hombros, decidido. «Qué importa eso ya —sentencia—. Simplemente, un día colmó mi paciencia. Desde aquel instante, hago como si no lo conociera. Y si me cruzo por la calle con él, lo ignoro… Sólo es alguien más caminando por allí».
Julián Valle Rivas
Que se pueda financiar la compra de un coche pero no se pueda alquilar un piso dice mucho de la locura económica en la que andamos inmersos en los últimos tiempos, sin que se columbre siquiera el amago de adoptar remedio alguno.
Este verano, durante una entrevista, un ministro aseguró que en una economía de mercado sería ilegal que el Gobierno fijara los precios, instando a los operadores contención, responsabilidad y compasión con los millares de consumidores de clase media que cada vez se veían más ahogados por la descontrolada subida de precios, Faltó al ministro especificar que se refería a una economía de «libre» merado o una economía en la que la oligarquía plutocrática hace y deshace a su gusto y conveniencia. También faltó al ministro aclarar el porcentaje de facturación que correspondía al apartado de impuestos, y que igualmente ahogaba a la clase media consumidora, pues, al subir el precio del producto adquirido, subiría el resultado del porcentaje impositivo aplicado. Asimismo, faltó al ministro comprometerse en reducir desplazamientos, usar ropa adecuada a la estación en curso y demás medidas de ahorro presupuestario que protegerían el Tesoro Público, cuya merma seguiría ahogando al consumidor medio. Olvidó el ministro, en fin, que aquellos operadores que habrían de procurar más contención, responsabilidad y compasión tendrían a su cargo miles de trabajadores integrados en la clase media a quienes abonar salarios que les eviten un ahogo superior al debido.
No se puede dudar, faltaría, de la prohibición intervencionista del Gobierno en el mercado, que las marionetas encorsetadas vigilan con telescopio desde Bruselas. Sí se puede dudar, en cambio, de que el idéntico rango legal que prohíbe no conceda mecanismos de actuación en la economía, bajo el amparo de cierta norma de rango superior a la ley. Como se duda de la inmutabilidad de la ley, puesto que, si las leyes son reflejo de su contexto histórico y una Constitución se puede modificar en cinco segundos, toda norma de rango inferior se puede modificar en tres.
Cuestión diferente, he aquí el quid, he aquí la necesidad de insistencia, es que la oligarquía plutocrática que maneja los hilos de las marionetas encorsetadas que vigilan con telescopio desde Bruselas torne inmutable la disposición legal en liza. La misma oligarquía plutocrática, tecleado sea de paso, que forzó la reforma constitucional por vía sumarísima, fiscalizada, precisamente por las marionetas encorsetadas que vigilan con telescopio desde Bruselas. Cuestión ésta contra la cual al consumidor de clase media no le queda otra opción que dejarse arrastrar por los placenteros efectos narcóticos del ahogo provocado por la subida de precios, como el exigente consumidor de sexo se deja arrastrar por los placenteros efectos narcóticos de la asfixia erótica.
No hace mucho, una buena y sabía amiga, comentando con ella el tema, condenó apasionadamente —con la vehemente pasión que proyecta en sus estados de indignación— la crítica constante a la empresa privada en esta ignominiosa hiperinflación que ahoga a la clase media consumidora. Me precisó, entonces, que quizá la intervención gubernativa en la economía podría relegarse a instrucción pasiva, si se atiende al juego binomial del gasto y el ahorro. Me expuso, con excepcional acierto, que uno de los factores que influyen en la subida de precios es el exagerado gasto de dinero, lo que se traduce en un exagerado déficit de dinero ahorrado. En la sujeción del gasto estaría la clave. Y el primer gastador del país, hijo pródigo del derroche nacional, es el propio Gobierno. Basta con aproximarse a las cuentas de la Hacienda para corroborarlo, soplando billetes al aire como si la macroeconomía se basara en el principio de equiparación de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre con una imprenta de octavillas propagandísticas. Luego, claro, la deuda pública supera el cien por cien del Producto Interior Bruto, alejándose de modo imparable «ad infinitum».
Ante tamaña vorágine lisérgica, al buscar un piso de alquiler, quiérese decir o teclear, al buscar un piso para vivir, se descubre que las rentas han subido tanto que ese salario ganado al coste de litros de sudor diarios no da para el arrendamiento, y que mucho menos dará cuando el propietario aplique el porcentaje de subida legal anual, si es que el Gobierno continúa desentendiéndose de la intervención en la economía; si es que continúa, vamos, pasándose la intervención por el forro de los cojones Así que, sin residencia privada ni alternativa de compartir, la solución se circunscribe al retorno al hogar paterno, al acogimiento familiar o a la reserva de sombra en un puente, que para asearse livianamente está el baño del trabajo. Todo ello, siempre que no se disponga de la garantía de un avalista para el pago mensual de la renta, porque la gestión de un arrendamiento se somete hoy al régimen de gestión de una hipoteca… ¡Menudo sindiós!
Julián Valle Rivas
“La envidia y el odio van siempre unidos, se fortalecen recíprocamente por el hecho de perseguir el mismo objeto".
Jean de la Bruyere (1645-1696).
Julio de 2013. En sesión extraordinaria de la Mesa General de Negociación, sin representación del SPPME porque no había concurrido a las últimas elecciones sindicales, se rechazaron las propuestas del equipo municipal de gobierno y de la sección sindical de CSIF para la modificación del complemento específico de la policía local. La Unión Sindical Obrera se opuso por considerar que aquel punto del orden del día era un amaño injustificado. Por su parte, UGT sugería la búsqueda de un consenso que evitase el conflicto entre la policía y el resto del personal del ayuntamiento, y propuso reconocer los mismos derechos económicos a todos los empleados municipales, fueran policías o no. Conste aquí que se estaba hablando de dinero para remunerar las condiciones específicas de cada puesto de trabajo, dificultad técnica, dedicación, incompatibilidad, responsabilidad, peligrosidad o penosidad (RD 861/1986, 25 de abril, art. 4.1).
Paralelamente se estaba elaborando para su aprobación un reglamento de productividad para todos los empleados municipales. Se acordó, en aquella misma mesa de negociación, la reserva de una partida presupuestaria de 220.000 € en concepto de complemento de productividad para el ejercicio de 2013, y se acordó otra reserva de fondos por importe de 51.000 € para cubrir eventuales modificaciones derivadas de una posible revisión de la VPT. ¿De donde salía aquel montante? Como los lectores habrán supuesto, era parte de los ingresos que la policía había dejado de cobrar con la nueva jornada introducida por el gobierno central. Es decir, el equipo de gobierno que había recortado apresuradamente los ingresos de los policías locales sin ofrecer alternativa, en aquel momento se avenía a destinar la mayor parte de aquel ahorro a una productividad general para todos los empleados de su administración, bajo la presión y connivencia de algunos sindicatos de clase. En palabras de algún representante sindical de aquella mesa, se trataba de que todos los empleados municipales tuvieran reconocidos los mismos derechos. En mi opinión se trataba de quitar a unos pocos para repartir entre todos, lo que no parecía razonable cuando estos pocos no tenían equitativamente valoradas determinadas condiciones de su puesto de trabajo como la turnicidad, la peligrosidad y la penosidad.
Aquella decisión de la Mesa era legal, por lo dispuesto en la Ley de presupuestos generales para 2013, la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, que en su artículo 22 prohibía cualquier incremento de las retribuciones del personal al servicio del sector público, y en el apartado siete del mismo artículo establecía una excepción para ...“adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo”. Yo pongo en duda que esta decisión fuera legítima, justa y razonable. Sobre todo, si tenemos en cuenta los objetivos que se establecieron para percibir aquella productividad. En casos concretos se fijaron objetivos del tipo de “cerrar ventanas”, “apagar las luces” o “regar las macetas del ayuntamiento”, o tareas que se venían realizando habitualmente por estar incluidas en el catálogo de funciones de los puestos, por lo que aquella productividad fue una operación de maquillaje para justificar el reparto del ahorro, “conseguido” con la policía, entre el total de la plantilla municipal.
Y así, en aquel mismo mes de julio, la alcaldía hizo una propuesta de reforma provisional, que debía culminar en una nueva valoración de puestos de trabajo, para subsanar las deficiencias que una Comisión Técnica constituida al efecto había identificado en la VPT vigente en aquel momento, que databa del 2006. Aquella propuesta afectaba a distintos puestos de la plantilla municipal, entre los que se encontraban los puestos de la policía local sometidos a turnicidad, que podrían ver adaptado su complemento específico al turno de trabajo. Tal propuesta resulto aprobada en la mesa de negociación con los únicos votos en contra de USO.
USO rechazó la propuesta del alcalde en todo cuanto supusiera una modificación del valor económico del específico, alegando, en lo concerniente a la policía local, que la propuesta del alcalde estaba más cerca de un fraude de ley que de las causas de excepción que contemplaba la referida Ley 17/2012. Esta sección sindical propuso que se reintegrase a la partida de Complemento de productividad la cuantía resultante de los 51.000 € que se habían reservado para eventuales variaciones del complemento específico, y solicitó una nueva VPT en la que estuvieran ausentes de sus trabajos “tanto políticos como sindicatos”.
Pues bien, en noviembre, la misma Unión Sindical Obrera solicitó la resolución del contrato menor de servicios suscrito, a propuesta del concejal delegado de Régimen Interior, con la empresa externa Formación y Consultoría de Organizaciones S.L, por un importe de 17.950 euros más IVA, para el estudio, documentación, análisis, descripción y valoración de los puestos de trabajo del Ayuntamiento, Patronato Deportivo Municipal y Gerencia Municipal de Urbanismo. Alegaban irregularidades y demoras por parte de la consultora, que el estudio de los puestos de trabajo no podía realizarse con desconocimiento de los trabajadores, debiéndose dar la oportunidad de efectuar alegaciones, y que se debía garantizar la confidencialidad de la información utilizada. Además, según este sindicato, se había prorrogado un contrato menor que por Ley no se podía prorrogar más allá del 31 de octubre.
Posteriormente, previo contrato nuevamente, se elaboró el Manual de valoración de los puestos de trabajo, por otra empresa externa, ICSA, que fue presentado a la Mesa General de negociación, y dictaminado favorablemente por unanimidad de sus miembros, incluyendo a los representantes de USO. El SPPME aún no formaba parte de este órgano de negociación colectiva pues no había concurrido aún en unas elecciones sindicales.
En este periodo de tiempo, el 31 de marzo de 2015, el grupo municipal de Ciudadanos publicó en prensa local su opinión sobre el conflicto colectivo existente entre el Ayuntamiento y la Policía Local: … “Ciudadanos Lucena no entrará en victimizar a una parte y culpar a la otra, sin embargo, sí resulta necesario denunciar esta situación, al haber alcanzado la conclusión de que una vez más la mala gestión consistorial termina repercutiendo directa o indirectamente en la vida de los ciudadanos, quienes al margen de subidas o bajadas salariales de colectivos determinados, pagan sus impuestos y hacen posible que Lucena sea el lugar que es”… “Sin duda alguna, el Sr. alcalde debería haber previsto que esta sensación de injusticia que está viviendo el Cuerpo de la Policía Local podría repercutir negativamente en el funcionamiento de su ciudad y bienestar de sus vecinos. Desde Ciudadanos Lucena lamentamos que sea el pueblo quien paga los platos rotos de su administración”. Posteriormente se pudo comprobar con los hechos que voy a relatar, que tampoco era la intención de esta formación política promover la solución del conflicto, quizás porque les interesaba la continuación de este como herramienta de desgaste contra el equipo de gobierno.
En abril del 2015 se constituyó un Comité Técnico de Valoración, cuyos miembros fueron designados por la alcaldía, para llevar a cabo la valoración de los puestos de trabajo, utilizando para ello el citado Manual. El comité estuvo integrado por un representante de la empresa ICSA, personal directivo de RRHH del Ayuntamiento, representantes de los grupos políticos, y de los distintos sindicatos, que a su vez eran empleados municipales. Esta vez sí estuvo representado el SPPME. Tras el trámite de alegaciones concedido para que aquellos trabajadores disconformes con la valoración del puesto que ocupaban pudieran pronunciarse, y la posterior resolución de estas reclamaciones, dicho comité hizo una propuesta de VPT a la Mesa General de Negociación para que fuera dictaminada y sometida, posteriormente, a su aprobación en el Pleno municipal.
En el Plenario de aquel mes abril, aprovechando una pregunta formulada por el grupo popular, el alcalde se defendió de la acusación por parte del colectivo de la policía, que le recriminaba su falta de compromiso en la solución de un conflicto, que duraba ya más de dos años: … “el que 'no cumple Juan Pérez' es porque no se alcanza un acuerdo. Y si se refieren a la productividad, yo les dije que estaba de acuerdo si todos los sindicatos del Ayuntamiento están de acuerdo y se ha demostrado que no"…"la solución, en mi opinión, es que si la valoración no se puede aplicar porque no se puede aprobar pues lo impide la ley, lo que sí se podrá hacer es dar nuevos criterios a la productividad, cuando se permita legalmente, y de manera proporcional a los resultados que arroje la valoración de puestos de trabajo"… "Que no me digan que yo no estoy cumpliendo, pues estoy actuando como creo que tengo que actuar, en defensa de los intereses del Ayuntamiento y de la ciudadanía".
Ya en 2017, a finales, casi cinco años después del inicio de las movilizaciones de la policía, la Unión Sindical Obrera denunció que en el Proyecto de Presupuesto Municipal para el ejercicio 2018, el equipo de gobierno municipal había decidido desviar la cuantía que desde el año 2013 se había venido percibiendo por todos los empleados municipales, en aplicación del Reglamento de Productividad, a una partida denominada “Valoración de Puestos de Trabajo”. Presentaron cuatro reclamaciones a estos presupuestos, amenazando con la interposición de un contencioso en sede judicial. Solicitaron la nulidad de los acuerdos definitivos de aprobación de presupuesto y plantilla, y calificaron aquella nueva valoración de puestos de trabajo como … “una cesión injustificada del equipo de gobierno municipal a grupos de presión, para el desvío de los 800 euros anuales que de media hemos venido percibiendo en cumplimiento de los distintos programas incluidos en el Reglamento de Productividad, al bolsillo de unos pocos”.
Por el grupo municipal de Ciudadanos se presentó en marzo de 2018, en un ejercicio más propio de “podemitas”, y obviando todo lo dispuesto por la ley para estos procesos, una moción para que con carácter previo a la aprobación plenaria de una nueva VPT, ésta fuera sometida a referéndum de todos los empleados públicos afectados, algo que no viene recogido en ninguna norma estatutaria de la función pública y que resultaba totalmente ajeno al proceso de valoración de puestos. Aquel movimiento fue un ejercicio de irresponsabilidad enorme, puesto que ellos debían haber formado parte del Comité de Valoración, como el resto de los grupos políticos, y sin embargo declinaron su asistencia a las sesiones de este, para posteriormente, delegar la decisión sobre su aplicación, que era su responsabilidad como representantes políticos, a los afectados por aquella VPT. Dicha moción fue dictaminada favorablemente con los votos a favor de Ciudadanos, Partido Popular, Izquierda Unida y concejal no adscrito, y fue posteriormente aprobada en el Pleno municipal, pasándose por el arco del triunfo el proceso de valoración legalmente establecido y menospreciando los meses de trabajo y miles de euros invertidos en él.
En julio del mismo año casi doscientos empleados del Ayuntamiento se constituyeron en “Plataforma de Afectados por la Valoración de Puestos de Trabajo”. La VPT había sido aprobada en la última Mesa General de Negociación, y estaba pendiente la celebración del referéndum entre todos los trabajadores públicos. Este colectivo mostró su disconformidad con la VPT, y tras su protesta silenciosa en el Pleno municipal, interpusieron un recurso contra el dictamen favorable de la Mesa General de Negociación. También remitió escritos a las comisiones ejecutivas provinciales de UGT y de Comisiones Obreras, sindicatos que junto al SPPME habían apoyado la propuesta de valoración de puestos de trabajo en la Mesa de Negociación, y también a los diferentes grupos municipales y al concejal no adscrito del Ayuntamiento de Lucena.
Desde esta plataforma de trabajadores se redactó un “dossier” sobre la VPT, que pretendía poner de relieve una supuesta vulneración de los principios de equidad, objetividad y rigurosidad, que a su juicio, se habían producido durante el procedimiento de elaboración de este instrumento, que determinaba los complementos específicos de cada puesto de trabajo y marcaba diferencias salariales de hasta 3.000 euros al año, para algunos empleados, principalmente de la policía local y otros puestos intermedios, mientras que reducía el salario para otros.
Fernando M. García Nieto
USO LUCENA. Negociaciones: “EL AMAÑO: crónica de la última Mesa General de Negociación” (usolucenaayuntamiento.blogspot.com)
USO solicita la resolución del contrato con la empresa que realiza la valoración de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Lucena | Noticias de Lucena en Sur de Córdoba (surdecordoba.com)
https://www.lucenahoy.com/articulo/politica/opinion-a-proposito-de-las-protestas-de-la-policia-local-juan-perez-no-cumple-por-ciudadanos-lucena/20150331022440006876.html
https://www.diariocordoba.com/lucena/2015/05/22/alcalde-responde-pleno-protestas-policia-37047664.html
https://usolucena.wordpress.com/2018/03/10/nota-informativa-sobre-la-vpt/
Aprueban una moción de Ciudadanos sobre Valoración de Puestos de Trabajo - Diario Córdoba (diariocordoba.com)
Unos 200 empleados del Ayuntamiento de Lucena crean una plataforma contra las nuevas retribuciones (abc.es)
